Un grupo mapuche se adjudicó un ataque incendiario en la Araucania chilena

Cerca de las dos de la mañana un grupo de personas armadas y con el rostro cubierto llegaron a la localidad de Aniñir, en el municipio de Traiguén, de unos 17.000 habitantes, ubicada a 650 kilómetros al sur de Santiago. Los atacantes incendiaron la posta rural de Añiñir, la escuela básica G-133, la sede social y la iglesia de la localidad, según constataron los agentes de seguridad cuando llegaron al lugar del suceso alertados por una llamada telefónica. Los delincuentes dispararon al aire cuando huyeron e incendiaron varios vehículos.

Un paramédico sufrió lesiones leves en su cuello y cara cuando intentaba apagar el fuego del centro sanitario. “El ataque nos afecta a todos. Cualquier ataque a un establecimiento de salud nos afecta, cualquier agresión que se le haga a un funcionario de salud nos afecta a todos como sistema”, sostuvo la ministra de Salud, Ximena Aguilera. “En la medida que se amedrenta a los funcionarios de salud, ponemos en riesgo el mantener a personal en los lugares en que se sientan en condición de riesgo”, añadió.

La organización Resistencia Mapuche Malleco se adjudicó el atentado. Los agentes de seguridad encontraron en el lugar un cartel de tela en el que se exigía el traslado de presos mapuche a otros recintos carcelarios y la salida de las “instituciones racistas” del territorio mapuche.

La ministra del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Gabriel Boric, Carolina Tohá, sostuvo que el “atentado criminal” tiene “características terroristas”.

La escalada del conflicto en la zona ha forzado al Ejecutivo de Boric a decretar Estado de excepción constitucional para que los militares resguarden los territorios afectados por la violencia. El Gobierno del expresidente Sebastián Piñera también aplicó esta medida que en principio fue tomada en forma temporal.

La ministra Tohá condenó el hecho en una entrevista afirmando “Qué objetivo tiene un atentado de este tipo que no sea generar conmoción y temor, pero además es un atentado criminal, quiero decir, del punto de vista del daño que causa a las personas, dejar una comunidad sin su posta rural, dejar a un enfermero con quemaduras en la cara, o sea, es realmente de un nivel de maldad hacer un atentado de este tipo”.

La organización Resistencia Mapuche Malleco también se adjudicó el corte de ruta y los disparos al aire que frustraron la visita en la zona de la exministra del Interior, Izkia Siches, a comienzos del mandato de Boric, en marzo de 2022. Esta no es la primera vez que se producen ataques a servicios básicos en localidades rurales de La Araucanía, como escuelas o centros de salud.

El Gobierno anunció que durante el segundo semestre de este año presentará un proyecto de ley para modificar la actual ley antiterrorista, la que ha calificado de “ineficaz”. “Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, debemos tener una buena, moderna y eficaz”, ha dicho el presidente Boric.

Una veintena de personas han muerto en los últimos 25 años en medio de la disputa por la tierra que reivindican los mapuches. Hasta abril de este año, de acuerdo a datos del gobierno, se habían perpetrado 390 ataques. En 2022, ocurrieron 1.160 atentados del mismo tipo.

(Con información de agencias)