Un estudio de la Udelar y CONAPEES documenta casos donde adolescentes utilizan cuentas de adultos
Un estudio reciente elaborado por el Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) mostró el estado de situación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en Uruguay.
El trabajo, que fue realizado para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual (CONAPEES) y contó con el apoyo técnico y económico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), revela la experiencia de 135 operadores de primera línea de diversos sectores, incluyendo educación, salud, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el sistema judicial.
Todos ellos reportaron haber tenido contacto con más de 2.500 niños, niñas y adolescentes víctimas a lo largo de su trayectoria profesional. Según los resultados presentados, el 54% de los casos atendidos por estos profesionales involucraron entornos digitales en alguna etapa del proceso de explotación, una cifra que muestra el uso de redes sociales e internet en general, dejando de ser un canal alternativo para convertirse en un componente central.
Para el 96% de los operadores encuestados, el papel de las herramientas digitales en la facilitación de estas situaciones fue evaluado como "importante" o "muy importante".
¿El perfil de las víctimas? El 83% corresponde a adolescentes mujeres de entre 14 y 18 años. Asimismo, la investigación destaca que las vulnerabilidades preexistentes, como la pobreza extrema y la violencia intrafamiliar, se potencian con el acceso a la tecnología.
La investigación describe una secuencia de captación sofisticada que varía según la franja etaria de las víctimas involucradas, diferenciando claramente las estrategias utilizadas para niños pequeños de las empleadas con adolescentes. En los casos de menores de 12 años, los operadores identifican a los juegos en línea como el principal punto de contacto inicial para establecer vínculos, mencionando plataformas específicas como Free Fire y Roblox donde los agresores se infiltran y generan las primeras interacciones mediante funciones de chat internas, aprovechando la falta de supervisión adulta en estos espacios lúdicos.
Para los adolescentes mayores de 12 años, la captación suele comenzar en redes sociales masivas como Instagram y Facebook, donde se simulan relaciones de noviazgo o admiración para ganar la confianza de la víctima.
Posteriormente, la comunicación se traslada estratégicamente a aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp, una herramienta recurrente para intensificar el control, solicitar contenido sexual y coordinar encuentros físicos lejos del escrutinio público.
También se han detectado modalidades emergentes como "fiestas relámpago" coordinadas mediante invitaciones efímeras en redes sociales como TikTok e Instagram que duran pocas horas, así como el uso de aplicaciones de citas como Tinder y Badoo donde se falsifica la edad de los usuarios para concretar encuentros presenciales, e incluso plataformas de contenido adulto como OnlyFans donde adolescentes son explotadas bajo la gestión de terceros adultos.
"Hay nuevas plataformas, donde las chiquilinas y los chiquilines, en mi caso tengo conocimiento de gurisas y debe haber varones también que venden fotos", dijo un operador de la Educación entrevistado sobre esta plataforma. “He detectado varones adultos, que son los que captan de alguna manera a estas chiquilinas, que son los que manejan esos dineros y esas cuentas”, dijo un operador de Fiscalía. También se han identificado casos donde adolescentes mujeres mayores de edad facilitan el acceso de adolescentes menores a estas plataformas, "utilizando sus propias cuentas para integrarlas en estas actividades".
Hay otras "muchas chicas menores" que tienen cuenta en OnlyFans con sus novios. "Y obtienen beneficios, algunas son sus novios mayores que las convencen, sin embargo viviendo todos los días con estos jóvenes, todo para ellos se soluciona con el cuerpo, y no siempre han sufrido abuso ni violencia”, dicen.
Las formas de retribución identificadas por los operadores trascienden el simple intercambio de dinero en efectivo e incluyen una economía compleja de bienes digitales y materiales adaptada a los deseos y necesidades de las víctimas. En el caso de los menores de 12 años, aparecen recompensas virtuales, específicamente "diamantes" de videojuegos, utilizados para mejorar personajes dentro de las plataformas, lo que evidencia cómo los agresores monetizan las dinámicas lúdicas para obtener material de abuso sexual.
Los bienes materiales, como celulares, ropa y maquillaje, constituyen otra forma frecuente de pago reportada, funcionando muchas veces como un indicador de detección para los técnicos que observan cambios inexplicables en el nivel de consumo de los adolescentes.
En contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, se registran casos de facilitación intrafamiliar a cambio de canastas de alimentos o surtidos para el hogar, lo que hace extremadamente difícil para la víctima romper el ciclo de explotación.
El suministro de alcohol y sustancias psicoactivas es señalado como un mecanismo de retribución que actúa simultáneamente como forma de control y retención química sobre las víctimas, mientras que la realización de recargas de celular se utiliza específicamente para mantener la conectividad necesaria que permite perpetuar el vínculo de explotación digital.
Respecto a los agresores, aunque los atacantes directos son identificados mayoritariamente como varones en la percepción de los operadores, en el rol de facilitadores el estudio indica que el 38,5% corresponde a padres, madres o padrastros. En la investigación se señala que esto desafía la narrativa del "peligro del extraño" y sitúa el riesgo dentro del núcleo cercano de los niños.
El informe documenta una pérdida progresiva y alarmante de casos a medida que avanzan las etapas del sistema de justicia, configurando lo que se describe técnicamente como un "embudo de justicia" que garantiza altos niveles de impunidad.
Si bien el 79,20% de los casos de explotación en línea conocidos por los operadores llega a ser denunciado ante las autoridades competentes, el porcentaje de situaciones que avanza efectivamente hacia una etapa de investigación desciende al 65,27%. Finalmente, los operadores estiman que solo el 18,46% de los casos resulta en una condena judicial. Según registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, se identificaron apenas 21 sentencias por explotación sexual y trata en todo el período comprendido entre 2017 y 2024.
Entre las barreras para la denuncia, el 94% de los operadores señala que las víctimas de explotación en línea no reconocen el delito como tal, y el 93% de los operadores indican que existe un miedo paralizante a las represalias, exacerbado por la amenaza de difusión de material íntimo. Además, las dificultades probatorias específicas de los delitos digitales, como la volatilidad de la evidencia en dispositivos borrados o las trabas para obtener datos de plataformas internacionales, complican aún más la judicialización efectiva.
La evaluación de la respuesta estatal por parte de los operadores revela deficiencias estructurales profundas en el sistema de protección y atención a la infancia. El 75% de los encuestados califica como "pobre" o "deficiente" el financiamiento gubernamental destinado a combatir esta problemática, y el 68,15% identifica la "ausencia de priorización estatal" como el principal obstáculo para el funcionamiento adecuado de los servicios.
Los servicios de reparación del daño, esenciales para la recuperación de las víctimas, son los peor evaluados por los técnicos, recibiendo un 56% de valoraciones negativas en cuanto a su calidad y disponibilidad.
Los operadores describen tiempos de espera "enormes y a veces insoportables" para las víctimas, lo que afecta directamente su proceso de recuperación y genera desconfianza en el sistema.
En servicios de salud mental, las demoras para obtener turnos en situaciones de crisis pueden extenderse hasta un mes, según la investigación.
Además, el 60,74% de los técnicos señala la concentración de servicios en áreas urbanas como una limitante que genera inequidad territorial, dejando a las zonas rurales y pequeñas localidades con escasos recursos de atención especializada.
A esto se suma una "poca formación específica" de los equipos técnicos reportada en el 60% de las respuestas.