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Este lunes será clave para definir el año.

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Desde la prisión domiciliaria para mayores de 65 años hasta regular el juego en línea: los temas pendientes del Senado para 2022

Las bancadas presentarán este lunes sus inquietudes y definirán el año parlamentario

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04 de abril de 2022 a las 05:00

Este lunes todas las bancadas presentes en el Senado definirán la lista de prioridades que pretenden promover, en un año parlamentario, que será más corto que de costumbre. La campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) restó prácticamente un mes de trabajo y el volumen de proyectos pendientes es significativo: la cámara arrastra del año pasado 161 asuntos para considerar. A eso se le deberá sumar los proyectos que envíe de aquí en más el Poder Ejecutivo, que por lo general tienen preferencia, y los que decidan presentar los propios legisladores.

En carpeta hay 116 proyectos de ley. Así lo indicó un relevamiento efectuado por el senador Carlos Camy, coordinador de la bancada del Partido Nacional, al que accedió El Observador. El mayor partido de la coalición de gobierno es el gran acreedor: espera la aprobación de sus 36 iniciativas.

Allí están, por ejemplo, un proyecto para consagrar la igualdad de la validez del matrimonio religioso con el civil, el derecho de las minorías religiosas de observar sus festividades, modificaciones a la ley de "cuota" política y el derecho a la inhumación de los nacidos sin vida. En la lista están ocho propuestas del senador Sergio Botana relativas a distintos aspectos vinculados a los combustibles.

El Poder Ejecutivo fue origen de 18 de los proyectos pendientes de aprobación en el Senado. Allí se incluyen asuntos que van desde modificaciones al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a un acuerdo en Defensa con China, pasando por la regulación del juego en línea y la creación del registro de organizaciones sindicales y empresariales.

El Frente Amplio mantiene por su parte en carpeta 16 iniciativas pendientes, que espera sean aprobadas en 2022. La oposición dejó en claro que promoverá los relativos a un mayor "apoyo social" en un contexto de carestía económica. En la lista se incluye la extensión al seguro de desempleo para los trabajadores zafrales de la caña de azúcar en el norte del país. Buena parte dependen de la voluntad del gobierno, que tiene iniciativa privativa en estos asuntos.

La oposición pretende un aumento transitorio de las asignaciones familiares a modo de un "bono covid". Además, se insistirá con la creación  de un gravamen sobre los capitales nacionales en el exterior. la creación de la ley de mortinato alternativa a la presentada por los nacionalistas. El Frente Amplio también planteará un proyecto relativo el régimen de porcentajes de las vacantes generadas en el Estado a la población que se otorgan a afrodescendientes, discapacitados, personas trans y víctimas de delitos violentos.

Cabildo Abierto pondrá el énfasis en los 13 proyectos que lleva presentados en esta legislatura. Hasta el momento, ninguna de las iniciativas que promovieron los liderados por Guido Manini Ríos han sido aprobadas en el Senado. Allí está, por ejemplo, el restablecimiento de la ley de la caducidad, el proyecto de tenencia compartida consensuado con los nacionalistas y la reestructura de las deudas de las personas físicas. 

La máxima prioridad de los cabildantes, no obstante, es la propuesta de prisión domiciliaria preceptiva en los casos de mayores de 65 años. Otro de sus proyectos pasa por la reparación a las víctimas de acciones guerrilleras en el pasado reciente. Cabildo Abierto también pretende sacar adelante su proyecto sobre los deudores del Banco Hipotecario (BHU).

Los colorados, en tanto, mantienen en carpeta ocho proyectos de ley. Allí está otra iniciativa para solucionar la situación de las deudas con el BHU. También una propuesta para designar oficialmente al Aeropuerto de Carrasco como “Jorge Batlle”.

Sanción a medias

El Senado deberá decidir qué hace con otros 17 proyectos que vienen con sanción de Diputados. Allí está el régimen de cuidados paliativos para pacientes terminales y la posibilidad de de expresar la voluntad anticipada de internación en los casos de adictos. También otras propuestas que terminaron desactualizadas por el paso del tiempo. Por ejemplo, la ampliación del registro del personal de salud en el marco de la emergencia sanitaria

A nivel interno, el Senado deberá procesar una serie de resoluciones que mantiene sin definición desde el año pasado. En particular, el pedido del Frente Amplio de analizar el accionar de la senadora Graciela Bianchi en torno a varios episodios que la enfrentaron con la bancada opositora y que derivaron en que la izquierda no apoye su eventual nombramiento como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura este año.

Otras, también en este caso, quedaron obsoletas al no tratarse en su debido tiempo. Por ejemplo el pedido de Cabildo Abierto de que la cámara alta expresara su rechazo al pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de "abstenerse" de, precisamente, aprobar el planteo de Manini de reinstalar la vigencia de la ley de caducidad.

La cámara alta deberá también definir la situación del alcalde nacionalista de Florencio Sánchez y la de su hijo, edil de la Colonia, sobre los que pesa un pedido de juicio político. Lo mismo sucede con un edil blanco de Soriano.

El Senado tiene pendientes de aprobación diez venias de destitución de funcionarios públicos. Todas fueron presentadas este año. En todos los casos, se trata de integrantes del Ministerio del Interior. También deberá procesar dos designaciones propuestas por cancillería: la de Carlos Gitto como embajador en el Líbano, y la de Pablo Sader como representante ante la Unión Europea.

La lista incluye iniciativas que fueron desglosadas de la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado, o incluso del Presupuesto votado en 2020. Entre ellas un artículo que regula las competencias del Ministerio de Ambiente luego de su separación de Vivienda, la responsabilidad civil de los integrantes de la Fiscalía General de la Nación y la modificación del régimen de prisión preventiva previsto en el Código del Proceso Penal.

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