La toma por parte de indígenas de una carretera y de campos petroleros en la Amazonía peruana generó temores de nuevos focos de violencia tras los choques del fin de semana entre nativos y policías que dejaron 35 muertos que comienzan a pasarle factura al gobierno del presidente Alan García. La carretera Yurimaguas-Tarapoto (900 km al norte de Lima), tomada por unos 3.000 nativos desde hace 34 días, genera especial atención por la eventualidad de que se repita la violencia que el viernes pasado se produjo en la selvática Bagua.
En tanto el embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó este martes que en su legación se refugió el líder indígena peruano Alberto Pizango, pero dijo que todavía no se le ha otorgado el asilo político. Borge, quien actualmente se encuentra en su país, declaró a la emisora local Radioprogramas del Perú (RPP) que el pedido del líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) será respondido mañana por la cancillería nicaragüense.
"Me informaron de su asilo y estamos estudiando si por razones humanitarias le damos el asilo, pero todavía están estudiando el caso", indicó. Borge adelantó, sin embargo, que "todo parece indicar" que se le otorgará el beneficio, pues el caso "tiene las características de un perseguido político".
Este lunes, la Defensoría del Pueblo confirmó un acuerdo para una apertura parcial de la ruta este martes, pero la Policía busca una solución definitiva.
Adicionalmente, el domingo, los nativos tomaron de manera pacífica dos instalaciones petroleras en la selva amazónica en el extremo norte del Perú, pertenecientes a la Pluspetrol, de capitales argentinos.
Todos estos hechos hacen parte de una protesta indígena, cuyo líder, Alberto Pizango, se refugió en la tarde del lunes en la embajada de Nicaragua en Lima luego de que el gobierno emitiera en su contra una orden de captura, informó el primer ministro, Yehude Simon.
"Acabo de recibir un documento de la embajada de Nicaragua dirigido al ministerio de Relaciones Exteriores en que informa que el señor Alberto Pizango se refugió en la tarde de hoy en esa misión diplomática", dijo Simon al presentarse en la Comisión de Defensa del parlamento unicameral.
El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó desde Managua a la emisora limeña RPP que Pizango pidió asilo político a su país y que su caso "tiene todas las características de ser un perseguido político", por lo que estimó que ese derecho le sería concedido.
La recuperación a sangre y fuego por parte de la Policía el viernes de la carretera en Bagua -seguida por protestas y la retención como rehenes de 38 policías en una estación petrolera- dejó 24 uniformados muertos y 11 indígenas, cifra que podría incrementarse.
Desde entonces tanto el gobierno como los nativos han radicalizado posiciones. Unas 65 etnias de la Amazonía protestan desde abril pasado para que el gobierno derogue decretos que consideran pueden quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
"Nosotros jamás daremos pie atrás, no hemos perdido en esta lucha", dijo la dirigente indígena Daysi Zapata quien reemplazó este lunes a Pizango en una conferencia de prensa en Lima. "Este gobierno ha manchado de sangre a nuestro Perú", añadió.
El presidente Alan García -quien calificó los acontecimientos como "barbarie y salvajismo"- y el primer ministro Simon han denunciado que los hechos de violencia son parte de un complot contra la democracia y un intento de golpe de Estado.
El domingo la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, dijo que el movimiento indígena peruano seguían los pasos del boliviano, cuando sacó del poder en 2003 al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, o el ecuatoriano con Jamil Mahuad en 2000.
Los indígenas recibieron críticas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que condenó el asesinato de policías. "Lamentamos que más allá del ejercicio del derecho a la protesta, algunos manifestantes hayan agredido, secuestrado y dado muerte a miembros de la Policía", señaló su director, Ronald Gamarra.
El gobierno no escapa a las críticas. Para el ex presidente Alejandro Toledo hablar de conspiración "es un argumento débil" mientras indicó que "el gobierno ya perdió capacidad de interlocución".
El influyente diario El Comercio señala: "Consideramos que el costo político debe ser asumido, como corresponde en la tradición democrática, por el Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados".
"El gobierno erró en la ejecución de la incursión y envió como carne de cañón a valerosos policías", consideró el analista Augusto Alvarez en el diario La República.
(AFP)