Solución en la seguridad social

En la crisis en ciernes en la seguridad social, y como ocurre con cualquier problema grave, el diagnóstico es solo el primer paso hacia la curación si no es seguido por el tratamiento adecuado. Los dirigentes del oficialismo y la oposición anuncian que el régimen jubilatorio actual es insostenible en un futuro no tan lejano, a medida que disminuye el número de trabajadores activos para sustentar el costo de las pasividades en una población cada vez más envejecida. El propio presidente Tabaré Vázquez vaticinó en febrero que "si no se toman medidas el sistema caminará hacia un colapso". Pero el tiempo pasa y nadie actúa sobre una realidad acuciante que exige más acción y menos palabrerío.

El derrumbe fue evitado en 1996 con la reforma que convirtió el sistema único de reparto del Banco de Previsión Social (BPS) en uno mixto con la introducción de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Sólidos estudios técnicos de la época demostraron que si no se efectuaba esa reforma, en un plazo no mayor a 10 años el llamado sistema solidario caería y los pasivos enfrentarían la ominosa perspectiva de no cobrar sus jubilaciones y pensiones. Pese a esta realidad irrefutable, el Frente Amplio siempre miró de reojo o directamente se opuso a las AFAP pese a que, al margen de errores a corregir y que no eran propios del sistema como en el caso de los cincuentones, no había otra salida a la crisis que se avecinaba. Es más, fueron una muy buena solución.

Aún hoy muchos sectores de la alianza de izquierda insisten en eliminar las AFAP, tentados por la idea de transferir al Estado los miles de millones de dólares acumulados por los trabajadores en sus cuentas personales y sin medir las consecuencias de lo que sería apenas un remiendo temporal. Lo confirman las propias cifras del BPS. En 2014 la asistencia de Rentas Generales para cubrir el déficit del BPS fue de US$ 100 millones. Tres años más tarde ese aporte trepó a US$ 600 millones, anticipando una escalada de un drenaje financiero que ningún gobierno podría solventar en el futuro. Y ello producto en buena medida de la reforma de 2008, que agravó el problema.

La solución viene por dos lados, aumento de la edad de retiro y generación de empleo. Ha habido propuestas opositoras de elevar la temprana edad actual de 60 años, que correspondería fijar en no menos de 65, límite en que sigue en condiciones de funcionar de manera eficiente la mayoría de los trabajadores, con la posible excepción de quienes desarrollan tareas que exijan especial esfuerzo físico. La objeción a este curso es que se cerraría el acceso al empleo a gente más joven. Esta situación indeseable debe enfrentarse con la generación de más puestos de trabajo. En esta meta ha fracasado el gobierno, que ve caer la tasa de empleo pese al crecimiento global de la economía, en gran parte por su incapacidad para atraer inversiones en emprendimientos productivos.

Es una tarea que le corresponderá a un próximo gobierno, más eficiente en enfrentar la crisis que se nos viene encima en vez de seguir hablando y hablando sobre la necesidad de hacer algo. Asegurar inversiones que generen en forma voluminosa más puestos de trabajo es la mejor forma de apuntalar el futuro. Entonces será posible extender la vida laboral de los trabajadores y terminar con la ilusión de que todo puede arreglarse eliminando las AFAP y pasándole al Estado los ahorros previsionales que son propiedad de los trabajadores y no del gobierno de turno.