Pocas veces el Parlamento uruguayo ha quitado la inmunidad de sus miembros
En junio de 1973 la justicia militar, habilitada por la ley de Estado de Guerra Interno de 1972, pidió el desafuero del senador frenteamplista Enrique Erro por sus vínculos con la guerrilla del MLN-Tupamaros.
El caso Erro, un antiguo legislador y ministro herrerista, derivó en una pulseada entre el gobierno de Juan María Bordaberry y la oposición, que percibía un inminente golpe de Estado. La solicitud de desafuero derivó en el pedido de un juicio político a Erro, que fue rechazado por la Cámara de Representantes el 21 de junio por apenas un voto de diferencia.
Cuando el golpe de Estado se formalizó por fin el 27 de junio de 1973, Erro se hallaba a salvo en Buenos Aires. Moriría en el exilio, en París, en 1984.
La denegación esta semana del desafuero del senador Guido Manini Ríos —que se votaría recién a fin de año— sigue un añejo patrón de conducta. De hecho, el Parlamento uruguayo tiene una larga tradición de no quitar los fueros a sus integrantes, salvo casos aislados.
Senadores y diputados no pueden ser detenidos ni juzgados desde el día de su elección hasta su cese en la banca, salvo delito in fraganti. Esta garantía o fuero, de larguísima tradición liberal, ya estaba incluida en la Constitución uruguaya de 1830.
Esas garantías, más que a los legisladores, aseguran la independencia del Legislativo ante eventuales abusos del poder, o persecuciones por motivos políticos.
Sólo es posible acusar a los parlamentarios ante sus respectivas cámaras, que por dos tercios de sus componentes podrán ponerlos a disposición de la justicia (“desafuero”). Por la misma mayoría especial de dos tercios, senadores y diputados podrán expulsar a uno de sus miembros.
Después que en 1869 el presidente Lorenzo Batlle decretara el curso forzoso por 20 meses del papel moneda que emitían los bancos, que no deberían canjearlos por oro y plata, se realizaron manifestaciones de protesta; y 17 diputados fueron expulsados del Parlamento por no concurrir a las sesiones en las que se debatía el asunto.
Por entonces el “patrón oro” se introducía como sistema de cambios universal, y facilitaba la expansión del comercio y el capitalismo.
Más tarde, en plena guerra civil de 1904, varios legisladores del Partido Nacional fueron expulsados del Parlamento por su respaldo a los rebeldes de Aparicio Saravia.
El 23 de diciembre de 1986, después que se aprobara la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una suerte de resguardo para militares y policías acusados de violar derechos humanos durante la reciente dictadura, el Senado expulsó al frenteamplista José Germán Araújo, por “incitar a motines callejeros” a través de su emisora radial. Araújo fue reelecto senador en 1989 por la lista 1001 del Partido Comunista.
Quitar los fueros a legisladores han sido circunstancias igualmente excepcionales. En julio de 1941, cuando Uruguay todavía era neutral en la Segunda Guerra, se aprobó el desafuero de Alejandro Kayel, diputado por Montevideo del Partido Colorado, quien se había pronunciado a favor de los nazis en su periódico Libertad, que fue clausurado.
En octubre de 1948, en los inicios de la “Guerra Fría”, el Cine Trocadero de Montevideo exhibió un filme anticomunista que desató una violenta manifestación de miembros del Partido Comunista. Entonces se pidió el desafuero del diputado Rodney Arismendi, futuro secretario general del PCU, que fracasó debido a la intervención del presidente de la República, Luis Batlle Berres.
En febrero de 1972, después que perdiera su reelección y sus fueros, fue detenido y procesado Ariel Collazo, un antiguo diputado del Partido Nacional que derivó hacia la extrema izquierda y fundó un pequeño movimiento guerrillero, las FARO. A fines de 1973, ya en dictadura, se le concedió la opción de marchar al extranjero.
También en 1972 el senador frenteamplista Enrique Erro dio ingreso a la bancada de diputados de su sector al suplente Washington Leonel Ferrer, detenido por sus vínculos con la guerrilla. Ferrer debió ser liberado, se integró al Parlamento el 6 de julio de 1972, pronunció un discurso incendiario contra las Fuerzas Armadas, que en ese período destruían el aparato armado del MLN, y luego pasó a la clandestinidad, antes que la Cámara de Representantes le quitara los fueros.
En 1991 la justicia pidió el desafuero del diputado Armando da Silva Tavárez, un empresario que había abandonado las filas del Partido Colorado, por delitos impositivos. El Parlamento no concedió el pedido, pero la justicia lo procesó en 1998, cuando ya no era diputado. En 2005 fue detenido en Panamá, acusado de estafar a sus socios en empresas de hotelería y turismo, y permaneció varios años en la cárcel.
En 2007 el senador frenteamplista Leonardo Nicolini, objeto de diversas acusaciones, renunció a su banca por presión de su sector, el Espacio 609 (MPP).
El 19 de agosto de 2008 la Cámara de Representantes, por 83 votos en 91 presentes, aprobó el desafuero de Carlos Signorelli, diputado colorado que había sido intendente de Artigas hasta 2005. En abril del año siguiente Signorelli fue procesado por fraude y puesto en prisión.
En noviembre de 2010 la jueza Fanny Canessa solicitó el desafuero del senador Rodolfo Nin Novoa, quien había sido vicepresidente de la República hasta el 1º de marzo, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Un fiscal pretendía procesarlo por “falsificación cometida por un funcionario”, pues, en una declaración jurada de bienes, había omitido una sociedad agropecuaria con sus hermanos.
Finalmente, el 2 de agosto de 2011, la Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero de Nin Novoa por 19 votos en 28 presentes.
Para entonces, en más de 26 años, desde la apertura democrática, el Parlamento había recibido más de 20 solicitudes de desafuero, y sólo lo había aceptado en el caso de Signorelli.
En noviembre de 2017, a pedido del legislador blanco Wilson Ezquerra (sobrino del ex intendente de Tacuarembó del mismo nombre), la Cámara de Representantes lo suspendió temporalmente. Ezquerra concurrió ante la justicia por haber lesionado a una mujer mientras conducía ebrio un vehículo cerca de Piriápolis. Fue condenado a realizar trabajos comunitarios, y reasumió su banca en abril de 2018.
Un periplo similar cumplió en 2019 el senador Daniel Bianchi, tránsfuga del Partido Colorado al Partido de la Gente, quien chocó tres automóviles ese verano en Punta del Este mientras conducía borracho.
En mayo de 2019 el diputado Daniel Placeres (MPP, Frente Amplio) renunció a su banca luego que se solicitara su desafuero para procesarlo por “conjunción de interés personal y público” en la causa de la cooperativa Envidrio.