A medida que pasaron los días desde el asesinato de Morosini de sus hijos, de 2 y 6 años, y su suicidio, se han ido revelando detalles del caso y se han hecho anuncios ¿dónde se debería poner el foco?
Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos en Soriano
FacebookA una semana de que los cuerpos de Francisco y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 y 6 años, fueran encontrados en el arroyo Don Esteban, en Río Negro, asesinados por su padre que se hundió con ellos, permanecen la conmoción y el dolor.
A su vez, se han ido revelando detalles del caso que han servido para tomar decisiones y hacer anuncios, algunos de los cuales lejos están de resolver el tema de fondo, que es complejísimo y tiene muchas aristas. Justamente sobre algunos de esos aspectos te hablaré en esta newsletter EnClave.
Los estudios confirman que los niños son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar.
Una encuesta de Unicef que se dio a conocer días atrás dio cuenta de que 1 de cada 3 niños sufre violencia psicológica y 16,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 14 años ha sido víctima reciente de algún tipo de agresión o castigo físico por parte de su padre, madre u otros miembros adultos del hogar. De ellos, el 2,2% fue sometido a castigos físicos severos en el mes anterior a la encuesta.
La investigación no abarcó situaciones de filicidios ni violencia vicaria, como fue el caso Morosini. Pero según la estadística oficial del Sipiav (Sistema Integral de Protección a la Infancia), al menos 13 niños murieron por violencia vicaria entre 2023 y lo que va de 2025. Este tipo de violencia es definida como la que se ejerce sobre los hijos/as para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer, como daba cuenta esta nota de Tomer Urwicz.
A su vez, en los últimos meses hubo dos casos de filicidios por parte de madres: el de la mujer de 22 años que en junio golpeó a unas mellizas recién nacidas en Tacuarembó (una murió y la otra quedó en el CTI) y el de la funcionaria policial de 28 años que en agosto se tiró desde un sexto piso de un edificio en Pocitos con su bebé de dos meses en brazos.
La mujer había intentado tirarse con sus otras dos hijas de 12 y tres años, pero la mayor logró zafarse y rescatar a su hermana. Según denunció el sindicato policial luego del hecho, la mujer tenía una frágil salud mental que no había sido atendida y un historial de violencia por parte de sus exparejas.
Otro estudio de Unicef –más viejo que el anterior– recogió casos de entre 2012 y 2018, y dio cuenta de que la principal causa de muerte en la primera infancia es la violencia intrafamiliar. De 31 casos de niños de entre 0 a 5 años asesinados, en 10 casos la responsable había sido la madre, en 3 casos el padre, en 8 casos la pareja/expareja de la madre, en tres casos otro familiar y en los restantes casos, desconocidos.
Tanto en el caso Morosini como en otros, lo que subyace son los gravísimos problemas de salud mental. El audio que el hombre de 28 años envió a su cuñada (rato antes de llevarse a sus hijos para matarse con ellos) muestra a una persona en un estado de absoluto desequilibrio.
Los uruguayos tenemos graves problemas de salud mental que no están siendo atendidos y mientras no se tomen medidas en ese sentido para que las personas tengan acceso a profesionales que les dediquen tiempo y atención, seguirán existiendo tragedias.
La capa superior y visible de esa problemática es la violencia, por lo que también se hace urgente atender el problema de la violencia de género porque los niños y las mujeres son los más vulnerables.
Las autoridades tienen que preguntarse qué falló y hacer ajustes. También se lo debería preguntar el sistema de salud, siendo que en febrero Morosini había intentado suicidarse, según la denuncia que presentó la madre de los niños.
Con respecto al accionar policial, como informamos en esta nota, 15 minutos después de que Ramos denunció el secuestro de los niños, Morosini ya estaba entrando al arroyo donde los asesinó y se mató. Es decir que recorrió un trayecto corto, que al circular a 120 o 130 km/h le llevó minutos.
Aún así transitó por una ruta nacional y pasó por un peaje. Y cabe preguntarse, pese a los cortos tiempos, si no se lo podía detener.
El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, dijo esta semana en el Parlamento –a donde concurrió con el ministro del Interior Carlos Negro por fugas en las cárceles- que si Ramos hubiera llamado al 911 y no a la comisaría especializada para denunciar la situación, los tiempos podrían haber sido menores. "Esta comisaría crea el evento con el Centro de Comando Unificado de Soriano y de ahí envía el móvil al lugar para ver la escena y cuál era la situación. Todo eso demoró seis minutos, pero podría haber sido menos. Además, luego había que recabar información con la madre de las víctimas respecto a cómo se había dado la sustracción de los menores por parte del padre. Estuvo en el rango de una prioridad uno, que está entre tres y siete minutos”, afirmó.
¿Cómo podía Ramos saber todo esto si al momento de hacer la primera denuncia la Policía no le explicó qué hacer frente a eventuales situaciones de riesgo? Es lógico pensar que la mujer llamaría a la comisaría que estaba atendiendo su caso.
El otro ámbito de actuación es el judicial.
El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º Turno remitió a la Suprema Corte copia de lo actuado por la jueza Beatriz Giordano, quien tomó las medidas de no acercamiento aplicando la Ley nº 19.580 de Violencia doméstica basada en género.
Según ese reporte, Ramos hizo la primera denuncia por “violencia psicológica” el lunes 1° en la comisaría especializada contra Morosini, con quién estaba en pareja desde los 15 años. La mujer contó que luego del intento de suicidio él había dicho que se sometería “a terapia para mejorar, pero no hubo cambio”. Allí mencionaba que había recibido un video donde Morosini iba con sus hijos en el auto y les decía que se “despidieran" de su madre.
