La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que en 2025 se iniciaron 308 expedientes administrativos vinculados a la detección de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas o contaminantes en productos de origen animal.
Se añadió que, en lo que va de 2026, se iniciaron 191 expedientes adicionales, totalizando 499 actuaciones respecto de productores rurales, empresas, fideicomisos y profesionales veterinarios, desde el comienzo del año pasado.
La DGSG trasladó a la ciudadanía los resultados de las actuaciones desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Residuos Biológicos (PNRB), en línea con el compromiso institucional de transparencia activa y de protección del estatus sanitario del país.
Con eso como marco, se puntualizó que las cifras no reflejan un deterioro sanitario, sí un mayor esfuerzo de vigilancia.
A partir de octubre de 2025, se indicó, el MGAP dispuso el incremento del muestreo oficial en plantas frigoríficas, del orden del 20%, con foco en las zonas de mayor prevalencia de garrapata.
A mayor control, mayor detección: cada expediente iniciado es una situación que el sistema identificó, trazó hasta su origen y puso bajo procedimiento. Ese es, precisamente, el funcionamiento esperado de un sistema de vigilancia robusto, se remarcó.
El sistema uruguayo de trazabilidad individual del ganado, único en el mundo a esta escala, es lo que permite que una detección analítica en un frigorífico o en un mercado de destino se traduzca, en cuestión de días, en la identificación del establecimiento de origen y el inicio de actuaciones.
Ningún expediente se abre sin un resultado analítico no conforme que lo respalde.
Evitar que el problema se reitere
El propósito central del PNRB no es sancionar productores, es garantizar la inocuidad de los alimentos y el acceso de Uruguay a los mercados, por eso la primera respuesta del sistema ante una detección es correctiva y preventiva, con base en tres acciones:
- El establecimiento involucrado es interdicto en forma preventiva para el envío de animales a faena en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG). La interdicción no es una sanción: es una medida cautelar que protege la cadena exportadora mientras se investiga, y un instrumento para que el productor corrija su situación.
- Para levantar la interdicción, el establecimiento presenta un plan de trabajo elaborado junto a un veterinario de libre ejercicio y aprobado por los servicios técnicos oficiales, que asegura la adecuación de las prácticas de uso de medicamentos veterinarios.
- En paralelo, el MGAP despliega, junto al INAC, una campaña nacional de capacitación en uso responsable de medicamentos veterinarios y cumplimiento de los tiempos de espera, además del nuevo etiquetado con indicación destacada de los períodos de retiro en los envases, para que ningún productor incumpla por desconocimiento.
En la gran mayoría de los casos, se señaló desde el MGAP, la detección responde al incumplimiento de los tiempos de espera entre la aplicación de un producto y el envío a faena, muchas veces por desconocimiento, no a conductas deliberadas.
El sistema está diseñado para que esos casos se corrijan y no se repitan.
Despacho de tropa desde un feedlot a frigorífico.
Foto: Juan Samuelle (archivo)
Resoluciones sancionatorias
En el período informado se dictaron 52 resoluciones sancionatorias vinculadas al PNRB (23 durante 2025, correspondientes a expedientes iniciados en años anteriores, y 29 durante 2026), a las que se suman 6 resoluciones tramitadas al amparo de la Resolución DGSG N° 311/2025, el régimen de faltas vigente desde octubre de ese año.
La diferencia entre expedientes iniciados y sanciones dictadas responde a dos razones, se explicó.
- La primera es el debido proceso administrativo: todo administrado tiene derecho a tomar vista de las actuaciones, presentar descargos, ofrecer prueba y ser oído antes de que se adopte una resolución. Un expediente en trámite no es una sanción pendiente de firma: es una investigación en curso.
- La segunda es la propia lógica del sistema: cuando la corrección se acredita y la situación se regulariza, la respuesta sancionatoria se gradúa conforme a derecho.
Ello no supone tolerancia con el incumplimiento reiterado o grave.
La normativa vigente prevé suspensiones preceptivas en el movimiento de ganado y sanciones sustancialmente incrementadas para la detección de residuos por encima de los límites máximos, y califica como falta muy grave el uso de productos no autorizados.
Uruguay no puede permitir que quien no respeta los tiempos de espera comprometa el trabajo de toda la cadena, y el marco normativo actual, la Resolución DGSG N° 311/2025 y el Decreto N° 88/2026, que renovó integralmente el régimen de prevención y vigilancia vigente desde 2009, dota al Estado de las herramientas para impedirlo.
Foto: Juan Samuelle (archivo)
Estrategia integral en la cadena
Las actuaciones del PNRB se integran en una estrategia más amplia que ataca el problema en su origen:
- El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, que aborda la causa de fondo de buena parte de las detecciones: la creciente resistencia del parásito, que induce usos más intensivos de garrapaticidas.
- La capacitación y el nuevo etiquetado, que llevan la información de tiempos de espera a cada envase y a cada establecimiento.
- La evaluación de proveedores incorporada a los manuales de buenas prácticas de los frigoríficos, que suma a la industria como aliada del control.
- El muestreo intensificado y la trazabilidad, que aseguran que ninguna detección quede sin respuesta.
Prevención, acompañamiento técnico, corrección y, cuando corresponde, sanción: en ese orden trabaja el sistema, se subrayó.
Uruguay dispone de más de un centenar de mercados habilitados para exportarles carnes vacunas.
Foto: MGAP
¿Por qué importa?
Uruguay exporta alimentos a los mercados más exigentes del mundo, y su principal activo es la confianza construida durante décadas sobre la trazabilidad y la inocuidad.
La enorme mayoría de los productores uruguayos cumple rigurosamente con las buenas prácticas.
El trabajo del PNRB protege precisamente ese esfuerzo, evitando que el incumplimiento de unos pocos, muchas veces corregible, comprometa la reputación sanitaria que pertenece a todos.
"El objetivo del Programa no es castigar al productor: es que el problema se detecte, se corrija y no vuelva a ocurrir. Acompañamos técnicamente a quien tuvo un incumplimiento para que regularice su situación, y somos firmes cuando las conductas reiterativas comprometen los mercados que son de todos. Esa es la vara con la que nos miden quienes nos compran, y el Estado tiene la obligación de sostenerla", señaló el Director General de Servicios Ganaderos, Dr. Marcelo Rodríguez.
La DGSG reafirma, por último en este informe, su compromiso de continuar informando periódicamente sobre los resultados del Programa Nacional de Residuos Biológicos, en el entendido de que la transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas de control es, en sí misma, una garantía sanitaria ante los mercados y ante la sociedad.
