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Un juez de Texas podría prohibir la píldora abortiva en todo el territorio norteamericano
El futuro de la píldora abortiva y su uso en los Estados Unidos se decidirá este miércoles por el fallo del magistrado ultraconservador Matthew Kacsmaryk, al que opositores al aborto ya pidieron que suspenda su autorización.
Kacsmaryk, que antes de ser nombrado juez federal por el ex presidente Donald Trump fue abogado de una organización cristiana, dictaminará luego de escuchar los argumentos a favor y en contra en un tribunal federal en Amarillo, Texas.
Los medios norteamericanos estiman que el fallo tendrá el mismo impacto social que la sentencia de la Corte Suprema de junio del año pasado que autorizó a cada estado a legislar al respecto. Desde aquel fallo, quince estados conservadores prohibieron cualquier modo de aborto en sus territorios. Otros, como Florida, estudian restringir la práctica.
"El caso en Texas es un llamado de atención para todos aquellos que pensaban que no se verían afectados ya que vivían en estados que protegen el derecho al aborto. La decisión del juez Kacsmaryk podría extenderse a todo el país”, dijo Alexis McGill Johnson, presidenta de la asociación de planificación familiar Planned Parenthood, mediante un comunicado. Y agregó: "Estamos claramente muy preocupados, como debería estarlo toda la comunidad médica. Esta sería una primera vez muy peligrosa".
Aprobado desde hace más de 20 años en los Estados Unidos, el uso de la píldora –que detiene los embarazos en más del 95% de los casos– es ampliamente utilizado. El Instituto Guttmacher informó que el 53% de los abortos en el país se dieron con medicamentos.
Diferente de la "píldora del día después", que se toma horas después de una relación de riesgo, la píldora abortiva –que utiliza mifepristona para frenar el desarrollo del embarazo y misoprostol para desencadenar contracciones y sangrados– se toma una vez confirmado el embarazo para interrumpir la gestación. De ese modo, las mujeres pueden abortar en su casa o en el lugar que desean, no en un centro sanitario. Su uso está autorizado por la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desde 2000 y puede emplearse hasta 10 semanas después del último periodo. Transcurrido ese tiempo, las mujeres que quieran interrumpir el embarazo deben recurrir al aborto por aspiración.
En noviembre del año pasado, una alianza de médicos y grupos antiaborto presentaron una demanda contra la FDA por la autorización bajo el argumento de que se había elegido "la política en lugar de la ciencia, al aprobar un producto químico que puede crear complicaciones, y de haber excedido sus competencias".
Si bien esta coalición pedía la suspensión de la mifepristona en todo el territorio, llevaron su apelación a Amarillo, una ciudad de Texas alejada de los principales centros urbanos, donde Kacsmaryk es el único juez federal. El perfil del juez y su pública posición opositora al aborto generó preocupación en las filas de los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Varios grupos llamaron a manifestarse este miércoles frente a los tribunales.
"Es increíble que un simple juez en Texas pueda tomar una decisión que afectaría un producto aprobado por las autoridades sanitarias y comercializado de forma segura desde hace más de veinte años", dijo Elisa Wells, cofundadora de Plan C, una red de información sobre las pastillas abortivas, a la agencia de noticias AFP.
Desde la autorización judicial de 2000, más de 5,6 millones de mujeres usaron la píldora abortiva en los Estados Unidos. Sólo algo menos de 1.500 tuvieron complicaciones posteriormente. La demanda presentada ante el juez Kacsmaryk suena absurda. Algo que también se piensa desde Washington. “La decisión de prohibir la píldora sería devastadora para las mujeres", denunció hace diez días la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
De todos modos, el posible resultado no parece favorable a los abortistas. La decisión de Kacsmaryk podrá ser recurrida, pero ante la corte federal de apelaciones de Nueva Orleans, claramente conservadora. Y el caso podría acabar de vuelta ante la Corte Suprema que, después de la remodelación durante el gobierno de Donald Trump, tiene seis magistrados conservadores de nueve.
