El Senado aprobó este lunes la interpelación a la ministra de Industria, Carolina Cosse, y el directorio de ANTEL, que fue propuesta por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, luego de que la empresa de telecomunicación clasificara información sobre el ANTEL Arena como “reservada”. Mieres había adelantado a El Observador su voluntad de interpelar a los jerarcas porque considera que la empresa “le oculta información a la ciudadanía” sobre los contratos con las empresas que participaron del proyecto, que tuvo un costo total de unos US$ 80 millones.
Mieres indicó que solamente iba a proponer la interpelación si desde el Ministerio de Industria y ANTEL no le acercaban más información sobre sus consultas. Como eso no ocurrió, lo planteó en la sesión de este lunes, que es extraordinaria porque se vota el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas.
Mieres realizó un pedido de informes, herramienta dispuesta en la Constitución para los legisladores, en el que consultaba al Directorio de ANTEL sobre seis temas en un total de 42 preguntas, principalmente vinculadas a los contratos realizados para la construcción y puesta en marcha del complejo y los costos que implicaban. Al mismo tiempo, cursó el mismo pedido, amparado en la ley de acceso a la información pública como lo puede realizar cualquier ciudadano. Por la primera vía, todavía no obtuvo respuesta. Por la segunda, el 23 de agosto, cuando faltaba un día para que se venciera el plazo legal, el ente respondió y calificó como “reservada” mucha de la información, especialmente la referente a los costos de los contratos y a la forma en la que fueron adjudicados.
Este lunes de tarde, horas después de que se aprobara la interpelación, Cosse escribió en su cuenta de Twitter que pidió al Directorio de ANTEL que se respondiera al pedido de informes "ampliando la información".
Tanto en el pedido de informes como en la solicitud de acceso a la información pública, el senador pidió, por ejemplo, que se le entregara “la resolución de adjudicación de cada uno de los contratos” con las empresas que participaron de la construcción, “el contrato celebrado con cada una de las empresas adjudicatarias” y “el monto total abonado a cada una de las empresas, desde la adjudicación de los trabajos hasta la fecha (28 de junio), incluyendo subcontratos, detallando mes y concepto”. Para todas esas preguntas la respuesta fue la misma: “La información solicitada ha sido clasificada como información reservada”.
La justificación de ANTEL para no dar esos y otros datos similares solicitados por Mieres está incluida en la propia ley de acceso a la información pública, que indica que –entre otros casos- un dato puede ser calificado como reservado cuando supone “una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción”. Es decir, cuando el consultado considera que está compitiendo con un privado y que dar determinada respuesta le puede jugar en contra.
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