El 1° de febrero vencerá la adjudicación para el mantenimiento del dragado del Canal Martín García y el futuro de esta vía estratégica para Uruguay y para Argentina tensiona a las delegaciones de ambas márgenes del Río de la Plata. En el medio hay intereses millonarios, el enfrentamiento del gobierno de Javier Milei con el consorcio a cargo de la obra y un pago pendiente de más de US$ 5 millones por el que Uruguay le está insistiendo a Argentina.
El consorcio CBDI –integrado por la holandesa Boskalis y la belga Dredging International– ganó en 2017 la licitación para profundizar el dragado del canal a 34 pies (10,3 metros) en los fondos blandos y a 38 pies (11,58 metros) en los fondos duros. La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) extendió a comienzos de 2023 el contrato de mantenimiento por otros dos años, con vistas a elaborar a futuro los pliegos para una nueva licitación.
Con ese plazo vencido, la delegación uruguaya es partidaria de resolver otra prórroga hasta febrero de 2027. En paralelo, el gobierno de Milei apuesta a concretar en el primer semestre del año que viene la licitación de la Vía Navegable Troncal (VTN), su principal ruta fluvial cuyo sistema de canales integra la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Uruguay pretende aguardar al diseño definitivo de ese troncal para ahí sí convocar a un llamado por cinco o diez años para las obras en el Canal Martín García, una vía clave para el país que conecta al Río de la Plata con la hidrovía y con el Río Uruguay. Los representantes de la administración de Yamandú Orsi plantearon a su contraparte argentina su “satisfacción” con los trabajos de dragado a cargo del consorcio CBDI y su voluntad de continuarlo, bajo la premisa de que los precios ofrecidos son ventajosos para la CARP.
Ahí empiezan los problemas. Al empezar el año, el gobierno de Milei declaró la nulidad de su primer intento de licitación para adjudicar el mantenimiento de la hidrovía.
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Dredging International, la compañía que integra el consorcio a cargo de las obras en el Canal Martín García, había recurrido los pliegos por entender que tenían “un direccionamiento en favor del grupo Jan De Nul”. La administración argentina retrucó: como Dredging fue la única empresa en presentarse, anularon el proceso y lo derivaron a Defensa de la Competencia para que “investigue la posible presión” de esta firma o “la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos”, comunicó la Presidencia vecina.
El vocero presidencial Manuel Adorni habló entonces de que llamaba “poderosamente la atención que, pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que algunas compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir, solo” se hubiera presentado “una única oferta”, por parte de la empresa “que se ocupó de detener el proceso con denuncias sobre una supuesta falta de transparencia que no era tal”.
Jan De Nul es la competencia de Dredging en el rubro: tuvo la concesión del dragado de la hidrovía por 25 años junto a la argentina Emepa, hasta que el Estado argentino pasó a hacerse cargo a través de su autoridad portuaria en setiembre de 2021. Ya en 2022 Jan De Nul había hecho una oferta a la CARP para asumir el dragado del Canal Martín García.
De este lado del río, la firma belga está al frente de la ampliación de la Terminal Cuenca del Plata y del dragado sobre el Río Uruguay.
A nivel de la CARP, los delegados designados por el gobierno de Milei asumieron a mediados de año con un planteo firme al que Uruguay, tras la intercesión de la Cancillería, terminó por acceder: la remoción del secretario técnico Mauro Gorer. El funcionario había sido responsable de redactar los informes a favor de prorrogar la concesión al consorcio CBDI en el Canal Martín García, obras para las que Argentina ahora pretendía llamar a una nueva licitación.
Pagos millonarios
El consorcio CBDI presentó este lunes ante la CARP una nota de pedido para insistir en su “disposición” para continuar con el mantenimiento del dragado hasta 2028, según accedió El Observador. La asociación entre Boskalis y Dredging International alegó que la extensión le supondría al organismo binacional “un ahorro cercano” a los US$ 5,3 millones dada la forma de ajustar los valores.
Meses antes, el consorcio se había comprometido a un valor anual de US$ 21 millones para continuar con la concesión, “con ánimo de facilitar la conservación de la vía navegable en el mediano plazo”. La delegación uruguaya –presidida por el exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel e integrada por los oficialistas Antonio Carámbula, Gonzalo Reboledo y Federico Ruiz, y el nacionalista Juan Curbelo por la oposición– transmitió a Argentina su conformidad con seguir adelante en esas condiciones.
Pero en pleno enfrentamiento del gobierno de Milei con Dredging, la delegación argentina que conduce María Fernanda Fabré pidió realizar un llamado a precios para interesados y Uruguay terminó por acceder.
Y a eso se suma otra cuenta: una factura de poco más de US$ 5 millones correspondientes al pago del noveno trimestre por los servicios del consorcio CBDI que Argentina se ha negado a librar pese a la insistencia uruguaya, según reconstruyó El Observador.
El reclamo de la empresa data desde el 7 de agosto pasado. Los delegados del gobierno de Orsi en la CARP han planteado en reiteradas ocasiones que el dinero está disponible, que se cumplieron todos los requisitos y que no hay ningún impedimento para saldar el pago. Aparte de esa cuota, aún restan otros dos pagos trimestrales hasta febrero del año que viene.
