Humberto Radiccioni, propietario del predio de una fábrica de ticholos de Empalme Olmos y padre del diputado Javier Radiccioni, esperó a dos de los dueños de la empresa a la salida. Ambos estaban llegando al lugar en sus autos. Luego ingresó con uno de ellos a un ómnibus que estaba al lado de los vehículos, y el otro los siguió a los pocos segundos. El único en salir fue Radiccioni, quien luego volvió a ingresar.
La escena se desprende del video de una cámara de seguridad que muestra el momento exacto en el que Radiccioni disparó y asesinó a sus dos de los propietarios de la fábrica en ese ómnibus el pasado 21 de setiembre, publicado por el periodista Eduardo Preve y compartido a El Observador por la familia de una de las víctimas.
Además, desde la familia también compartieron la llamada al 911 que las víctimas realizaron mientras agonizaban por los disparos. "Sufrimos disparos en Empalme Olmos", expresó uno de los heridos a una mujer que atendió el teléfono y que le preguntó dónde estaban. "En la fábrica de Radiccioni, todos saben cuál es", respondió.
En ese momento, se sintieron nuevos disparos y los hombres dejaron de responder. En el video, se puede ver como Radiccioni vuelve a ingresar al ómnibus, momento en el que la defensa entiende que el hombre entró para ultimar a sus socios.
El hombre, de 76 años, fue imputado dos días después por dos delitos de homicidio agravado por el uso de armas de fuego. El entonces abogado defensor del imputado Fernando Silveira dijo a Telenoche (Canal 4) que esto era un "tema de larga data". "Lo amenazaban, lo empujaban, venía de hace mucho tiempo, con instancia conciliatoria en el ámbito civil", afirmó.
Si bien la Fiscalía había pedido que tuviera prisión preventiva mientras durara la investigación, la defensa logró que el juez le otorgara prisión domiciliara durante 180 días. Esto se debió a la edad y su estado de salud. Tiene síntomas de Parkinson y está bajo estudios médicos para determinar si padece cáncer de colon.
El caso también tuvo acusaciones cruzadas entre las defensas de ambas partes. El exfiscal de Corte Jorge Díaz, abogado de la familia de Nicolás Bruzzone, señaló a El Observador que debió asistir a la fábrica junto a su socia Florencia Mazzei tras ser alertados de que uno de los hijos del homicida se estaba llevando mercadería del negocio. El hombre les manifestó que lo estaba haciendo para pagarle a los trabajadores.
Consultados sobre esta situación, el estudio de abogados que representa a Radiccioni aseguró a El Observador que "es absolutamente falso lo que expresan los familiares de Bruzzone y que han divulgado en forma temeraria a los medios". "La empresa vende sus productos ya que es lo que corresponde hacer como fábrica, siendo una empresa en marcha y así poder solventar los gastos y salarios", ratificó el estudio.
El Poder Judicial impuso una prohibición cautelar a cuatro personas vinculadas a las víctimas para que no puedan "adoptar y ejecutar decisiones y/o acciones" a nombre de la empresa de ticholos, y en lo que respecta a sus "empleados, proveedores y/o clientes".
El documento, al que accedió El Observador, indica que esta prohibición se debe a que los señalados deben acreditar "su condición de herederos" de los fallecidos.
Del otro lado, Fiscalía sigue buscando que Radiccioni cumpla su pena en una prisión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en vez de en su casa mientras continúa la investigación, confirmó a El Observador la fiscal del caso, Silvia Blanc.
A pesar de la decisión de que la solicitud de Blanc de que el empresario pase al INR fue rechazada por un Tribunal de Apelaciones por su situación de salud, la fiscal indicó que ahora obtuvieron un "certificado médico" que marca que "si se le cumplen las condiciones" de reclusión necesarias para su salud, no habría "problemas" para que Radiccioni pase los días restantes de prisión preventiva en el INR.
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