Tras conseguir más de 376.427 mil firmas para convocar a un plebiscito junto a las próximas elecciones nacionales que permita poner en marcha varias medidas contra la inseguridad pública, el líder blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) obliga al sistema político en su conjunto a definirse sobre este asunto.
Al gobierno del Frente Amplio lo apura a defender un flanco que todas las mediciones de opinión pública señalan como su principal problema, y al resto de los líderes opositores los empuja a resolver qué hacen con un plebiscito que ya casi está en marcha.
Larrañaga fue el único precandidato a la presidencia en impulsar esta batería de medidas –ninguno de los otros postulantes lo ha apoyado- y está dispuesto a volver a hacerlo a puro pulmón.
En filas del senador wilsonista hay mucho optimismo ya que en seis meses y con algunos apoyos aislados, Alianza Nacional logró juntar una cantida de firmas superior a la que recolectaron en once meses el Partido Colorado y el Herrerismo en 2009 cuando propusieron bajar la edad de imputabilidad (unas 368 mil).
Pero, tras el éxito de la recolección de firmas, Larrañaga seguramente esperará para saber si alguno de los otros líderes se suma a la convocatoria para ensobrar en octubre la papeleta que habilita los cambios.
A principios de noviembre, cuando las firmas aún no se habían conseguido, el diputado de la Lista 71 Gustavo Penadés que respalda a Luis Lacalle Pou (Todos) dijo en La Diaria que, si hubiera plebiscito, tal vez habría que barajar y dar de vuelta.
“Por ahora estamos esperando a ver si se recogen o no las firmas necesarias para la consulta popular. Si se llegan a alcanzar, ahí evidentemente todo el mundo dentro del Partido Nacional tendrá que replantear su estrategia”, afirmó Penadés.
En Alianza Nacional consideran que ahora la pelea contra las políticas de seguridad del oficialismo será aún más difícil, ya que el Frente Amplio se verá obligado a salir en campaña contra el plebiscito, y no les vendría mal algún aliado.
Este sábado tras anunciar la recolección de las 376.427 firmas, -se necesitan 270 mil para impulsar un plebiscito- Larrañaga afirmó que seguirán juntando firmas hasta el domingo 17 de febrero. “Creo que hay miles de compatriotas que quieren seguir firmando para la posibilidad de ejercer el derecho superior del voto ciudadano para reformar la Constitución”, dijo.
La reforma plantea el cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión.
También crea la figura de la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos y permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha “fundadadamente” que se están cometiendo delitos.
Por último, dispone la creación de una Guardia Nacional con 2.000 efectivos militares especialmente entrenados para que colabore en determinadas tareas con la Policía.
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