19 de diciembre de 2017 5:00 hs

Con el telón de fondo de virulentas protestas fuera del Congreso y con la férrea oposición del kirchnerismo puertas adentro, el debate parlamentario sobre el controvertido proyecto de ley de reforma jubilatoria en Argentina fue retomado este lunes en la Cámara de Diputados.

Menos de una semana después de que fuese suspendida la discusión en el Congreso en torno a la polémica reforma, justamente por los violentos incidentes callejeros que la precedieron, volvieron a ocurrir escenas de violencia que parecieron un calco de las que se habían registrado el jueves pasado.

Pese a la oposición política de los sectores afines a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como de organizaciones sociales y sindicales, la reforma jubilatoria se encamina a convertirse en ley, pues cuenta con los votos suficientes para ser aprobada, por el solo hecho de que Cambiemos, el partido del presidente Mauricio Macri, cuenta con mayorías.

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Esta parece ser una nueva prueba de fuego para Macri, dada la controversia generada por el proyecto –cuyo fin principal, según el gobierno, es ayudar a reducir el elevado déficit fiscal cercano a 5% del PIB – y luego del espaldarazo que recibió en octubre con el contundente triunfo obtenido en las elecciones legislativas.

La reforma contempla un aumento de la edad jubilatoria en forma optativa de 65 a 70 años para los hombres y de 60 a 63 años para las mujeres.

Pero, además, el tratamiento parlamentario de la iniciativa fue planteado en diciembre, un mes tradicionalmente pautado por protestas políticas y sociales en Argentina.

El comienzo del debate propiamente dicho –que había sido suspendido la semana anterior– se retrasó no menos de cinco horas en función de la violencia acaecida en los alrededores del Congreso.

Los parlamentarios kirchneristas abogaron por la suspensión de la sesión al sugerir que las protestas podían derivar en una tragedia ante la represión policial; en medio de reproches, insultos y demoras en la obtención del quórum necesario para sesionar.

Pero el oficialismo recibió quizás una inesperada muestra de apoyo, cuando una docena de gobernadores se reunió este lunes con representantes del gobierno para manifestar su apoyo al controvertido proyecto.

El ejecutivo de Macri había firmado un acuerdo fiscal con 23 de las 24 provincias –la mayoría de las cuales son gobernadas por la oposición peronista– con la promesa de que recibirán los fondos resultantes del ahorro generado por la aplicación de la reforma.

El diputado Agustín Rossi, uno de los líderes del bloque opositor kirchnerista, fue contundente.

"Si los diputados van a votar a favor porque sus gobernadores les dicen que si no lo hacen no van a recibir los fondos del Tesoro, eso se llama extorsión".

Mientras en el Congreso, oficialismo y oposición se enzarzaban en un ríspido debate, afuera, en las calles, la tensión fue en aumento durante toda la jornada.

Con el marco de una huelga general convocada a partir del mediodía por la influyente Confederación General del Trabajo (CGT), violentos enfrenamientos entre manifestantes y policías ocurrieron en la plaza del Congreso.

Militantes sindicales y sociales de tendencia radical tiraron piedras, botellas y cohetes contra la Policía y la Gendamería. A su vez, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Una jueza prohibió el uso de armas de fuego.

La protesta se trasladó a la avenida 9 de Juliio, con un saldo de más de 80 heridos, 44 de ellos policías y cerca de 50 detenidos.

LAS CLAVES

Reforma. La reforma jubilatoria, que tiene media sanción del Senado, cambia la forma en que aumentan las jubilaciones y la periodicidad de los incrementos.

Cálculo. El proyecto establece que el monto de las jubilaciones se actualice cada tres meses y que el aumento se base en 70% del IPC y 30% por la evolución del salario de los funcionarios estatales.

Visión. Para el gobierno, la reforma favorece a los jubilados.


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