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Tres frentes de batalla para el equipo económico

Todo venía bien: las cuentas públicas relativamente en orden, la inflación en niveles tolerables y la competitividad a raya. Pero hoy la economía reclama atención urgente

8 de febrero de 2013 22:16 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

La batalla del gobierno tiene tres frentes: el rojo de las cuentas públicas, la elevada inflación y la fuerte pérdida de competitividad. Los tres registraron en la segunda mitad de 2012 una fuerte recaída provocada por una serie de eventos imprevistos en un contexto de escaso margen de maniobra por parte de las políticas públicas.

Los números hablan por sí mismos. Entre julio y enero, la inflación escaló de 7,48% a 8,72% y amenaza con volver a traspasar el 9%, como lo hizo en octubre y noviembre, sacando una importante ventaja al rango meta oficial, de entre 4% y 6%.

La baja del dólar, de 11,5% en la segunda mitad del año, llevó a que 2012 cerrara con una pérdida de competitividad de 12,4% en solo seis meses, medida a través del índice de tipo de cambio real, llegando al menor nivel al menos desde el año 2000.

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Por su parte, las cuentas públicas se desplomaron. El incremento del gasto y el magro aumento de los ingresos llevaron a que el déficit fiscal escalara de 0,9% del PIB a 1,9% en la primera mitad del año, para terminar 2012 en 2,8% del nivel de actividad, el mayor registro desde la recuperación posterior a la crisis, en el año 2003.

La inflación es la mayor preocupación del gobierno. Lo dijeron el presidente José Mujica, el número dos Danilo Astori y el ministro de Economía Fernando Lorenzo. Lo han dicho en repetidas oportunidades y no solo eso, también han implementado una serie de medidas, principalmente de carácter heterodoxo, que buscan evitar que la suba de precios se siga acelerando sin afectar al resto de las variables macroeconómicas y sin pagar un excesivo costo político.

Un déficit fiscal elevado y una política salarial demasiado flexible dejaron al gobierno con escaso margen de maniobra para recurrir a las herramientas de manual. La respuesta ortodoxa a la inflación es la contracción de la política monetaria, a través de una suba de la tasa de referencia, con el objetivo de desacelerar la demanda agregada a través de un encarecimiento del crédito y un mayor premio a los depósitos.

Las últimas medidas adoptadas requirieron un esfuerzo de creatividad por parte del gobierno. Se buscó postergar el ajuste de tarifas y la rebaja de impuestos como el IRPF. Al mismo tiempo, se acordó con los supermercados el congelamiento de precios entre octubre y diciembre y la rebaja de 10% en 200 productos de la canasta de consumo. Incluso el MEF acordó con el Banco República que no aumente este año los créditos al consumo en términos reales respecto a 2012, con fines antiinflacionarios.

Por su parte, el beneficio otorgado por UTE a sus buenos pagadores en el último mes del año, permitió cerrar 2012 con una inflación artificialmente un punto porcentual por debajo de lo que podría haber sido. Eso moderó el ajuste correctivo de salarios de enero y, en definitiva, permitirá reducir las presiones de demanda sobre los precios.

Durante el último año, el poder de compra de los trabajadores uruguayos aumentó 5,2%, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad y caída en el número de puestos de trabajo –en los 11 primeros meses del año, el desempleo pasó de 5,3% de la población económicamente activa a 6%–. Por eso, según la encuesta 2012 de la consultora KPMG, 61,2% de las empresas uruguayas ajustaron sus precios al alza este año y más de dos tercios de ellas lo hizo debido al aumento de los costos laborales.

Allí está el problema. El principal empuje inflacionario lo generan los bienes y servicios cuyos precios se fijan en el mercado doméstico –bienes no transables, es decir, que no se comercializan con el exterior– y que responden al poder adquisitivo de los uruguayos. Según los indicadores realizados por El Observador, mientras que los precios al consumo subieron en total 8,72% en los 12 meses a enero, los bienes no transables aumentaron 10,2%.

Si bien las principales iniciativas antiinflacionarias del gobierno fueron de carácter heterodoxo, el gobierno no dejó de lado los manuales de economía. En los últimos dos años, el Banco Central aumentó la tasa de referencia en cinco de las ocho reuniones trimestrales del Comité de Política Monetaria (Copom). De esa manera, la tasa pasó de 6,5% a 9,25% en 24 meses. Aunque en 2012, el aumento fue de apenas medio punto, Uruguay fue el único país de la región en subir las tasas en ese período.

