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Defensa mantendrá en reserva toda la información que no esté vinculada a Derechos Humanos

Nacional > Ministerio de Defensa

Tribunales de honor con "líos por mujeres, dinero u opciones sexuales" quedan bajo reserva

Tras el pedido de actas de Armando Méndez, referidas a la "Operación Conserva", el Ministerio de Defensa comunicó que solo publicita los tribunales que tratan asuntos de violaciones a derechos humanos antes y durante la dictadura

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26 de octubre de 2021 a las 05:04

Uno de los compromisos que asumió la actual dirección del Ministerio de Defensa al inicio de su gestión fue entregar, cuando existiera una solicitud fundada, toda la información en su poder vinculada a la violación a los derechos humanos, ya sea previo o durante la última dictadura cívico-militar.

Eso explica parte de la sorpresa que generó en las últimas horas la decisión del ministro Javier García de declarar en reserva por 15 años las actas del tribunal de honor efectuado al teniente coronel (r) Armando Méndez, quien acaba de ser procesado por el homicidio de un militante de izquierda.

La explicación del Ministerio de Defensa, sin embargo, fue que el tribunal no estuvo vinculado a violaciones de derechos humanos, y que por lo tanto no corresponde darlo a publicidad.

En ese marco, fuentes de Defensa dijeron a El Observador que existen varios tribunales constituidos ante situaciones variopintas en las que determinados militares consideraron agraviado su honor.

Una de las fuentes apuntó que ha habido tribunales abiertos "por líos por mujeres, por dinero, por supuestos agravios personales y hasta por opciones sexuales". En el ministerio entienden que esos procesos, que transcurrieron bajo la discreción estipulada en la reglamentación de los tribunales, no tienen "interés público" que justifique levantar la reserva.

En 2019, durante el último gobierno del Frente Amplio, el Parlamento aprobó una reforma promovida por el entonces oficialismo que eliminó los Tribunales de Honor y los sustituyó por Tribunales de Ética y Conducta Militar, con potestades más acotadas y sin competencias sancionatorias. La reglamentación de esa normativa fue firmada en setiembre de este año por el ministro García y el presidente Luis Lacalle Pou.

El caso de Méndez

El viernes pasado Méndez fue procesado con prisión por la jueza Silvia Urioste por la detención y el asesinato, en agosto de 1973, de Gerardo Alter, integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina y nexo entre esa organización y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de Uruguay. 

Méndez integraba por esa época el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) y, ante esa situación, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había pedido el acceso a la documentación sobre el proceso que se le había seguido en la Justicia militar con la esperanza que, como sucedió en otros casos, allí hubiera alguna pista sobre el destino de alguna persona desaparecida. 

La negativa de Defensa a entregar información generó una polémica pública y se amparó en el artículo 9 de la ley de Acceso a la Información Pública. Fuentes de la cartera informaron a El Observador señalaron que, en esas actas, "no hay nada de nada" que pueda estar vinculado a alguna causa relativa a los derechos humanos, sino que incluyen temas "comerciales y personales". 

Específicamente, ese tribunal de honor contra Méndez estuvo referido a la "Operación Conserva", que en su época enfrentó en forma directa a Méndez, en su calidad de presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), con el entonces dictador Gregorio Álvarez. 

Un informe del portal Sudestada en 2016 recordó que la operación consistió en la exportación de carne vacuna a Argentina para fabricar corned beef y luego traerlo de regreso como conserva para su reexportación, en el marco de una reestructura del sector que comenzó con el cierre del Frigorífico Nacional, hasta el momento "ente testigo". Méndez se negó a avalar la operación, al considerar que se configuraban varios elementos de "corrupción" que beneficiaban a algunos importantes representantes del gobierno de facto. 

Pese a la negativa de brindar el expediente del Tribunal de Honor, el Ministerio de Defensa sí entregó a Familiares el legajo de las actuaciones del teniente coronel retirado durante el proceso cívico-militar. 

Familiares define acciones

Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos analizará qué caminos le quedan, luego de la decisión anunciada por Defensa, para poder acceder a la información sobre Armando Méndez. 

El objetivo de la organización era examinar si allí podía haber datos disponibles, en el entendido de que los tribunales ajenos a la temática de la dictadura también pueden incluir información relevante. En diálogo con El Observador, el dirigente Ignacio Errandonea recordó que Méndez integró el OCOA y participó "mucho" en la represión. "Tuvo mucho que ver, fue partícipe". 

PCU: Que Defensa justifique

Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez cuestionó la decisión del ministerio al considerar que "es muy poco probable" que en todas las actuaciones del tribunal de honor "no aparezca ni un solo renglón" con declaraciones de Armando Méndez vinculadas a derechos humanos. 

El legislador insistió en que el artículo 12 de la ley bajo la que se ampara Defensa prohíbe declarar en reserva la información que, eventualmente, pueda estar relacionada con los derechos humanos, algo que a su juicio parece "probable" en el caso de Méndez. Núñez cursó un pedido de informe para conocer formalmente la justificación de Defensa. 

Nueva ley orgánica

En el marco de la polémica instalada en torno al caso Méndez, el ministro Javier García recibió este lunes a un grupo de legisladores del Frente Amplio, pero para hablar de otro tema: el anteproyecto para la elaboración de una nueva ley Orgánica Militar. 

El texto, que ya había sido definido a mediados de año por el oficialismo, queda ahora a la espera de la consideración de la coalición de izquierda, con el objetivo de lograr una "política de Estado" en torno a la organización de las Fuerzas Armadas. 

La voluntad de llegar a un consenso llevó a que el ministro postergara en varias oportunidades el envío del texto al Parlamento. "Si postergar un tiempo significa ganar en posibilidades de acuerdo yo esa inversión la hago", dijo García este lunes al culminar la reunión. "Lo más importante es lograr una ey Orgánica de las Fuerzas Armadas con el «mayor respaldo político". 

Según comentó a El Observador la senadora frenteamplista Sandra Lazo (MPP) se fijó un nuevo encuentro para fines de noviembre. El Frente Amplio "colectivizará" la iniciativa a través de una espacio de trabajo interno, y llevará al ministro sus primeras conclusiones. 

Lazo consideró fundamental que todo el sistema político llegue a un acuerdo sobre la forma de discutir el anteproyecto, que deberá responder a la ley Marco sobre Defensa actualmente vigente. Al respecto, la senadora dijo que el Frente Amplio debe discutir primero el "enfoque" de la nueva normativa que se pretende establecer, y a partir de allí conversar sobre los aspectos particulares.

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