Ramos dijo que no quería custodia policial, y pidió medidas cautelares para ella, pero no para sus hijos. La jueza dispuso “prohibición de acercamiento, contacto y comunicación por cualquier medio por el plazo de 180 días y en un radio de 50 metros, así como retiro del hogar con prestación de garantías”.
Tras evaluar lo actuado por la jueza, la Suprema Corte consideró que estuvo omisa en no citar a audiencia dentro de las 72 horas de presentada la denuncia, como ordena la ley y decidió iniciarle un sumario, sin separación del cargo. El sumario se hace también para que se analice si la jueza evaluó bien los riesgos que existían en el caso.
Habrá que esperar al resultado pero en el caso había un intento de suicidio, un escenario de violencia psicológica y al menos una amenaza previa de quitarle a sus hijos. Sin embargo, la jueza dio las órdenes telefónicas y no convocó a la pareja a audiencia para escucharlos.
Un tema aparte que ameritarían varias notas son las graves carencias de la justicia que atiende los casos de violencia de género. Para centrarme en lo principal destacaré dos aspectos:
1) La falta de recursos. La ley de género se aprobó sin recursos y los consiguientes gobiernos siguen sin darle recursos. Por eso el Poder Judicial aprovechó este viernes para recordarle al Ejecutivo que pidió 24 juzgados para destinar 18 al interior (donde apenas hay especializados en tres departamentos) y el gobierno contempló sólo 5 en todo el país.
2) La forma en que se aplica la ley requiere ajustes varios. Por un lado, los jueces precisan contar con equipos técnicos que los asesoren en temas de los que no saben y por lo general esos informes se hacen en 15 minutos y a las apuradas, mientras una larga cola de personas esperan para ser atendidas. El otro aspecto es el de las denuncias falsas, del que también se ha hablado a consecuencia de este caso
Días atrás se presentó un estudio académico que concluyó que de 85 expedientes judiciales iniciados y estudiados entre 2021 y 2023, solo uno partía de una denuncia falsa. El estudio elaborado por prestigiosas profesionales como la socióloga Teresa Herrera (coordinadora), las abogadas Alicia Deus, Natalia Fernández y Soledad Suárez, y la licenciada en Comunicación Marta Leites, abarcó los casos de expedientes judiciales iniciados por Fiscalía por delitos de calumnia y simulación de delito, y el análisis de las causas de calumnia y simulación de delito específicamente por denuncias falsas de violencia de género.
Sin embargo, el problema está en un ámbito que el estudio no abarcó y que son los juzgados de Familia Especializada, donde con sólo denunciar el agresor puede ser obligado a irse del hogar y pueden pasar seis meses sin que se resuelva el tema.
Esa situación se da en el marco del desborde de trabajo de los jueces de familia especializada. Montevideo tiene 12 juzgados, pero dos de ellos están de turno cada semana y lo repiten cada seis. Y en el interior un mismo juez atiende además de familia especializada, familia común, civil y laboral.
La ley de violencia basada en género obliga a tomar medidas para prevenir más allá de que existan o no pruebas. Entre esas medidas, es necesario disponer el retiro del hogar del agresor (si viven juntos) y la prohibición de acercamiento. Estas disposiciones siempre se tienen que tomar por 180 días.
Según la gravedad de la denuncia, los jueces piden un informe al Equipo Técnico y fijan audiencia. Si el equipo técnico alerta que existe alto riesgo se coloca la tobillera electrónica. Pero en la mayoría de los casos esto se resuelve por teléfono y no se cita a audiencia, como pasó en el caso Morosini.
En esa instancia perfectamente se pueden colar falsas denuncias y puede pasar que un padre deba salir seis meses de su casa y deje de ver a sus hijos.
A su vez, ante la sospecha de que exista delito -la ley de violencia de género 19.580 indica que todo tipo de violencia puede ser delito- el juez debe dar cuenta a la Fiscalía. Muchos casos no llegan a ser analizados por los fiscales, que también están desbordados.
Las reacciones políticas y los oportunismos no se hicieron esperar.
Por un lado, desde la oposición se puso el foco en la ley Amber, que contribuye en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave, pero que no ha sido reglamentada aún.
Por otro lado, en el oficialismo y en colectivos feministas se levantaron voces sobre la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida, aprobada en el pasado gobierno y cuestionada porque no piensa en el interés superior del niño, y coloca en primer lugar el derecho de un padre a ver a sus hijos.
Al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, le tocó el trago amargo de dar la cara en Torre Ejecutiva cuando se realizó una movilización pidiendo tomar medidas frente al caso Morosini. En declaraciones que hizo a los medios dijo que “tobilleras hay” y que “hay que conversar con la Suprema Corte de Justicia para que se hagan evaluaciones de riesgo mucho más serias”.
“Acá no solo falló el Estado: falló la sociedad entera y llegamos tarde”, dijo también y convocó esta misma semana a una reunión en Presidencia para tomar medidas sobre el tema. Allí estuvieron la presidenta del INAU, Claudia Romero; la directora del Inmujeres, Mónica Xavier; y la directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta. También participaron dos activistas feministas, una representante de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Con buena voluntad, Xavier dijo que trabajarán intensamente en los próximos días para dar una respuesta a los pedidos sobre “medidas concretas” que se plantearon durante la reunión.
No se entiende que no hayan sido convocados ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, que son los encargados de poner en práctica la ley de género. Y volviendo al tema de la salud mental, se debería convocar también al Ministerio de Salud o a ASSE. Si se quiere abordar el problema con seriedad y tomar medidas concretas parece fundamental sumar a todos los puedan aportar sobre un tema que no admite más demoras.