Organizaciones civiles denuncian vulneraciones de derechos y riesgos ambientales en la Amazonía peruana
Durante la Latin America & Caribbean Energy Summit, celebrada del 19 al 21 de noviembre en Punta del Este, organizaciones civiles de Perú denunciaron el impacto social y ambiental de la expansión petrolera en la Amazonía.
En el centro de la polémica está Perúpetro, entidad estatal creada en 1993 para regular, promover y negociar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Esta institución administra recursos clave como petróleo y gas natural en Perú, y tiene como objetivo atraer inversiones internacionales. En la cumbre, presentó su Plan Promocional 2024, que incluye reuniones privadas con ejecutivos de empresas como Exxon Mobil, Chevron, Repsol y Total, interesadas en operar en áreas que abarcan zonas protegidas y territorios indígenas, según denuncias de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
DAR advirtió que las 39 áreas promocionales de Perúpetro afectan más de cuatro millones de hectáreas de territorios indígenas, incluidos 21 pueblos, algunos de ellos en aislamiento y contacto inicial (PIACI), quienes son altamente vulnerables. A pesar de los riesgos, no se está garantizando el derecho a consulta previa, establecido por la legislación peruana.
Entre las zonas afectadas se encuentra el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde la extracción de recursos está prohibida por ley. Sin embargo, Perúpetro promueve la firma de un convenio técnico para evaluar su potencial, lo que según la abogada ambientalista Sofía Rodríguez, vulnera el mandato constitucional de proteger la biodiversidad.
En un contexto global marcado por la COP29 en Bakú, donde se discuten compromisos para reducir emisiones, Perú sigue apostando por las energías fósiles. Según DAR, esta postura contradice los esfuerzos internacionales hacia la transición energética y el cumplimiento de objetivos climáticos.
César Ipenza, abogado especializado en medio ambiente, señaló que "cualquier empresa seria, con políticas de sostenibilidad, debe evaluar previamente el impacto de estas actividades en áreas protegidas". Asimismo, advirtió que promover proyectos en territorios vulnerables es incompatible con las políticas ambientales globales y afecta los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Diversas organizaciones indígenas y civiles han difundido una carta abierta dirigida a las empresas involucradas, instándolas a actuar con responsabilidad. Exigen que los proyectos respeten los derechos humanos, incluyendo el de los PIACI, y que se ajusten al marco legal nacional e internacional.
El documento también subraya que las reservas indígenas y territorios protegidos afectados son esenciales para la conservación de la biodiversidad mundial, pero enfrentan un riesgo creciente debido a la expansión de la industria de hidrocarburos.