Lo político pesó sobre lo jurídico para definir el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, que se estiró y agrandó innecesariamente durante dos meses, para tener un resultado que podía haberse encontrado en la primera semana de debate
iVolvió a pasar! Lo político pesó sobre lo jurídico para definir un caso que se estiró y agrandó innecesariamente durante dos meses, para tener un resultado que podía haberse encontrado en la primera semana de debate.
Además, aunque se había anunciado que se esperaría al informe de la Jutep para tomar una decisión, antes de que el organismo emitiera su dictamen indicando que no había incompatibilidad, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, ya había acordado con el presidente Yamandú Orsi y con la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, renunciar a la actividad privada.
La decisión no se tomó porque se entienda que es incompatible que atienda pacientes de instituciones privadas que tienen vínculo con el prestador de salud estatal que dirige, como plantearon varios informes técnicos, incluido uno de la Jutep. Ni siquiera queda claro por qué se resolvió esto ahora, pero todo el episodio deja un sabor amargo: el debate político de zócalo continúa mientras queda clara la inutilidad de un organismo que ha demostrado ser incapaz de cumplir con los cometidos que la ley le manda. En esto me centraré para tratar el tema Danza.
La oficina del olvido. La Junta Anticorrupción tiene que velar por la transparencia del Estado. Pero el gobierno y el Parlamento la ignoran. No tiene facultades ni recursos para cumplir con su deber.
Podría ser el titular de una nota de esta semana. Pero fue el de un informe del suplemento Qué Pasa de El País del 14 de octubre de 2005 en el que se daba cuenta de que nada de lo que el organismo había pedido al nuevo gobierno había sido considerado en el Presupuesto 2005 (en el primer gobierno de Tabaré Vázquez).
Pasaron veinte años y la situación se mantiene incambiada. Se le han ido agregando tareas, se aprobaron leyes que ajustaron sus cometidos, pero el poco margen de acción y la falta de recursos de la Junta de Transparencia y Ética Pública han sido constantes. Y eso llevó a la actual presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ana Ferraris, a reprocharle al gobierno que lo que le asignaron de prespuesto no era consistente con la idea de "que gobierne la honestidad", que usó el Frente Amplio como eslogan de la campaña electoral.
Aquella primera junta –se llamaba Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado- que se inauguró en el gobierno de Jorge Batlle estaba conformada por Jorge Sambarino, y los abogados Carlos Balsa y Eduardo Piaggio. Este último había sido magistrado y procurador de lo Contencioso Administrativo.
El perfil técnico y probo de aquellos primeros integrantes no era puesto en duda por nadie, aunque tuvieron algún vínculo político. También se destacó la Jutep presidida por Ricardo Gil Iribarne porque pese a contar con los mismos escasos recursos de los anteriores y posteriores directorios, y a ser un reconocido frenteamplista, realizó un trabajo serio y no le hizo asco a los temas que iban surgiendo.
Elaboró un informe sobre la violación de las normas de la función pública en el caso Ancap que resultó decisivo para el procesamiento del expresidente del ente Raúl Sendic. También supo ir a fondo señalando el nepotismo en las intendencias y otros cargos públicos. Hasta el presidente Tabaré Vázquez tuvo que cesar a su consuegro, Enrique Daniel Estévez, del cargo de chofer del equipo de seguridad presidencial debido a un posible conflicto de interés que le señaló el organismo.
Sin embargo, tanto la Jutep del pasado gobierno como la actual, con designaciones político partidarias, están demostrando no conducirse con los mismos lineamientos, sino estar al servicio de los partidos que representan, lo que desvirtúa la razón de ser de un organismo de contralor. Y la responsabilidad en esto no recae sólo en los hombres y mujeres que ocupan esos cargos, sino en los responsables de los partidos que los colocan allí.
Para explicarme pondré tres ejemplos del pasado período y luego me centrare en el caso Danza.
Antel Arena: en setiembre de 2021 la Jutep emitió un dictamen en el que concluyó que había habido un apartamiento de las normas éticas de la función pública en la construcción del Antel Arena. Ese dictamen fue apoyado también por el representante del Frente Amplio, Jorge Castro. Como consecuencia, el Partido Comunista, que había designado a Castro, lo obligó a renunciar al cargo, con el aval del Frente Amplio. El PCU afirmó que Castro firmó el dictamen “en la convicción de cumplir con su obligaciones legales” pero señaló que fue “un grave error” haber desestimado “la utilización política” que se haría del informe, lo que confirmó que no existe independencia entre quienes ocupan esos cargos y sus partidos.
Compensación al hermano del intendente: el caso de Lavalleja fue otro ejemplo de cómo primó lo político por sobre lo jurídico en el organismo desde 2020. Primero se negó a actuar de oficio cuando se conoció que se le pagaba al hermano del intendente una compensación de $ 72 mil. Sin embargo, cuando el propio Mario García se lo pidió, acorralado por la opinión pública, la Jutep emitió un dictamen en el que tomó una parte de la ley para concluir que no había ilegalidad, dado que no existía una “relación de dependencia” con el intendente, sino que dependía de Descentralización y esa área reportaba al secretario general de la intendencia. La Jutep omitió señalar que Ariel García había sido designado en el cargo de forma directa, pese a que el estatuto de funcionarios municipales de Lavalleja establece que esos cargos se concursan. Y omitió referirse a la razón por la que se le asignaba una partida por supuesta eficiencia.
