El muro estaba pintado hasta hace pocos días en letra imprenta: “Uruguay necesita un Bukele”. Allí, en la intersección de Pantaleón Pérez y Cambay, en la zona de Maroñas, la encuesta de El Observador y los académicos de la Universidad de la República constató que solo uno de cada 100 vecinos siente que su barrio es seguro. Allí se pide “mano dura”, el régimen de El Salvador, el método que el presidente Yamandú Orsi admitió que sería interesante “analizar”.
Nayib Bukele, el presidente reelecto en El Salvador aunque la Constitución no lo permitía, de traje ajustado, pelo engominado, barba candado, logró que, en menos de una década, su país pase a ser nombrado en los titulares de informativos como “el país más seguro del hemisferio occidental”. ¿Es tan así?
El dato más comentado para respaldar tamaña aseveración es la baja de homicidios. El Salvador ostentaba en 2015 la mayor tasa de asesinatos del mundo: 108 cada 100.000 habitantes (diez veces más alta que la de Uruguay hoy). El 2024 lo cerró con una tasa de 1,9 cada 100.000. Esas cifras oficiales fueron validadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Este derrumbe de la violencia letal impactó en otros dos indicadores: el 85,2% de la población aprueba la gestión de Bukele, según LPG Datos, la consultora de La Prensa Gráfica, al término del sexto año del presidente en el poder. Y de acuerdo a la medición de Gallup, el 87% de los salvadoreños dicen sentirse seguros si caminan solos durante la noche.
“El sentimiento de la gente tiene tanta importancia como la realidad misma”, había dicho la exministra del Interior, Daisy Tourné, cuando en 2007 la inseguridad empezaba a colarse entre los principales problemas del país identificados por los uruguayos. De ahí que con la evidencia de las encuestadoras en El Salvador, Orsi haya insistido en lo curioso del fenómeno centroamericano.
El “modelo” Bukele empieza a escucharse en Uruguay más allá de la pintada en un muro de Maroñas. Según los datos del Latinobarómetro, analizados por El Observador, entre 2023 y 2024 aumentó el conocimiento de los uruguayos sobre quién es el presidente de El Salvador (el desconocimiento bajó del 66% al 37%). Y en el mismo tiempo creció la imagen positiva del mandatario: en 2023 solo el 13% tenía una valoración “buena” o “muy buena” de Bukele y eso trepó al 30% en 2024.
El derecho a la seguridad y la seguridad de los derechos
¿La seguridad solo es medible por la baja de asesinatos y la sensación de seguridad? La pregunta no es antojadiza. Un estudio del think thank liberal Ceres señala que El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1.659 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Desde hace tres años existe un régimen de excepción constitucional —previsto para durar 30 años— en que se detiene a la gente sin orden judicial. Un tatuaje ya puede ser prueba suficiente para perder la libertad.
En marzo de 2022, cuando la mara Salvatrucha asesinó a 87 salvadoreños en un solo fin de semana bajo el entendido de que se había roto el pacto con el gobierno que capturó a unos pandilleros que se dirigían a Guatemala, Bukele cambió la estrategia y estableció ese régimen de excepción en que el Estado de derecho queda reducido a una mínima expresión. Tan mínima que a un niño de 12 años puede juzgárselo como si fuera un adulto.
“La detención indiscriminada de hombres ha favorecido que resalte la figura de mujeres jefas de hogar, porque son muchos los que están detenidos y son las mujeres quienes han asumido este rol. No solamente son madres, también abuelas, tías o quienes estén libres asumen la responsabilidad de sostener los hogares, y no solo hablamos de sostenimiento económico, sino también emocional”, había reflexionado en La Prensa Gráfica la antropóloga Mariana Moisa, luego se conocerse que el régimen de excepción había aumentado el porcentaje de mujeres jefas de hogares en El Salvador y el crecimiento de la pobreza.
“Bukele cosecha tanta popularidad porque gobierna en una sociedad desarticulada por la violencia de 12 años de guerra civil y la posterior llegada de la criminalidad de las pandillas, por lo cual el arresto de jóvenes no es visto como un problema salvo que sea tu hermano o tu hijo”, había dicho el periodista Martínez, quien agrega que “a eso se le suma que El Salvador nunca tuvo una democracia plena”, había explicado a El Observador Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro y uno de los tantos periodistas exiliados tras la persecución del gobierno salvadoreño.
Algunas investigaciones de El Faro, de la academia y de la Justicia en Estados Unidos demostraron que la baja de homicidios en El Salvador “fue a costa de negociar con pandilleros por más de diez años, prometiéndoles la no extradición de sus líderes, el pedido de apoyo electoral y beneficios carcelarios”,
En El Salvador las cárceles se saturaron. En Uruguay ya están saturadas y, de aumentarse a una tasa de presos como la del país centroamericano, el Estado tendría que destinar cada día unos 56,9 millones de pesos para mantener a los privados de libertad.
Ese costo, según el informe de Ceres, no toma en cuenta el asunto de base: “La narrativa oficial que asocia el descenso de homicidios con la efectividad del modelo oculta los costos institucionales y humanos de una política centrada en la represión”.
En ese sentido, el Plan de Seguridad que está gestando el gobierno uruguayo de turno recibe el financiamiento de organismos multilaterales con el fin de buscar una alternativa “democrática” al problema de la inseguridad. Uruguay busca ser un experimento de reducción de la violencia en que la institucionalidad no esté quebrantada. Todo lo contrario al “modelo Bukele”.
“La evidencia nos dice que cuando el sistema político converge en una lógica punitiva, olvida las soluciones de largo plazo”, había dicho el politólogo Juan Bogliaccini, en una ponencia en el Palacio Legislativo en la que explicó cómo el Estado está “en competencia”. El “modelo Bukele”, pero también el de Duterte (en Filipinas, quien dijo que “estaría feliz de masacrar a millones de drogadictos") o Mussolini (en Italia) son ejemplos de la represión con efectos a corto plazo a costa de que la democracia sea deslegitimada y pierda efectividad.
