La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, explicó los principales cambios previstos en la Rendición de Cuentas, entre ellos la creación de una asignación familiar ampliada que, de aprobarse el proyecto, comenzará a implementarse en 2027 e integrará cuatro beneficios que hoy funcionan por separado.
En una entrevista con 8AM (Canal 4), la jerarca también se refirió al aumento adicional para las jubilaciones mínimas, los controles previstos para el nuevo sistema de prestaciones y los mecanismos que utiliza el organismo para detectar irregularidades en los aportes.
La nueva prestación unificará cuatro beneficios
Pardo explicó que la iniciativa busca reunir en una única prestación la asignación familiar para trabajadores privados, la Asignación Familiar-Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.
"La propuesta es unificar cuatro beneficios que hoy van por puertas separadas", sostuvo.
Según indicó, actualmente cada una de esas prestaciones exige trámites y evaluaciones distintas. Con el nuevo esquema habrá una única evaluación socioeconómica para determinar el acceso y el monto correspondiente.
La futura asignación familiar ampliada establecerá tres franjas de ingresos y comenzará a aplicarse de forma gradual a partir de enero de 2027, siempre que la iniciativa sea aprobada por el Parlamento.
En una primera etapa ingresarán al nuevo sistema los niños nacidos en 2025, 2026 y 2027, además de las mujeres embarazadas. El resto de los beneficiarios continuará percibiendo las prestaciones actuales.
Un único índice para definir quién accede
La presidenta del BPS explicó que el acceso al beneficio se definirá mediante una única evaluación basada en un índice que contempla variables como los ingresos del hogar, las características de la vivienda y el acceso a servicios básicos.
Ese mecanismo toma como base el actual índice de carencias críticas utilizado en la Asignación Familiar-Plan de Equidad, aunque está siendo revisado y simplificado.
Además, el proyecto prevé reforzar los montos destinados a niños de entre cero y tres años y mujeres embarazadas, al considerar que esa etapa es determinante para el desarrollo infantil.
Según Pardo, los hogares ubicados en la franja de menores ingresos podrían recibir hasta unos $ 10.000 por niño de esa edad, mientras que las restantes franjas accederán a montos menores.
Habrá controles vinculados a educación y salud
Consultada sobre los requisitos para mantener la prestación, Pardo explicó que el proyecto incorpora condiciones relacionadas con la asistencia educativa y los controles de salud.
Actualmente, recordó, la Asignación Familiar-Plan de Equidad ya exige la inscripción y asistencia de los niños a centros educativos, y ese criterio se mantendrá para parte del nuevo beneficio.
La jerarca subrayó además que el sistema no estará dirigido únicamente a hogares en situación de pobreza.
"Esto cubre al 55% de los niños, niñas y adolescentes de este país", afirmó, y sostuvo que el objetivo es "igualar el punto de partida".
Jubilaciones mínimas aumentarán 2,5%
Durante la entrevista, Pardo también explicó el aumento adicional anunciado para las jubilaciones mínimas.
Según indicó, la medida surgió tras planteos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y una evaluación posterior del Poder Ejecutivo, que resolvió elevar el incremento previsto inicialmente del 1% al 2,5%.
El ajuste alcanzará a unas 115.000 personas que perciben la jubilación mínima como único ingreso, incluyendo beneficiarios del BPS y de las cajas militar y policial.
Con ese aumento, la jubilación mínima pasará de $ 20.935 a aproximadamente $ 21.887, lo que representa cerca de $ 1.000 adicionales.
Revinculación educativa y control de aportes
Pardo también se refirió a la campaña de revinculación educativa impulsada junto al Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, destinada a contactar a familias cuyos hijos presentan problemas de asistencia a los centros educativos.
El proceso comenzó a fines de mayo y finalizará el 31 de julio, cuando se evaluarán los resultados.
Por otra parte, la presidenta del BPS explicó que el organismo cruza información con la Dirección General Impositiva y utiliza herramientas de análisis de datos para detectar posibles casos de subdeclaración de aportes o fraude, con el objetivo de orientar las inspecciones hacia las situaciones con mayores indicios de irregularidades.
Además, recordó que desde la creación de la historia laboral en 1996 los años trabajados ya no pueden acreditarse mediante testigos, sino que deben figurar registrados en la trayectoria laboral de cada trabajador.
