El Ministerio de Ganadería (MGAP) le había solicitado a los inversores de los llamados “fondos” ganaderos, Conexión Ganadera, República Ganadera, Grupo Larrarte y Portfolio Capital, que presentaran una declaración jurada al 31 de mayo de 2025, en la que tenían que detallar la cantidad de animales y la categoría que tenían bajo su titularidad ante el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG).
Sin embargo, abogados de inversores dijeron a El Observador que no la entregaron, dado que no saben cuántos animales tienen justamente porque los datos registrados en el SNIG no coinciden con lo que figura en los contratos y con lo que hay efectivamente en los campos, luego de que el propio ministerio hiciera relevamientos a pedido de los fiscales que llevan a cabo las investigaciones penales.
En esas indagatorias han surgido casos en los que inversores que deberían tener, según lo que figuraba en los contratos 500 vacas, no tenían ninguna, otros que tenían tres de 300 y así, y así se repiten cientos o miles de casos.
Frente a esa situación, teniendo en cuenta que mentir en una declaración jurada puede configurar un delito de falsificación ideológica, la mayoría de los inversores prefirieron no correr el riesgo, y no presentaron la declaración jurada.
Ahora el MGAP les está notificando que ese Dicose "está interdicto" (incapacitado para tomar acciones) y en algunos casos les llegaron a aplicar multas. Los mails que les llegaron indican que el Dicose “se encuentra interdicto por no presentar la declaración jurada de existencias correspondiente al año 2025. A partir de la fecha 4/11/25 usted no puede realizar ninguna operación”, dice la comunicación a la que accedió El Observador.
A los que multaron, en tanto, les enviaron un cedulón de la policía para que fuera a notificarse personalmente de la multa que le impuso el MGAP a la seccional más cercana.
Las comunicaciones generaron la indignación de los inversores, que decidieron recurrir las multas ante el propio ministerio y están analizando con sus abogados tomar acciones legales contra la cartera porque entienden que estuvo omisa en no controlar mientras las empresas compraban ganado y lo inscribían a nombre de sus clientes.
