Carlos María Uriarte -ingeniero agrónomo, productor agropecuario, expresidente de la Federación Rural (FR) y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca-, en La Tribuna del Agro en El Observador analiza el proyecto de ley que propone un Colegio de Ingenieros Agrónomos: "Lamentamos lo ocurrido y que se haya gastado tanto esfuerzo en algo que, lejos de sumar, puede ser un retroceso al ejercicio de una profesión tan importante", opinó.
La Tribuna del Agro
Por Carlos María Uriarte (@uriartec1)
No nos gusta criticar a nuestro gobierno, pues estamos muy orgullosos de lo por él realizado, lo que no quiere decir que no haya cosas para mejorar, todo lo contrario. Estamos convencidos que nuestra autocritica nos fortalece y por eso la hacemos. Sentimos que es nuestra obligación ética y moral expresarnos cuando -como en este caso- discrepamos, y sin dejar de respetar a quienes piensen distinto.
No dudo de la buena intención de quienes presentaron el proyecto de ley referido a la creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, pero con un sentido constructivo creemos necesario hacer un llamado de atención a nuestros legisladores, para que le den especial atención a este proyecto que ingresó a la Comisión de Ganadería del Senado el pasado 10 de julio.
Ojalá estemos equivocados, pero nuestras limitaciones no nos permiten visualizar la conveniencia de este proyecto tal cual fue presentado.
Encontramos que esta propuesta no condice con la forma con que este gobierno ha actuado en defensa y respeto de la libertad de cada ciudadano.
No nos referimos a la figura de la colegiatura en sí, de la cual hay buenos ejemplos que normalmente apuntan a brindar elementos para mejorar el desempeño libre de las profesiones, sino específicamente a este proyecto, donde un derecho que tenemos todos para organizarnos se transforme en una obligación si queremos ejercer nuestra profesión.
Esta propuesta es casi un calco de la ley de creación del Colegio Veterinario del Uruguay (19.258) del 19 de noviembre del 2018, sin perjuicio de lo cual nuestras criticas también la alcanzan.
Otro ejemplo vigente en el Uruguay es el Colegio Médico del Uruguay, creado por la Ley 18.591 de septiembre del 2009, que dada la cantidad de médicos del Uruguay (aproximadamente 19.000) hoy cuenta con una importante estructura burocrática.
Limitación al ejercicio libre de la profesión
En su artículo 2°, el proyecto en cuestión promueve una clara limitación al ejercicio libre de la profesión del ingeniero agrónomo en el Uruguay. Según esta propuesta para ejercer la profesión, además de tener el título, que a todos nos ha costado mucho lograr, debemos estar inscriptos en el registro de títulos del colegio propuesto.
Distinto sería si esta opción se dejara voluntaria, y fuera optativo para cada agrónomo.
Además, con este proyecto se condiciona la forma en que nuestra profesión debe ser ejercida, pues la misma se debe ajustar de acuerdo a un Código de Ética que en el mismo proyecto se describe como se hará... -¡como si cada uno de nosotros no fuéramos capaces de tener una ética profesional y precisáramos de un tercero, que no solo nos diga cómo actuar, sino además nos controle si lo hacemos con dignidad!
En el Uruguay libre, en el que orgullosamente vivimos, cada uno de nosotros tiene el derecho de actuar a su libre saber y entender, siempre y cuando respete los derechos de los demás.
En el acierto o en el error, a lo largo de nuestras vidas resolvemos nuestro proceder, y recogemos los frutos de lo que sembramos.
Otro argumento de esta propuesta, que se menciona en el proyecto es que se pretende asegurarle un buen servicio a quienes contraten el servicio de un ingeniero agrónomo, como si estos no pudieran decidir a quienes contratar.
Esto refleja una fuerte carga ideológica, donde se considera al ser humano incapaz de decidir ciertas cosas y desde el Estado se deben establecer las normas. Es decir, liberalismo versus socialismo.
A contramano de lo que trabajó el gobierno
Como si fuera poco, en su artículo 44° se establece un aporte económico que se suma a los ya existentes, en una profesión que todos sabemos lo difícil que es conseguir un trabajo digno.
Para dimensionar esta propuesta, en este articulo se sugiere un aporte máximo mensual de una unidad reajustable (aproximadamente $ 1.600) que, por los más de 5.000 agrónomos que hay en el Uruguay, serían unos $ 8.000.000 por mes.
Esto va contramano de lo que se ha venido trabajando desde el gobierno, en cuanto a reducir los gastos del Estado. Se crean nuevos aportes a estructuras burocráticas de dudosa justificación.
En definitiva, lamentamos lo ocurrido y que se haya gastado tanto esfuerzo en algo que, lejos de sumar, puede ser un retroceso al ejercicio de una profesión tan importante para nuestro país y de la cual nos sentimos muy orgullosos.
¡Reflexionemos!
