El economista Ignacio Munyo inaugura un ciclo de opinión en El Observador
¿Qué sentido tiene hablar de atraer inversión privada para empujar la economía mientras se impulsan impuestos que alteran reglas y erosionan confianza, como si eso no generara ruido en los que toman decisiones?
¿Qué sentido tiene pretender ser un país más competitivo y, a la vez, obligar a pagar por un despachante de aduana al que quiera exportar o importar lo más mínimo, como si no pudiera ser un servicio opcional?
¿Qué sentido tiene denunciar la “herencia fiscal” y, de inmediato, armar un presupuesto que discute solo el 1% del gasto total y deja sin revisar el restante 99%, como si estuviera escrito en piedra?
¿Qué sentido tiene que cada nuevo gobierno tenga que presentar —a contrarreloj— un presupuesto quinquenal que compromete gastos y propone financiarlos con recursos basados en supuestos, como si en los tiempos que corren fuera posible predecir el futuro?
¿Qué sentido tiene que el gasto público siga creciendo, cuando se duplicó en los últimos 20 años sin tener evidencia de impacto, como si aumentar el gasto fuera un fin en sí mismo y no un medio para mejorar la vida de las personas?
¿Qué sentido tiene aprobar por unanimidad una ley para mejorar la efectividad de la inversión pública para reducir la pobreza infantil —un compromiso central de la campaña— y que, más de un año después, aún no se haya implementado, como si anunciar soluciones alcanzara sin hacer nada para aplicarlas?
¿Qué sentido tiene no avanzar con la normativa aprobada para permitir reasignar personal de una oficina a otra dentro del Estado, como si mover recursos humanos fuese un tabú burocrático imposible de tocar?
¿Qué sentido tiene reconocer que el crimen organizado avanza desde las cárceles, y aun no asignar los recursos suficientes —ni al sistema penitenciario ni a la justicia penal—, como si bastara admitir el problema sin hacer lo necesario para frenarlo?
¿Qué sentido tiene mantener un sistema de educación secundaria que pierde a la mitad de los estudiantes porque sienten que no les sirve para su futuro, como si seguir igual fuera menos riesgoso que transformar a fondo lo que ya no funciona?
¿Qué sentido tiene sostener una regulación laboral que trata por igual a empresas que no tienen nada en común y le impone las mismas condiciones salariales, como si operaran bajo las mismas realidades?
¿Qué sentido tiene que la Intendencia de Montevideo tenga tantos funcionarios en cultura como Madrid —una ciudad que recibe diez veces más turistas— y que al mismo tiempo no tenga recursos para cortar el pasto de los canteros o levantar la basura, como si lo básico pudiera esconderse sin que nadie lo note?
¿Qué sentido tiene que quienes dirigen instituciones tan sensibles como la que atiende la salud de un millón y medio de usuarios, la que recibe la mitad de los depósitos del país o la que nos da agua potable ganen menos que los funcionarios que les alcanzan el café, como si la responsabilidad valiera menos que la rutina?
¿Qué sentido tiene insistir con bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años, cuando países con poblaciones similares a la nuestra la suben a 70, como si ignorar la realidad demográfica fuera más cómodo que enfrentarla?
En Uruguay repetimos, casi como un lamento colectivo, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso lo escribió Voltaire hace 250 años, pero podría haberlo dicho ayer si mirara las noticias. Porque, seamos francos, son muchas las decisiones de políticas públicas que no cierran por ningún lado, como si nos hubiéramos acostumbrado a convivir con lo absurdo.
En un país que se precia de ser predecible, sorprende cuánta energía se desperdicia en decisiones que desafían la lógica más básica. No se necesita genialidad: solo un poco de cordura, algo de honestidad intelectual y la valentía de admitir lo obvio.
Con una pizca de sentido común, nuestras políticas públicas podrían recuperar eficacia y empezar a servir mejor a quienes más las necesitan.
