La investigación penal de oficio al comunicador Ignacio Álvarez, por la divulgación de audios del caso de abuso sexual agravado y difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima, nos espabiló acerca de una preocupante norma incluida en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que, en última instancia, legitima la prisión a periodistas. La sola posibilidad de una interpretación jurídica en ese sentido, pone los pelos de punta, pues, atenta contra principios esenciales de una democracia, viola derechos constitucionales, contradice leyes que garantizan el ejercicio de una libertad de prensa que es consustancial al estado de derecho.
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