Las fiscalías generales de Nueva York, Nueva Jersey y Texas, avanzaron con citaciones y demandas contra el máximo organismo del fútbol del planeta
El Mundial 2026 transcurre a puro ritmo en el continente norteamericano, pero el mayor dolor de cabeza para las autoridades de la FIFA no está ocurriendo dentro del campo de juego, sino en los tribunales de los Estados Unidos.
En las últimas horas, un frente judicial integrado por las fiscalías generales de estados clave como Nueva York, Nueva Jersey y Texas, sumado a notificaciones en California, avanzó formalmente con citaciones y demandas contra el organismo rector del fútbol global por presuntas prácticas engañosas y fraude masivo en la comercialización de entradas.
El núcleo del escándalo radica en el sistema de asignación de ubicaciones mediante mapas virtuales "codificados por colores".
De acuerdo con las denuncias de miles de aficionados respaldadas por las autoridades norteamericanas, la FIFA utilizó gráficos ilustrativos durante las primeras etapas de venta donde se agrupaban los asientos por categorías de precios.
Los fanáticos pagaron miles de dólares por accesos premium (Categoría 1), asumiendo que ocuparían los sectores centrales y más cercanos al campo de juego.
Sin embargo, meses después y de forma unilateral, la entidad modificó las plantillas de los estadios, introdujo subcategorías más caras y desplazó a los compradores originales a ubicaciones de menor visibilidad, como córneres o detrás de los arcos, sin ofrecer reembolsos.
La indignación de las asociaciones de consumidores escaló debido a la falta de transparencia.
Mientras la FIFA se escuda bajo el argumento de que los mapas eran "meramente indicativos", las autoridades estatales catalogaron la maniobra como una estrategia deliberada para generar falsas expectativas de escasez y forzar un aumento desmedido de los precios a través del sistema de tarifas dinámicas.
Esta especulación provocó que las entradas sufrieran incrementos promedio del 34%, llegando a registrar reventas oficiales de hasta US$ 32.000 para los encuentros definitorios.
Lo que prometía ser una fiesta accesible se transformó en una batalla legal que expone los polémicos mecanismos de facturación de la FIFA.