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Tras fugas de narcos, coalición busca que justicia pida historia clínica a prestadores para internar reclusos
La coalición de gobierno presentó una serie de modificativos de la Rendición de Cuentas de 2023, antes del comienzo de su votación en la Cámara de Senadores este martes.
Dos de los cambios que busca el oficialismo buscan evitar la fuga de narcos que se escaparon tras pedir prisión domiciliaria con certificados médicos adulterados, entre ellos el narco Juan Antonio González Bica, asunto que generó críticas desde el Ministerio del Interior a la justicia.
El nuevo texto busca cambiar los artículos 228 y 305 del Código del Proceso Penal (CPP), y atiende a la solicitud del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de modificar la normativa luego de las fugas.
La nueva redacción del artículo 228 indica que a la hora de que el juez determine internación provisional de imputados, tanto en el caso de las embarazadas que estén en su quinto mes de gestación o en su primer año de lactancia, como también los imputados afectados “por una enfermedad que acarreé grave riesgo para su salud, deberán "solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud".
En la actual redacción, el Código indica que el juez puede ordenar la internación tras el informe de un perito judicial. A través de un "informe pericial", se debe acreditar que el imputado "sufre una grave alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud".
En el caso del artículo 305, que refiere a la "enfermedad del condenado", cuando la dirección del establecimiento carcelario comunique al juez que un privado de libertad está sufriendo "alguna enfermedad física o psíquica", se pedirá lo mismo que en el artículo anterior: "En todos los casos y previo a decidir, el juez deberá solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud".
Sin la modificación, la normativa sostiene que en estos casos el juez podrá pedir la internación del condenado tras solicitar "los peritajes necesarios".
La fuga
Un informe elaborado por el Ministerio del Interior –a partir de información del Instituto Nacional de Rehabilitación– estableció que son cinco los narcotraficantes que gozaban de prisión domiciliaria y se fugaron este año.
El documento, al que accedió El Observador, señala que son 53 los casos de imputados por delitos vinculados a drogas que obtuvieron prisión domiciliaria en 2023. De ellos, 35 siguen sujetos al control de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (Dinasla), mientras que de los restantes 18, tres fallecieron, cinco culminaron su pena, cinco fueron reintegrados a prisión y cinco se fugaron.
La fiscal Mónica Ferrero siguió tomándole declaraciones como testigos a abogados que por diferentes motivos surgen mencionados en la causa. Hay una pareja de abogados que está en la mira de la investigación aunque no se descarta que puedan sumarse más. También indagan si, al menos, un perito del Instituto Técnico Forense (ITF) actuó en connivencia con los narcos.
El líder de la maniobra, Matías Campero, era quien, presuntamente, se encargaba de la gestión de los certificados con información falsa que después presentaban abogados como Mercedes Acosta, que terminó imputada por la causa.