El problema es que una suba de tasas trae también aparejada una baja del tipo de cambio, porque con un mayor interés, invertir en Uruguay se vuelve más rentable. La afluencia de capitales baja el precio del dólar y eso, si bien es bueno para el control de la inflación –porque reduce el valor de los bienes importados–, es una mala noticia para la producción local, que se encarece respecto a la del resto del mundo, y eso hace al segundo frente de batalla para las autoridades.

El segundo gran desequilibrio macroeconómico que enfrenta el gobierno también está vinculado con los precios, pero a la relación entre los precios locales y los del resto del mundo. El combo conformado por una inflación elevada y una fuerte caída del precio del dólar para contenerla, hicieron que los bienes producidos en el país no solo resultaran más caros para los uruguayos sino también para sus socios comerciales del exterior.

La competitividad de precios cayó durante la segunda mitad de 2012 y lo hizo de forma estrepitosa. El indicador que evalúa el atractivo de los productos locales frente a los brasileños en términos de precios registró una caída de 15,9% en el último año para ubicarse, según la serie de datos elaborada por El Observador, 17,9% por debajo de su promedio histórico desde 1988, el mayor desvío desde fines de 2002.

Los efectos de una menor competitividad empiezan a reflejarse en las estadísticas de exportación. Si bien las ventas al exterior de bienes aumentaron 9% respecto a 2011, ese incremento se debió en tres cuartas partes al crecimiento de las exportaciones de soja, que se convirtió en el principal producto de exportación del país. Si se excluyen las ventas de soja y carne, el crecimiento habría sido de apenas 1%. La industria, principal generadora de puestos de trabajo y valor agregado en el sector exportador, registró un aumento de apenas 0,2% en sus colocaciones, acusando el impacto de la pérdida de competitividad y las dificultades para el acceso a los mercados de la región.

La magra temporada turística es, en parte, consecuencia de una menor competitividad. Un estudio realizado en enero por El Observador muestra que el poder de compra en Uruguay de los turistas argentinos cayó 29% en 2012, mientras que el de los brasileños se redujo 7%.

El último de los desequilibrios en colarse en el debate público fue el de las cuentas estatales. El fuerte crecimiento del gasto durante 2012 hizo saltar el déficit fiscal y provocó una alerta en el equipo económico de gobierno.

El martes, el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, dijo que el gobierno evaluará “en los próximos meses” la evolución de las cuentas públicas y “en función de eso, se tomarán las medidas de ajuste del gasto o de incrementos impositivos”. Una reducción del déficit deliberada a través de una suba de la carga tributaria o una contracción del gasto público, tiene nombre en la jerga económica: ajuste fiscal. Y aunque el jerarca se cuidó de no usar ese concepto –al día siguiente, en una entrevista con el portal de Presidencia dijo: “Jamás hablé de ‘ajuste fiscal’, hay que ser muy cuidadoso con el uso de ciertos términos”–, el tema está sobre la mesa.

El problema de bajar el gasto es que no resulta tarea sencilla, principalmente porque el aumento registrado en el último año estuvo más vinculado a elementos que llegaron para quedarse que a incrementos de una sola vez.

Durante 2012 el gasto público dio un salto desde 27,1% del PIB a 29%. Públicamente, el gobierno atribuye el aumento del déficit al pago de juicios fallados en 2012 en contra del Estado por la quiebra del antiguo Banco Comercial en 2002 –que significó un gasto equivalente a 0,3 puntos del PIB–, y al sobrecosto energético debido a la sequía –que implicó un gasto adicional de 0,4 puntos–. Es cierto, pero no es suficiente para explicar el salto.

Dos terceras partes del incremento del gasto en 2012 se debieron a aumentos en sus componentes más permanentes. De hecho, 0,5 puntos porcentuales se explicaron por las transferencias al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) debido a su ampliación, 0,45 puntos estuvieron asociados al aumento de las pasividades y transferencias a las AFAP, y 0,2 puntos al aumento de las remuneraciones de los trabajadores estatales.

El riesgo que entrañan los desequilibrios macroeconómicos, más aun cuando vienen en conjunto, es que no se van como llegaron ni se quedan como están. Sin la acción decidida del gobierno o un nuevo empujón –hoy altamente improbable– desde el exterior, los desequilibrios se agravan, causan un daño directo en el bolsillo de los uruguayos y en las posibilidades de crecimiento futuro, se instalan en la economía y borran los progresos de un país que por primera vez en su historia logró alejarse por un buen rato de las crisis y los tropezones económicos.

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