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Turquía busca anular subasta de la Ferrari de Malvín Norte

Reclaman que el estado uruguayo entregue parte de los bienes incautados en maniobra de lavado
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27 de febrero de 2019 a las 19:59

La defensa de la República de Turquía en Uruguay presentará este jueves ante la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard un escrito en el que pedirá que se pronuncie con urgencia respecto al pedido de “no innovar” en el caso del ciudadano turco condenado en setiembre de 2018 por lavar dinero producto de una megaestafa electrónica. De esta forma, buscarán impedir que este 8 de marzo se lleve adelante la subasta de un Ferrari 458 Spider y un yate, ambos vinculados a la maniobra de lavado.

La intención de Turquía es lograr que el Estado uruguayo le entregue la totalidad o parte del dinero por la venta de los bienes vinculados a la maniobra de lavado, la cual fue estimada en unos US$ 8 millones. El abogado del Estado Turco, Jorge Rodríguez, había apelado a principios de febrero el acuerdo alcanzado por la Justicia uruguaya y el ciudadano turco, que consistía que el condenado, de nombre Osman, cumpliera la pena de cuatro años de libertad vigilada intensiva en lugar de prisión, a cambio de admitir su responsabilidad en el crimen.

Como consecuencia de esa sentencia, el Estado uruguayo pudo hacerse de todos los bienes producto de la maniobra de lavado.

La magistrada que homologó el acuerdo señaló que la forma en la que se distribuiría lo incautado entre Uruguay y Turquía debería resolverse por la vía diplomática y no judicial, algo que es rechazado por Rodríguez por entender que no se dan las garantías suficientes. Por eso, a la apelación presentada en febrero, el abogado incluyó la solicitud de “no innovar” de modo que el Estado uruguayo no pueda disponer de los bienes incautados hasta tanto no haya una resolución de segunda instancia sobre el acuerdo.

Si bien la apelación comenzará a ser estudiada por el Tribunal Penal de 1° turno, Mainard aún no resolvió si hará lugar o no al pedido de “no innovar” sobre el destino de los bienes. Con la subasta del Ferrari y el yate fijada para el 8 de marzo, Rodríguez dijo a El Observador que pedirá  que la jueza se expida cuanto antes para frenar así la realización de la subasta.

Rodríguez dijo  que la resolución de Mainard, que hizo lugar al acuerdo entre el fiscal y el imputado, está "socavando un acuerdo entre gobiernos", en relación a varios convenios internacionales (de Viena y de Palermo) que le dan participación a Turquía en los bienes incautados. "Cuando los estados se dignen a buscar un arreglo los bienes ya estarán dispuestos. Primero se debió observar las normas internacionales de restitución de bienes", afirmó y señaló que la normativa internacional "obliga a devolver esos bienes cuando son producto precedente de lavado de activos". 

Asimismo, el abogado señaló que la embajada de Turquía en Argentina solicitó en dos oportunidades una reunión con la cancillería uruguaya para definir cómo se distribuirán los bienes incautados, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Una estafa multimillonaria

La millonaria maniobra de lavado fue dirigida por Mehmet Aydin, un turco de 26 años, que entre noviembre y diciembre de 2017 se paseó en su Ferrari por Montevideo, y que llamó la atención en las redes sociales al ser captado estacionado en Malvín Norte. Este joven fue el creador de una aplicación llamada Ciftlik Bank, un juego de granja en el que los participantes participan con dinero real comercializando ganado virtual, con la falsa promesa de obtener una gran rentabilidad. Con esa aplicación realizó una estafa de US$ 500 millones en su país.

Osman, el hombre que fue detenido y que llegó a un acuerdo con la fiscalía, figuraba como propietario de una empresa que vendía materiales para la construcción, y que según pudo probar la Fiscalía era utilizada para lavar el dinero. Este hombre está en Uruguay desde 2007, cuando llegó para trabajar como soldador en la planta de UPM.

En marzo este ciudadano turco fue detenido a pedido de la justicia de su país y en mayo la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard concedió su extradición, pero como la defensa apeló, el expediente se demoró más de los 120 días que pauta la norma y debió ser liberado en julio. Luego de que cumpla la condena en Uruguay –lo que ocurrirá en poco más de tres años- podrá hacerse efectiva la extradición.

El resto de los integrantes de la banda, incluído Aydin, huyeron del país antes de poder ser detenidos.  

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