En Brasil hay cuatro guardias privados por cada agente de la seguridad pública. En Guatemala la relación es de cinco a uno. En Honduras, casi siete a uno. Uruguay, en cambio, cuenta casi con la misma cantidad de policías ejecutivos que privados. Y aunque la cifra es posible que no esté afinada —el Ministerio del Interior admite un subregistro de unos y una sobredimensión de otros— el nuevo plan de seguridad ve en la sinergia entre ambos sectores una chance para mejorar la prevención y denuncia de los delitos.
La seguridad privada no puede reprimir ni investigar el delito, para eso están los policías. Pero dentro de las tareas ejecutivas, sí son una pieza clave en la prevención. Solo que ahora están limitados y, según surge de los diálogos sobre el plan de seguridad, existen pocos incentivos para que las empresas radiquen denuncias cuando no son las víctimas directas.
En Uruguay viene creciendo la cantidad de esos agentes privados. Un nuevo diagnóstico de la Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) estima que entre 2020 y 2024 el número de guardias habilitados pasó de 18.205 a 23.243. Eso significan (23.243 pares de ojos que pueden ver aquello que a veces la policía no ve).
En el mundo viene en alza el complemento del sector de seguridad privado y público. En particular esa suba es más acentuada en América Latina: hay más de 16.000 empresas operando en la región, donde emplean más de 2,4 millones de guardias.
Sus tareas son más parecidas a parte del rol ejecutivo de la policía que al trabajo administrativo. Las tasas actuales de guardias de seguridad (649,6 por cada 100 mil habitantes) y de funcionarios del Ministerio del Interior asignados a tareas ejecutivas de prevención, represión e investigación (591,0) parecen relativamente similares; aunque existen limitaciones metodológicas para equipararlos. Lo cierto es que “la creciente participación del sector privado en tareas de vigilancia introduce nuevos actores en la arquitectura de la seguridad, cuyas funciones, alcances y regulaciones merecen ser monitoreadas con atención”.
Diálogos por la seguridad
Uruguay quiere ser el escenario de un experimento en el que es viable reducir la violencia sin ceder en el Estado de derecho (como pasa en régimen autoritario, aunque hayan ascendido al poder por la vía democrática). En los diálogos para ese plan de seguridad, más específicamente en la segunda relatoría, los trabajadores y las empresas se seguridad privada explicaron cómo podrían mejorar su sinergia con la apuesta país.
Las empresas, por ejemplo, “propusieron mejorar la comunicación con la policía a través de centros de monitoreo y mapeo de alarmas y sistemas electrónicos, facilitar el intercambio de información (base de datos de cámaras) en tiempo real y crear subcomisiones por rama (hotelería, comercio, farmacias) dentro de una comisión público-privada”.
En el diálogo explicaron el problema de la falta de incentivos. Dicho en un ejemplo: un guardia privado ve que roban un vehículo en la esquina de la compañía en la que presta servicios. La víctima no es su empresa. El solo hecho de radicar la denuncia, le implica un gasto a su empleador por el tiempo de aportar pruebas, sin ver un beneficio concreto.
Eso sin tener en cuenta cuando el delito se da a la interna de la empresa. Porque en el diálogo “expusieron conocimientos insuficientes de los guardias privados sobre normativas y el principio de legítima defensa. Las empresas del sector enviaron un documento con propuestas, en las que se incluye la creación de una Comisión de Seguridad Pública-Privada”.
Los trabajadores coinciden. Están dispuestos a desarrollar una tarea más visible y a brindar información sobre puntos conflictivos a sus empresas para que coordinen con el Ministerio, siempre y cuando haya respaldo al empleado, mejor fiscalización y capacitación adecuada.
La fiscalización es un problema en sí mismo. La cámara de empresas pidió “una revisión de la ley de seguridad privada, con más fiscalización y reglas claras en licitaciones que actualmente favorecen la proliferación de armas en la calle”. Eso incluye que se desestimule a las compañías que contratan a trabajadores en condiciones muy precarias y sin casi capacitación.
El límite de lo público y lo privado
Hay policías que trabajan como guardias privados. El famoso “servicio 222” está trayendo problemas, reconoce el Ministerio del Interior en su diagnóstico. No solo porque “difumina” el límite entre lo público y privado, “genera riesgos de corrupción y conflictos de interés al poner recursos estatales al servicio de empresas, y debilita la función policial principal al destinar tiempo y energía de los funcionarios a tareas privadas”.
Muchos de los uniformados que cumplen su horario como uniformado y luego hacen 222, acaban trabajando más horas de las recomendadas para rendir en su plenitud. Y, en la práctica, acaba generándose desigualdades en el acceso a la seguridad pública.
La culpa no es de los efectivos que, admite Interior, muchas veces recurren al mecanismo para complementar sus ingresos. Sino de la “dependencia estructural de los bajos salarios policiales” que parece reproducir este sistema.
Privados de otro tipo: la otra noticia del nuevo diagnóstico
En el nuevo diagnóstico de la criminalidad en Uruguay, que más que nuevo es un complemento del presentado a comienzos del semestre, se hace especial énfasis en cómo la privación de libertad (la cárcel) se está convirtiendo en un talón de Aquiles para la gestión de la seguridad.
Uruguay es uno de los países del mundo con más cantidad de presos en relación al tamaño de su población. Y esos reclusos fueron creciendo a un ritmo mucho más alto (64% en diez años) que el gasto real que el Estado destina a la rehabilitación de estos privados de libertad (20%).
¿El resultado? “En 2013, el gasto anual por persona privada de libertad era de 498.505 pesos constantes de 2022 (más de 1.000 dólares mensuales), mientras que en 2024 se estima en 365.271 pesos. Ello representa una caída del 27 %, así como un gasto mensual por PPL de 30.439 pesos en 2024”.
Pese a que haya quienes puedan ver esto como una “buena noticia”, en el sentido de que se destina menos plata en aquellos que están cumpliendo una condena, el diagnóstico explica que ese decrecimiento de la inversión per cápita es el reflejo de la saturación, el hacinamiento, y las escasas chances de reinserción que hoy ofrece el sistema penitenciario en Uruguay. Y en lugar de ser un ahorro para el Estado, es un gasto más alto por los impactos del delito y la reincidencia de esos presos que, casi en siete de cada diez, vuelven a quedar detrás de rejas pasados tres años de su libertad.