Sartori y su declaración jurada: el organismo, primero dirigido por Susana Signorino y luego por Gabriela di Longo, ambas en representación de Cabildo Abierto, se pasó peleando por tres años con el exsenador nacionalista Juan Sartori, quien no incluyó los bienes de su esposa en la declaración jurada pero además entregó un informe incompleto de sus ingresos, ya que sólo declaró la remuneración como senador y no explicó de dónde salía su patrimonio de US$ 90 millones. En lugar de cumplir lo pasos que marca la ley y declararlo omiso, la Jutep se pasó el período entre citaciones al senador e informes del tema. Otro caso en el que la Jutep no fue al fondo de la cuestión ni pareció interesarse en hacer cumplir la ley en su totalidad.
Entre los insumos que tuvo la Jutep para decir que “no hay incompatibilidades” estuvo el informe técnico del propio organismo, que si bien no es vinculante, concluyó que sí había incompatibilidades con los cargos que Danza desempeña en el sector privado: ejerce como médico en la Asociación Española, la Médica Uruguaya y CAMS de Soriano. Además, trabaja en la Unidad Académica Clínica Médica 2 en el Hospital Pasteur como grado 5 y en la revista Médica, en la que había pedido licencia.
El primer obstáculo, como también señaló el Instituto de Derecho Constitucional, es el artículo 200 de la Constitución que establece que los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución al que pertenecen”.
La abogada de la Jutep también mencionó que el artículo 9 de la ley de ASSE estipula que tampoco podrán ser nombrados para cargos “ni aún honorarios” que directa o indirectamente dependan de ASSE. Por si no fuera suficiente, recordó que el artículo 26 de la ley cristal sobre funcionarios públicos impide a los titulares de entes y servicios descentralizados "intervenir" incluso como empleados en empresas que contratan obras o suministros en el servicio que dirige.
No parecen quedar dudas de la incompatibilidad. Sin embargo, los miembros frenteamplistas de la Jutep en mayoría entendieron que el artículo de la Constitución es “laxo” y ameritaba una interpretación. A su criterio, se debió priorizar “la norma más favorable a las personas”. Así fue que entendieron que no había conjunción del interés público y privado, porque Danza es dependiente en las mutualistas y no directivo. El representante en el directorio del Partido Nacional Luis Calabria votó en contra.
Lustemberg y Danza convocaron a la prensa este jueves en el horario de los informativos centrales y leyeron, cada uno, una declaración que terminó con aplausos de una claque –un hecho que dio vergüenza ajena-. El titular de ASSE anunció que renunciará a los cargos privados por los que cobra $366 mil. Aclaró que a su cargo docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República no iba a renunciar, aunque se tomará una licencia “de índole personal”. En el oficialismo pretenden dar por terminado el tema y señalan que la interpelación ya no tiene sentido.
Desde la coalición, en tanto, redoblaron la apuesta, subidos a la actuación de la Jutep. En una conferencia de prensa este viernes, los legisladores de la oposición denunciaron "gravedad institucional" y sumaron ahora el anuncio de que interpelarán al ministro de Educación, José Carlos Mahía, por ser la cartera con la que se vincula la Jutep. La oposición también pedirá una reunión "urgente" a Orsi y seguirá adelante con la interpelación a Lustemberg.
Un hecho que nunca fue de magnitud se agigantó porque primó lo político sobre lo jurídico y cuando eso pasa se facilita la chicana, y hasta el "bullying más fantástico", como había dicho Vázquez sobre Sendic.
Frente a todos estos ejemplos queda preguntarse: ¿qué sentido tiene contar con un organismo como la Jutep?
Si no se designa en su directorio a personas que demuestren ser independientes de los partidos políticos que representan, si no están dispuestos a ejercer un control serio del sistema político, se le pone una lápida al organismo. ¿Para qué destinar recursos y esfuerzos en un país pobre con tantas necesidades?
Además de hacer informes técnicos, la Jutep cumple otros cometidos que le asigna la ley. Asesora a la fiscalía como auxiliar si se lo pide, recibe denuncias y desarrolla una importante tarea en recibir y custodiar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, además de publicar en la web la de aquellos más encumbrados del Estado.
Sin embargo, tampoco ha cumplido hasta ahora con la obligación que le impone la Ley n.º 19797 de abrir anualmente, en forma aleatoria, el 5 % de las declaraciones juradas. “Recién ahora estamos pudiendo empezar a mirar algunas declaraciones juradas porque se incorporó, en régimen de comisión, una funcionaria que es economista”, dijo la presidenta actual Ana Ferraris esta semana en el Senado a donde concurrió por el presupuesto.
Allí también dijo que la Jutep tiene 12 cargos ocupados y 10 vacantes que no fueron provistas en el anterior período por falta de voluntad. Dijo que está en trámite el llamado para cubrir el cargo de contador público y que aspiran a completar todas las vacantes en un “mediano plazo”. El opositor Calabria acotó que si llenan todas las vacantes no tienen lugar para que esos funcionarios desempeñen las tareas.
Con ese panorama, el organismo no tiene razón de ser. Parecería razonable entonces que otro organismo de contralor sea asignado con la tarea de recibir las declaraciones juradas, y que la partida presupuestal de $ 16 millones que se le destinó en el presupuesto actual se reparta entre la Fiscalía y la Justicia, que la necesitan como el pan y, pese a que tienen bastantes problemas, actúan con independencia frente al poder político.