Nacional > POLÍTICA
Seguridad: la apuesta segura del gobierno que ahora está en la mira por el alza de los homicidios
El debate sobre la seguridad tuvo un cambio de tono esta semana. No es que antes no hubiera críticas ni rachas de violencia. Tampoco es que algo puntual haya abierto los ojos del oficialismo. Pero la sucesión de homicidios de los últimos días caló hondo en la coalición de gobierno, que durante dos años tuvo a los resultados en la seguridad como caballito de batalla, y ahora admite un escenario de creciente “preocupación”.
Los 16 asesinatos en diez días arrastraron al Poder Ejecutivo a una posición incómoda a la que no venía acostumbrado y que dista mucho, incluso, de su posicionamiento de hasta no hace muchas semanas, cuando desde la campaña del “No” se enarbolaba por lo alto los cambios positivos en la seguridad para defender la Ley de Urgente Consideración (LUC).
En la coalición multicolor admiten por estas horas que la escalada de violencia, sumada a los números trimestrales que exhibieron un aumento en los homicidios respecto al año anterior, revelan una tendencia difícil en la lucha contra la delincuencia, según dijeron a El Observador distintos dirigentes de los partidos socios del gobierno.
Los adjetivos tienen sus matices. El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, llega a calificar la ola de homicidios como “inédita en el país”; el nacionalista Sebastián Da Silva prefiere hablar de una “semana compleja” que requiere “un cambio de actitud”; el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dice que se observa un “incremento notorio” en los asesinatos. Otros, que optan por la reserva, coinciden en describir “recrudecimiento de la brutalidad” y en calificar la racha de asesinatos como “muy dura para el gobierno”.
Contraste
La conclusión extendida es que en estos días la seguridad ya no es algo sencillo de hablar. Hasta hace algunas semanas el tema venía siendo un activo del rumbo del oficialismo que se había materializado tras una fuerte impronta de respaldo a la jerarquía policial y tras un descenso sostenido de varios indicadores. La gestión del ministro Jorge Larrañaga era una de las mejores valoradas y la seguridad había caído en la ponderación de los principales problemas de los uruguayos, según las encuestas.
Pero la seguidilla de estos últimos días necesitaron de señales políticas más fuertes. Luis Lacalle Pou y el ministro Luis Alberto Heber se reunieron este miércoles en Torre Ejecutiva para evaluar el escenario actual y en la previa del encuentro, el secretario de Estado reconoció que el presidente pedía “resultados” y que estaba bien que así fuera.
Heber presentó en esa instancia un plan al mandatario para contener los homicidios, justificó el alza de los homicidios en la disputa “muy dura” entre bandas de narcotraficantes y dijo tener el respaldo de Lacalle Pou. Eso fue ratificado por las distintas figuras de los partidos de la coalición consultados por El Observador que dijeron que todo el gobierno ampara el rumbo del Ministerio del Interior, más allá de la preocupación por la evolución de los delitos.
La visión del ministro –cuestionada por la oposición– es que el ascenso en el número de asesinatos que se procesó en los últimos días se debe a una exitosa política de drogas, que llevó a que haya escasez de sustancias y de la recaudación que conllevaba, por lo que las batallas por la poca oferta se volvieron más virulentas. La escalada de homicidios desde que comenzó mayo se suma al leve incremento de ese delito en el segundo semestre de 2021 y al fuerte impulso en el primer trimestre de 2022, cuando registró un crecimiento de 33% respecto al mismo período del año anterior. “Los números los hemos presentado cuando nos va bien y cuando no nos va tan bien”, deslizó Heber en esa ocasión, a propósito de los resultados obtenidos en el delito más violento.
Aunque aquellas cifras revelaron también una disminución en el número de denuncias de rapiñas y de abigeato –argumento que recordó el jerarca del Interior luego de la reunión con el presidente para defender que no había un aumento en la violencia–, en los últimos días las declaraciones públicas y los movimientos políticos mostraron que la gestión de la seguridad pasó también a ser un flanco en la gestión del gobierno. Por eso en la cúpula del Ejecutivo pretenden –además de mejorar los resultados en la contención del delito– evitar traspiés en la comunicación con la ciudadanía.
En abril, apenas pasado el referéndum, la inseguridad aparecía como el principal problema del país solo para el 12% de los uruguayos, y como el segundo problema para el 20%, según una encuesta de Equipos, que puso a los aspectos económicos en los primeros lugares de la preocupación de la opinión pública.
Por su parte, un informe de la Usina de Percepción Ciudadana realizado en la última semana y difundido por La Diaria advirtió que casi la mitad (45%) de la población percibe que la inseguridad aumentó respecto a 2021. El 38% dijo sentirse igual de inseguro y apenas el 14%, en tanto, expresó que disminuyó. La percepción es más crítica a la hora de evaluar el aumento de los homicidios: según el informe, el 65% percibe que los asesinatos crecieron en comparación con el año anterior y solo el 4%, que disminuyeron.
Las críticas del FA
La oposición profundizó sus críticas en los últimos días, un tanto por la sucesión de homicidios y otro tanto por la gestión encabezada por Heber al frente de la cartera de seguridad. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “hay parte del accionar del Ministerio del Interior que no coincide con lo que debería pasar en el Uruguay” y remarcó que la inseguridad es “un problema grave que no lo resuelve nadie solo”. El exdirigente del PIT-CNT dijo incluso que “la gente hoy debe añorar vivir en el 2019”, en referencia a la gestión frenteamplista, que culminó con altos niveles de desaprobación de la opinión pública.
Esas críticas, similares a las que la entonces oposición y ahora gobierno le hacía al Frente Amplio, también marcaron un cambio de tono de la izquierda respecto a la seguridad, donde hasta ahora los cuestionamientos se habían concentrado en los posibles abusos policiales más que en el aumento del delito.
El eje de los discursos de los dirigentes frenteamplistas durante la discusión de la LUC en cuestiones del Ministerio del Interior giró fundamentalmente en torno al debate de la discrecionalidad policial y la repetida idea de “gatillo fácil”.
En el gobierno, sin embargo, no se hacen eco de estas valoraciones y además de reivindicar el rumbo, entienden que las críticas de la oposición no son de recibo por lo que los multicolores heredaron en materia de seguridad. En ese sentido, dirigentes políticos repitieron la metáfora de que “hay que mirar la película” y “no la foto” y que esa trayectoria más larga refleja, más allá de los homicidios de esta semana, buenos resultados para el gobierno.
