Mientras corre la última semana para llegar a un acuerdo con la corredora Sara Goldring, quien propone devolverles una mínima parte de lo que habían invertido en Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), el representante de un grupo de damnificados planteó que el APR propuesto es impugnable, y que en el afán de convencer a los damnificados para que firmen, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) no informó correctamente del alcance.
Lideco envió el 7 de octubre una comunicación a todos los damnificados en la que recomendó firmar el acuerdo y señaló que si no se llega a la mayoría a fin de mes “se retira la oferta y queda como único camino la alternativa judicial. En ese caso, se prosiguen los litigios y lo único cierto será la incertidumbre en cuanto a tiempos y a resultados”.
El abogado Fernando Cabrera afirmó que "el Acuerdo Privado de Reorganización (APR) da 100% de certeza y permite cobrar el 50% de los créditos en plazos razonables. Como contracara, la alternativa del litigio es 100% incierto y con plazos extensos".
Para que se apruebe el acuerdo se deben reunir las firmas del 75% de los créditos verificados que reúnen un monto de US$ 21 millones. Goldring propone pagarles el 50% de ese monto pero los inversores sostienen que juntos habían depositado más de US$ 100 millones y les tomaron los montos cuando las acciones estaban en su precio más bajo.
Denuncia ante la Jutep
Por otra parte, la Jutep recibió una denuncia contra el Banco Central en la que se plantea que el APR no cumple con la transparencia que requiere este tipo de acuerdos ni se ha respetado la imparcialidad. Según supo El Observador en la denuncia, presentada por la abogada Patricia Regules, que ingresó al organismo de contralor, se pide que intervenga la Fiscalía de Lavado que imputó a Goldring y sigue investigando el caso.
La denuncia apunta a que se investigue si existió conflictos de interés y desvío de poder, por lo que pide que se analice el texto del APR acordado entre el BCU Lideco, en calidad de liquidador de CVM.
Plantea que el conflicto de interés puede provenir de que el BCU a través de su liquidador promovió un acuerdo que lo libera de responsabilidad y a que se condiciona la devolución de activos a la firma de renuncias generales.
En otro aspecto se apunta a que el APR omite explicar sus efectos frente a las autoridades de Estados Unidos.
Pedido de aclaración a Lideco ante información “errónea”
Un correo electrónico enviado a Lideco por un damnificado que se ha constituido en representante de otros, señalaba que la comunicación de la liga a los damnificados contenía “información errónea”, y por lo tanto le pedía que informara “objetivamente” y enviara sus puntualizaciones a los damnificados.
Según la comunicación a la que accedió El Observador se señala que Lideco “se apartó de su mandato de liquidador pasando a amedrentar veladamente a los clientes para que se avengan a firmar un acuerdo a ojos vistas misérrimo”.
“Ese es el objetivo primordial de Lideco : liquidar la empresa a como de lugar , terminar su proceso y cobrar su honorario , sin mantenerse equidistante, dándole toda la información correcta a los clientes, de modo que puedan tomar una decisión trascendente en su futuro económico”, afirma.
Cuestionó que Lideco “recibió de Goldring una propuesta que fue tratada en forma reservada con dos estudios de abogados, mientras no se le dio participación al resto de los representantes legales, haciendo un uso arbitrario de la igualdad del derecho a información en un tema que compete a todos los afectados”. Agregó que luego de tener el Acuerdo armado, se le comunicó al resto de los abogados.
En relación al APR, se señaló que el 19 de setiembre Lideco anunció haber firmado un acuerdo con Golring, y convocó a los damnificados a firmarlo por considerar que "contiene ventajas significativas para los acreedores".
“Esto no es así : la propuesta de pagar hasta el 50% de los saldos de las posiciones en efectivo de las cuentas al 31 de diciembre de 2022, implica una pérdida de entre el 50 al 98% de los saldos que tenían las mismas al 30 de junio de 2021, última fecha en la que los estados reflejaban los saldos reales. Al momento de la firma no se informó de un plazo límite para para firma de este APR. Ahora, se impone la fecha límite del 31 de octubre”, destacó.
El inversor afirmó que “curiosamente” por esta fecha se espera que la Corte en EEUU dicte la orden de embargo de las cuentas de Goldring y familia en los bancos Jefferies y Morgan Stanley.
En relación a que Lideco afirmó que era “absolutamente falso” hablar de pasivos cercanos a los US$ 100 millones, se mencionó que es otro dato erróneo ya que “parte de los estados de cuenta al 31 de diciembre de 2022”. Luego de esa fecha, dijo que “desaparecieran más de US$ 80 millones en comparación con el capital registrado en las cuentas al 30 de junio de 2021” porque Goldring comenzó a ocultar y falsear los estados de cuentas enviados a los damnificados.
El acuerdo asegura que se pagará un mínimo del 50% de los saldos en efectivo al 31 de diciembre de 2022, luego de que desapareciesen de las cuentas entre el 50 y 98% de los saldos. Por ello el 50% aludido, en la mayoría de los casos, es menos del 15% del capital existente al 30 de junio de 2021.
En otro orden objetaron que Lideco “amedrente” a los damnificados mencionando plazos "eternos" y exagerando las posibilidades de perder juicios”. “Ne es función de Lideco el aconsejar sobre acciones fuera de su órbita de liquidador local. Sus expresiones son sólo SU opinión, minimizando y desconociendo que una investigación por parte de la SEC (Securities and Exchange Comission) puede exponer múltiples ilegalidades en la operativa de CVM/Golring en el banco Jefferies y deja abierta la vía de reclamo patrimonial al banco Jefferies”.
“La firma de este APR cortaría la posibildad de reclamo en EEUU al banco Jefferies, liberaría el acceso a Goldring al dinero en sus cuentas, cuyo monto ha tratado de ocultar, para que no sea alcanzado por los damnificados; exoneraría a Goldring y flia. de presentes y futuros reclamos legales”.
Asimismo, consideraron “incorrecto” lo dicho por Lideco sobre que las cuentas están solo a nombre de sociedades y no a su nombre personal. “De las once cuentas a ser embargadas, seis están a nombre de sociedades, propiedad de Goldring y su familia y cinco a nombre personal de Golring y familiares. En todas ellas Goldring figura como titular directa o bien como accionista de las sociedades, siendo totalmente identificables”, sostuvo al tiempo que entregó documentación que lo confirma.
Por último señala como incorrecto afirmar que el APR "libera a los firmantes de accionar en EEUU". "La cláusula 11° del acuerdo , llamada "deber de colaboración" dice textualmente que los comparecientes se obligan ante el banco Jefferies a ...suscribir.....toda la documentación que sea requerida por Jefferies LLC para el cumplimiento de la gestión en forma oportuna".
A juicio de los inversores esa cláusula habilita a Jefferies a exigirle a los participantes del APR, la firma de una declaración de renuncia a reclamos legales contra el banco y los firmantes estarán obligados a ello.
CVM fue intervenida en julio de 2022. El BCU dispuso su disolución y liquidación administrativa y designó como a Lideco como liquidador delegado. Además anunció una auditoría externa sobre saldos y trazabilidad en custodios del exterior. No se conoció nunca el resultado de esa auditoría.
