La campaña hacia el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) va camino hacia un debate intenso que tendrá entre sus protagonistas al gobierno, los partidos de la coalición, la oposición y los movimientos sociales. Como en un juego de ajedrez, tanto desde el "Sí" como desde el "No" se mueven las primeras fichas para captar a esa población que va a cerrar la partida en las urnas.
La Comisión Nacional Pro Referéndum ha estado puliendo en estos días los mecanismos más formales de la campaña, cuyo lanzamiento oficial será el sábado en el Velódromo. Ya hay logo, ya hay eslogan: "La LUC no es Uruguay". Ahora las energías están puestas en los talleres semanales en los que se discute el contenido de la campaña y se preparan los materiales de difusión.
Los portavoces de esas actividades provienen en su mayoría de la academia y la sociedad civil. Y no es una casualidad: en esta etapa inicial, tanto en la comisión como en la orgánica frenteamplista prima la posición de "no convertir la campaña en un tema político partidario", pese a la percepción extendida –tanto en la academia como en el ámbito político– de que la votación tendrá elementos similares a una "elección de medio término", anticipo de los comicios de 2024.
En ese sentido, la discusión en torno a la seguridad —reconocido como un caballito de batalla del gobierno para defender la LUC y contraponer a esta gestión con un referéndum que significará "un volvé Bonomi", al decir del expresidente Julio María Sanguinetti— quedó a cargo de la Intersocial Feminista, según supo El Observador.
En torno a ese tema disertarán el abogado Sergio Rodríguez, un blanco independiente de Paysandú que se plegó a la campaña, y Mercedes Romero, militante y profesional del Derecho. Más allá de participaciones puntuales, exjerarcas del Ministerio del Interior como Eduardo Bonomi y Gustavo Leal no llevarán la posta en el tema, al menos en esta etapa.
Sobre los artículos referidos a la economía, este jueves expondrán la economista del Instituto Cuesta Duarte de la central sindical, Alejandra Pico, y el senador socialista Daniel Olesker, miembro interpelante de la ministra Azucena Arbeleche meses atrás.
La ronda de talleres incluirá también charlas informativas sobre derechos humanos y régimen de adopciones, y la educación. Fuentes políticas indicaron a El Observador que esta campaña informativa deberá repetirse en febrero, en vísperas del referéndum.
"Esto es contra 135 artículos de la LUC, no contra un gobierno ni en defensa de otra gestión", declaró a El Observador Rafael Michelini, uno de los delegados frenteamplistas ante la Comisión que también componen el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
El socialista José Nunes, otro de los representantes de la coalición de izquierdas en ese ámbito, recalcó que el Congreso del Frente Amplio —celebrado a comienzos de mes— definió un camino hacia "la acumulación de fuerzas", en busca de "fortalecer las coincidencias con el movimiento social".
La oposición política tiene pendiente cerrar la discusión sobre la estrategia de campaña. Entre los elementos a ponderar a la hora de definir los ejes de acción están la evaluación ciudadana de la marcha de la economía, así como la popularidad del gobierno y del presidente Luis Lacalle Pou.
En el Secretariado Ejecutivo de este lunes una parte de la discusión se centró en "dónde gastar las energías".
El Frente Amplio tampoco tiene definido cuál será su presupuesto. Fuentes políticas indicaron que comenzarán a difundir placas con opciones de aporte electrónico para que "la campaña la financie la gente". Daniel Marsiglia, dirigente del Partido Comunista (PCU) ante la Comisión Pro Referéndum, dijo a El Observador que la fuerza política deberá "planificar una propuesta hacia los medios de comunicación": "Pero sabemos que ahí va a ser muy difícil competir", manifestó.
"Sabemos que el gobierno va a salir como gobierno a defender la LUC, y que van a salir los partidos de la coalición sectorialmente. Para las propias reivindicaciones que hace el gobierno —lo están haciendo con la seguridad— no precisan una placa que pague: te manda la defensa de la LUC en la acción", opinó. "Queremos acceder a ellos, pero eso tiene un costo importante, por lo que sabemos que la estrategia mayor sigue siendo la batalla en los territorios, en el cuerpo a cuerpo", concluyó. En ese sentido apuestan por "una logística muy importante en el territorio con los comités de base, las coordinadoras, las departamentales del interior".
Según informó El País, el PIT-CNT resolvió aportar entre US$ 500 mil y US$ 700 mil para la campaña. En la Comisión reconocen que el financiamiento de mayor peso provendrá de la central sindical y del Frente Amplio. En declaraciones al mismo medio, el candidato a la presidencia del Frente Amplio, sostuvo que la campaña deberá ser "milimétrica, segmentada y que deje claro qué es lo que está en disputa”.
A pesar de un "protagonismo" concedido en esta etapa inicial a las organizaciones sociales, en la fuerza política manifiestan que Pereira será un "vocero político natural" en la campaña, en caso de imponerse el 5 de diciembre en las urnas frenteamplistas.
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