La iniciativa establece que cuando no exista pensión estatal, los hijos de los funcionarios puedan acceder al cargo que ocupaba su progenitor
Palacio Legislativo. Foto de archivo: Leonardo Carreño
Un proyecto de ley presentado recientemente ante el Parlamento propone que los hijos con discapacidad de empleados públicos que hayan fallecido, tengan asegurado el cargo que su madre o padre ocupaba en el Estado.
La iniciativa ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y fue presentada por el diputado colorado, Luis Marcelo Pérez, quien aseguró en la exposición de motivos que "la muerte del padre o madre empleado público implica para estos hijos una doble pérdida: afectiva y económica".
El proyecto establece que el beneficio aplicará cuando no exista pensión estatal — ni por la muerte de sus padres ni por discapacidad—que ampare a esas personas dado que, según el legislador, es en esos casos que "la situación de vulnerabilidad se agrava considerablemente".
Según el texto presentado, únicamente podrán acogerse los hijos de funcionarios públicos que hayan fallecido en funciones como empleados públicos o funcionarios del Estado. Además, deberán estar formalmente inscriptas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Asimismo, el solicitante deberá ser mayor de edad y contar con un dictamen de evaluación de idoneidad emitido por una comisión evaluadora que será la encargada de determinar la aptitud del solicitante para desempeñar el cargo vacante o uno equivalente "compatible con sus capacidades".
"Se habilitará automáticamente el derecho preferente de dicho hijo o hija a ocupar el cargo vacante dejado por el progenitor. En caso de no cumplir con las condiciones necesarias para el cargo específico, la comisión evaluadora propondrá un cargo alternativo compatible con el perfil y capacidades del solicitante", señala el artículo cuarto del proyecto.
Para ello, la normativa prevé la creación de una comisión evaluadora cuya integración contará con representantes del organismo empleador, profesionales especializados en discapacidad y un miembro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Su función sería determinar si el beneficiario puede desempeñar el cargo vacante o, en caso contrario, asignarle un puesto alternativo que sea compatible con su perfil, manteniendo derechos laborales y salariales.
La propuesta establece que el acceso al cargo será incompatible con el cobro de pensiones estatales: el beneficiario deberá optar entre la pensión o el empleo. Si no recibe pensión, se habilitaría este mecanismo como vía de sostén económico y, según su impulsor, como "forma de integración social".
En la exposición de motivos, el legislador defendió la propuesta y remarcó que la medida no implica nuevos cargos ni mayores costos fiscales para el Estado, dado que se cubrirían vacantes ya existentes. Sobre este punto, indicó que se trata de "una redistribución razonable de oportunidades" dentro del ámbito público. "No es asistencialismo, es justicia", señaló.
En esta línea, el legislador dijo que con el proyecto también busca implementar una "política de memoria" y reconocer la trayectoria laboral de esos funcionarios públicos. "No dejan solo papeles al morir. Dejan vidas a medio camino. Y el Estado no puede seguir dándose el lujo de mirar para otro lado", indicó.