La desinformación mata. Hace dos años, el 28 de octubre de 2023, una turba prendió fuego la oficina de la Registraduría en Gamarra, un pueblo de Colombia. En ese país, la Registraduría es la dependencia estatal encargada de organizar las elecciones. La multitud estaba enardecida por una cadena de WhatsApp que denunciaba que se estaba organizando un fraude en la votación del día siguiente. No era verdad. Era solo otra fake new. Las funcionarias solo estaban haciendo su trabajo. Una de ellas murió. Otra quedó en estado vegetativo.
La dramática historia fue relatada por Hernán Panagos, registrador nacional de Colombia, al inicio del Encuentro Regional sobre Integridad electoral, desinformación y violencia política digital de género que se desarrolló en Cartagena, el 15 y 16 de octubre.
Organizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y auspiciado por el gobierno de Luxemburgo, el seminario reunió a autoridades electorales, organizaciones civiles, periodistas, verificadores de datos y representantes de las plataformas digitales. El ministro de la Corte Electoral José Korzeniak fue uno de los participantes.
Panagos concluyó que “la desinformación hoy no tiene precedentes y no estamos preparados para esto”.
A su turno, el politólogo argentino Mario Riorda, experto en comunicación política, completó un panorama preocupante.
Riorda, uno de los asesores de la campaña que llevó a la presidencia a Yamandú Orsi, remarcó que no hay soluciones fáciles para enfrentar la ola de desinformación actual: “La posibilidad de frenar o regular esto, es técnicamente ir a contrasentido de a dónde va el mundo”.
El argentino recordó que hoy algo se puede subir a la red y transformarse en tendencia regional o internacional en cuestión de minutos. Se trata de un fenómeno que llamó “la potencia del aceleracionismo” donde todos en mayor o menor medida participamos.
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El argentino Mario Riorda durante su exposición
Idea Internacional
“El enfoque de acción urgente nos toca como ciudadanos, pero también impacta en la política y el periodismo”, señaló. “Es la necesidad de actuar urgente, la necesidad de decir algo a tiempo real, de ser el primero, de ser viral. Por lo tanto, además de la visión macro y contextual de lo que sucede, hay también una acción imperativa que no tiene freno y es la nuestra”.
Los propios ciudadanos caen en esa aceleración que nos lleva a “opinar rápido, opinar con riesgos, apurarse, básicamente de trabajar en internet”.
Todo eso aumenta la posibilidad de desinformar, sobre todo por el modo en que se comparte hoy la información.
Riorda mostró un estudio realizado en Argentina sobre cómo se consume hoy el contenido digital. Dos terceras partes de la población lo ve en modo fragmentado, diferido y compartido. Se consume en “pedacitos”, a los que se accede “en algún momento”. El contenido puede ser verdadero, pero de años atrás, de otro lugar o de otro contexto. Pero nada de eso no impide compartirlo como si fuera vigente y actual: “Si lo odio, lo comparto; si lo amo, lo comparto. Siempre en versiones resumidas. En este contexto, es difícil frenar y creer que alguien puede regular esto”, advirtió.
Para el experto argentino, el panorama se complica por la existencia de lo que llama “la mentira política industrial”: las noticias falsas muchas veces difundidas, e incluso generadas, por los propios políticos.
Puso como ejemplo las apelaciones de Bolsonaro, cuando siendo presidente y buscando la reelección, apelaba al “fraude preventivo”: decía que si obtenía menos del 60% de los votos era porque había fraude.
Lo mismo ocurrió en Perú, relató. “Cuando se da la primera vuelta, Castillo dijo que si no ganaba la segunda vuelta, había fraude. Fraude preventivo. Cuando en la campaña de la segunda vuelta, las encuestas empezaron a favorecer a Castillo, Keiko Fujimori dijo: ‘Aquí hay olor a fraude’. Y cuando ganó Castillo, un sinnúmero de actores empezaron a hablar de fraude, incluyendo a la persona intelectualmente más potente de todo Perú: Vargas Llosa. La pregunta es, ¿cómo se combaten las fake news si son los propios actores los que proclaman básicamente la difusión de fake news?”.
Finalmente, a pesar de que las elecciones tuvieron “un aval internacional muy potente (…) el 54 % de los peruanos creía que había habido fraude y en gran parte responsabilizan a los organismos electorales”.
Riorda citó un estudio realizado en Argentina junto la organización de verificación Chequeado.com. En siete años analizaron 1.119 discursos de todos los poderes políticos. La mitad eran falsos. Y solo una cuarta parte resultó totalmente verdadero. La situación se replica en otros países. Un análisis reveló que el 56% de los dichos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su programa radial “Las Mañaneras” era falso.
