Es notoria la preocupación del gobierno actual de limitar la discrecionalidad de los gobiernos de turno.
El Ejecutivo presentó al Parlamento un plan quinquenal que incluye carreteras, ferrocarriles, puertos y obras de agua y saneamiento. También propone limitar todos los contratos de largo plazo para evitar comprometer recursos de futuros gobiernos.
Carreteras y ferrocarriles en agenda
El proyecto de Presupuesto 2025–2029 incorpora un paquete de obras viales que apunta a rutas de menor jerarquía, tras el fuerte impulso a los corredores principales en el período anterior. Se prevén intervenciones en las rutas 26, 11, 4 y 2, además de bypass en Tala y en el eje Rivera–Puerto Seco.
En materia ferroviaria, se destaca la rehabilitación del puente sobre el Río Negro y la mejora de las conexiones con la terminal de ANCAP en Montevideo y Durazno, junto con la conexión al puerto capitalino.
Puertos, dragado y movilidad metropolitana
El plan quinquenal también contempla obras en terminales comerciales y deportivas, sumadas a nuevas tareas de dragado. En el área metropolitana, se proyecta la creación de corredores de alta frecuencia y de una Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano, que coordinará los proyectos de movilidad en la región más poblada del país.
Agua y saneamiento: Casupá y nueva planta en Aguas Corrientes
El presupuesto incluye la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá y de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, que sustituirá al proyecto Neptuno renegociado con el consorcio privado. Además, se prevén obras de riego que estarán bajo la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
Un nuevo marco para la inversión pública que impacta en presupuestos de futuros gobiernos
El proyecto establece, en su artículo 676, que la restricción existente para los contratos de participación público-privada (PPP) —que limita el uso de financiamiento de largo plazo por su impacto en futuros presupuestos— se extenderá a todas las modalidades de ejecución de obras públicas de infraestructura y todas las entidades públicas, incluido las personas públicas no estatales como como la CND y CVU. Por lo tanto, los compromisos de pagos públicos que trasciendan al gobierno de turno, no podrán exceder el 0.7% del PBI del año anterior, al igual que cuando las inversiones se hacen bajo la ley PPP.
Es notoria la preocupación del gobierno actual de limitar la discrecionalidad de los gobiernos de turno, lo cual parecería ser fruto de la experiencia reciente del gobierno anterior que firmó varios contratos que afectan recursos de gobiernos futuros, como fue el caso de los Contrato CREMAF realizados por CVU (repago a 10 años) o el proyecto Neptuno contratado por OSE (repago a 17 años), los cuales no estaban topeados por el legislativos en el uso de recurso de largo plazo, como sí sucede con los Contrato PPP.
¿Mas PPP?
Si bien el mensaje oficial no detalla bajo qué modalidad contractual se ejecutarán estas obras, se podría asumir que el gobierno actual no optará por un uso intensivo de un único mecanismo contractual en concreto (Obra Pública, CREMAF o PPP). Por el contrario, mantendría abierta la posibilidad de recurrir a todo el set de opciones disponibles, incluyendo la reactivación de la herramienta PPP, utilizada de forma amplia en las administraciones frenteamplistas. Si bien los Contratos PPP han sufrido críticas por sus largos tiempos de implementación desde todos los espacios políticos, es notorio que este nuevo gobierno tenga interés en revivir esta herramienta que fue creada durante el gobierno de Mujica, además de que va en línea con la preocupación fiscal manifestada, ya que desde el punto de vista de planificación de infraestructura brinda más profesionalidad y sostenibilidad, dado que su estructuración requiere un camino riguroso a transitar, con la participación clave de la OPP y el MEF, quienes en última instancia autorizan los proyectos si garantizan la factibilidad socioeconómica y la sostenibilidad fiscal al largo plazo.