Giovanni Battista Piranesi grabó en el siglo XVIII una serie de imágenes que todavía inquietan: arquitecturas carcelarias imposibles, estructuras que se superponen sobre estructuras, escaleras que no llevan a ningún lado, arcos que sostienen otros arcos sin destino claro. Nadie vive en esas cárceles. Nadie las habita realmente. Son monumentos a la lógica del encierro llevada hasta el absurdo, laberintos que se justifican a sí mismos por su propia complejidad. Al observar el estado actual del debate penitenciario en Uruguay, la referencia no parece extravagante. El anuncio por parte del presidente de la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad para alojar a cien personas cada una llegó con la solemnidad característica de las grandes reformas.
Se trata, digámoslo sin rodeos, de una reforma que ocuparía potencialmente solo al 1,26% de la población penitenciaria. El problema es que doscientas plazas nuevas, en el contexto de un sistema penitenciario que acumula décadas de deterioro estructural, hacinamiento crónico y condiciones que desafían cualquier estándar mínimo de dignidad, no resuelven nada esencial. Porque el foco problemático no es, ni de cerca, la situación de doscientas personas. El foco es la población excedente del sistema en su conjunto: los miles de reclusos que habitan unidades pensadas para la mitad de quienes las ocupan, que conviven en espacios donde la violencia no es una anomalía sino una consecuencia directa del colapso institucional.
A contramano del Libro Blanco
Lo que hace más llamativo el anuncio es su relación con el instrumento que debería haber orientado exactamente este tipo de decisiones. El Libro Blanco de la Reforma Penitenciaria, incorporado en la gestión pasada —presentado con orgullo como ejemplo de continuidad de políticas públicas basadas en evidencia por la actual gestión, y fruto de un proceso participativo que involucró a actores políticos, académicos y de la sociedad civil— parte de un diagnóstico que nadie discute: el sistema penitenciario uruguayo atraviesa un agotamiento estructural. Hacinamiento, malas condiciones edilicias, carencias de recursos humanos y materiales, debilidad del sistema de medidas alternativas. El documento lo dice con todas las letras. Pero el Libro Blanco no se detiene, al menos retóricamente, en el diagnóstico, sino que propone reformar, en términos abstractos, el sistema sobre bases y principios respetuosos de los derechos fundamentales, tomando como eje la reducción de la reincidencia. Algo así como el discurso de rigor de cualquier documento de este tipo en pleno siglo XXI.
Hasta aquí tenemos apenas un paper académico. Un producto distinto a un documento de gestión: este no se mide por la solidez de sus principios sino por la precisión de sus lineamientos —qué se hace, con qué recursos, en qué plazo, quién es responsable de qué—. De nada de eso habla el Libro Blanco con la especificidad que una reforma real exige. Un insumo de política pública no se mide por lo que nombra sino por lo que permite decidir, y este no permite decidir nada, más allá de postular intuitivamente que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe ser un Servicio Descentralizado. Pero hay algo peor que la vaguedad. En ese mismo texto que aspira a reformar el sistema penitenciario en su conjunto, la cuestión de la máxima seguridad —uno de los nudos más delicados y debatibles— merece exactamente una oración. Una. De carácter puramente descriptivo, sin análisis, sin evaluación, sin recomendación alguna. Se consigna escuetamente que la Unidad n.º 25, instalada dentro del predio de la Unidad n.º 4, es considerada una cárcel de máxima seguridad con medidas especiales y que depende directamente de una subdirección. Aparece y desaparece en el mismo renglón, como si nombrarlo fuera suficiente, como si la existencia de un modelo de encierro de esas características no exigiera ninguna pregunta: si funciona, si es legítimo, si debería expandirse, si debería revisarse, si debería abandonarse.
Planos superpuestos, escaleras sin apoyo: ¿hacia dónde estamos subiendo… o bajando?
Que ahora se anuncie la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad sin que el documento que supuestamente orienta la reforma penitenciaria haya dicho una sola palabra útil sobre el asunto no es, entonces, solo una desconexión entre la política y la técnica. Es la confirmación de que el Libro Blanco nunca llegó a ser lo suficientemente preciso ni concreto como para ser seguido o ignorado con propiedad. El anuncio no traiciona al documento. Simplemente ocurre en otro universo, como las escaleras de Piranesi que arrancan de una pared y terminan en otra, sin que nadie pueda explicar qué conectan ni para qué fueron construidas. El diagnóstico está en un piso, la propuesta en otro, y la decisión final en un tercero al que no llega ninguna escalera.
El documento es también la confirmación de una fisura estructural que el sistema conoce y ha aprendido a no nombrar: hay una abundancia de personas que saben diagnosticar desde el Estado y una escasez crónica de quienes saben ejecutar. Uruguay produce diagnósticos con una elocuencia casi literaria, los financia y los encumbra en múltiples presentaciones. Lo que no produce —o no tolera— es la prosa sin gloria de la ejecución: la fecha concreta, el responsable identificable, la cadena de decisiones que convierte un documento en un hecho relevante, en un cambio concreto.
Ambos autores tenemos pasión por el fútbol, y expresado en esos términos, Uruguay sería campeón del mundo a la hora de diagnosticar, y se iría al descenso a la hora de ejecutar.
El cerebro negro de Piranesi… (Víctor Hugo)
Un sistema penitenciario en crisis no se reforma con doscientas plazas nuevas de máxima seguridad. Se reforma cuando alguien toma la decisión políticamente costosa de mirar de frente a la población que ya está adentro: en qué condiciones vive, con qué recursos humanos se trabaja con ella, y qué hace falta para que el encierro cumpla alguna función que no sea almacenar personas hasta que salgan peor de lo que entraron.
Cabe entonces preguntarse para qué sirve que los actores políticos que gestionan directamente el sistema se dediquen sistemáticamente a diagnosticar su propio fracaso. Y, sobre todo: de qué sirve que cuando finalmente proponen algo, esa propuesta no tenga ninguna relación con el diagnóstico que ellos mismos elaboraron. El ejercicio produce documentos impecables y decisiones inconexas, un género propio de la gestión pública que combina la inocuidad del análisis sociológico con la indiferencia de la acción política. Necesitamos, en todo caso, libros negros, aburridos, que asignen recursos a la resolución de problemas, y personas responsables que sean política y técnicamente controladas por su gestión.
Necesitamos mayor incorporación de tecnología e inteligencia artificial aplicadas a la praxis cotidiana, recoger experiencias exitosas que el mundo ha producido y hacerlo sin sesgos de ninguna clase.
Entre pesadillas, pánico e incomprensiones —en palabras de Aldous Huxley en su esclarecedor ensayo sobre la obra de Piranesi— se mueve el actual juego de discursos descriptivos y prescriptivos del gobierno en esta delicada materia. Salvando, por supuesto, el valioso aporte y la dedicación de los jerarcas del Instituto Nacional de Rehabilitación, que mantienen los motores que permiten operar, aún con cierta coordinación, este desvencijado aparato de encierro. Son ellos quienes habitan de verdad el laberinto, quienes suben y bajan sus escaleras cada día, sin que nadie desde afuera se haya molestado en trazar un mapa coherente.
El sentido de esta columna no es criticar al Libro Blanco, sino simplemente señalar que, sin el "Libro Negro", no hay solución que contemple realmente la vigencia de los derechos fundamentales.
Porque, al fin y al cabo, de eso se trata: poner la dignidad humana en el verdadero centro de las decisiones.