“Fíjense que los números nunca son pocos. Nunca es algo ocasional. Nunca”, remarcó. “Cuando se chequea discurso político, básicamente, hay mentira predominante”.
Solo Tik Tok
Entre las acciones propuestas para intentar superar este fenómeno muchos señalaron la necesidad urgente de una educación digital ciudadana. “Hay que empoderar a las personas para que sean críticas de la desinformación”, dijo Alfonso García, subdirector de Síntesis y Monitoreo Informativo del Instituto Nacional Electoral de México.
El INE mexicano elabora contenidos que enfrenten las informaciones falsas. En esa línea, varios expositores reclamaron acciones más enérgicas de los organismos electorales ante la desinformación, lo que llevó a Korzeniak a declarar que la Corte Electoral en Uruguay no podía ir más allá de los cometidos que la ley le fija.
Al mismo tiempo, muchas de las ponencias pusieron en tela de juicio el accionar de las plataformas digitales.
Karen Ahués, jefa de la Unidad de Comunicaciones del Servicio Electoral de Chile, señaló que la libertad de expresión siempre debe defenderse, pero señaló que las plataformas desvirtúan su real significado.
“Las plataformas refieren a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es un derecho humano no es un derecho de actores que no sabemos si son humanos”, criticó en alusión a los miles de bots que contaminan las campañas electorales. “No podemos ampararnos en el anonimato para proteger la libertad de máquinas, de productos, de falsas identidades”.
Ahués acusó a las plataformas de emplear la coartada de la libertad de expresión para negarse a eliminar contenidos desinformativos. “A nosotros la única plataforma que nos ha bajado un contenido falso ha sido Tik Tok”, señaló.
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Karen Ahués, del Servicio Electoral de Chile (izquierda), y Pamela San Martín (centro), de Meta.
Idea Internacional
La funcionaria chilena reclamó que las plataformas transparenten sus algoritmos y dijo que al no dar a conocer la identidad de quien está detrás de las cuentas que desinforman, impiden que se aplique la legislación contra las injurias.
El debate tomó color cuando intervino la mexicana Pamela San Martín, una abogada que es copresidenta del Consejo Asesor de Contenidos de Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram.
El Consejo Asesor es una especie de tribunal al cual Meta confía la decisión final de mantener o dar de baja los contenidos denunciados. Según las reglas que se han fijado, si el Consejo pide que un contenido se dé de baja, Meta no puede negarse.
San Martín exhibió un punto de vista discordante con muchas exposiciones previas. Sorprendió afirmando: “Hay desinformación que puede no ser dañina”. Y “el derecho a la verdad no es un derecho”.
Además, rechazó la idea de regular las plataformas. “Cada vez que escucho la palabra regulación me empieza a dar erisipela, empiezo a sudar frío”. Equiparó los intentos regulatorios con la censura.
De todos modos, San Martín admitió que Meta y las demás plataformas “obviamente” deberían ser más abiertas y transparentes respecto a sus algoritmos. Y señaló que si bien la mayoría de las sugerencias del Consejo son aceptadas por la dirección de Meta, eso no siempre ocurre.
Relató el caso de un dictador asiático al cual el Consejo Asesor pidió eliminarle las cuentas en las redes sociales debido a que las empleaba sistemáticamente para amenazar a la oposición. Meta aceptó quitar algunas de sus publicaciones en forma unitaria, pero no eliminarle las cuentas en forma definitiva, como el Consejo había pedido.
Bots contra mujeres
El Encuentro también abordó cómo la violencia digital es padecida en forma más grave por las mujeres políticas.
La campaña para las elecciones presidenciales que Chile celebrará el 16 de noviembre fueron uno de los ejemplos planteados.
La candidata de la derecha tradicional chilena, Evelyn Matthei, ha sido objeto de una intensa campaña de desprestigio en las redes. Matthei cayó en las encuestas luego de que cuentas anónimas machacaran en forma falsa con que padece Alzheimer.
Los mismos bots también agredieron a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, según demostró una investigación del canal Chilevisión. El candidato del Partido Republicano (de derecha radical), José Antonio Kast, ha sido acusado de estar detrás de los bots que agredieron a ambas candidatas.
Kast argumentó que él es respetuoso en las redes sociales y que no contrató bots, pero se disculpó con Matthei.
El Encuentro Regional buscó “fortalecer los ecosistemas de integridad electoral en América Latina”.
En su más reciente Informe sobre el Estado Global de la Democracia, IDEA Internacional advirtió “un panorama de debilitamiento institucional, erosión de derechos y restricciones a la prensa, fenómenos que son agravados por la desinformación y la violencia digital, especialmente hacia las mujeres”.
El documento alerta que la libertad de prensa atraviesa su mayor retroceso en los últimos 50 años.
