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Tras fuga de narcotraficante, SCJ pidió información a jueza que dictó prisión domiciliaria
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió pedir información a la jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, que dictó prisión domiciliaria para un narcotraficante que estaba condenado y que tres meses después de acogerse a ese beneficio rompió la tobillera electrónica y se fugó.
Según supo El Observador, el máximo órgano judicial pidió información a Mainard y también acceder a la copia del expediente del caso.
El narcotraficante Juan Antonio González Bica había sido condenado en junio de 2022 después de que la Policía detectara, a través de una entrega vigilada, que un grupo de personas estaba trasladando droga, entre otras cosas en un vehículo que aparentaba ser una ambulancia. En ese automóvil iba el narcotraficante que luego fue condenado, junto a otras personas (cuatro uruguayos y un boliviano).
La Policía incautó en ese operativo, denominado Operación Pitágoras, un total de 423 kilos de droga entre cocaína y pasta base.
Tras ser condenado a más de cuatro años de prisión, la defensa de González Bica presentó un escrito en el que pidió que el hombre cumpliera la pena en su domicilio, argumentando que tenía problemas renales que lo obligaban a hacerse diálisis de forma diaria y que en la cárcel donde estaba recluido, el Penal de Libertad, no era posible acceder a ese tratamiento.
Aunque el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) comunicó a la Justicia que eso podía cumplirse en Punta de Rieles, la jueza Mainard le otorgó la prisión domiciliaria en mayo. La Fiscalía de Estupefacientes a cargo de Mónica Ferrero apeló la decisión y pidió acceder a una copia de la historia clínica del paciente, para verificar si realmente tenía los problemas de salud que aducía.
Finalmente, el 30 de agosto el narcotraficante rompió la tobillera y se fugó. Ahora su paradero es desconocido.
El País informó este jueves que en el expediente judicial del caso hay un informe de dudosa veracidad sobre el estado de salud de González Bica, así como dos escritos sobre el tema que no tienen la firma de ningún funcionario público. Los documentos fueron parte de lo que se presentó a Mainard y que llevaron a que la jueza otorgara la prisión domiciliaria.
