La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) concluyó que en el caso de Milagros Chamorro, la mujer de 31 años que se suicidó en el Casmu en octubre de 2024, hubo “un conjunto de omisiones e incumplimientos” por el prestador de salud "y por el fiscalizador", que es el Ministerio de Salud Pública.
En una resolución del organismo enviada a la ministra de Salud Cristina Lustemberg y a la fiscal de Corte Mónica Ferrero se concluye que hubo "una vulneración del derecho a la vida y a la salud de la joven".
Hace dos años, la joven había denunciado que fue víctima de "una violación grupal (ocurrida el17 de setiembre del 2010), en la que se habrían utilizado medios digitales para registrarla y difundir el hecho”, señala el informe al que accedió El Observador.
“La situación de violencia sexual denunciada le causó graves sufrimientos a la víctima y habría tenido relación con su decisión de quitarse la vida, por lo que no se garantizó el acceso a las condiciones para una vida digna y se incumplió con el derecho a la salud y al deber de la debida diligencia para prevenir y reparar situaciones de violencia de género”, señala el informe que fue publicado en primera instancia por La Diaria.
Chamorro tenía “un padecimiento de salud mental de larga data, había recibido asistencia previa por intentos de autoeliminación y atravesado instancias vinculadas a la denuncia de una agresión sexual sufrida en su adolescencia —incluyendo pericias forenses la posterior comunicación del archivo del caso—, encontrándose al momento bajo seguimiento clínico”, continúa el texto.
Sentada por Milagros Chamorro.jpg
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"El suicidio puso de manifiesto errores asistenciales tales como: subvaloración del riesgo, ausencia de supervisión adecuada, carencia de interconsultas psiquiátricas oportunas, registros incompletos y protocolos poco claros o no aplicados", aporta el Inddhh.
El mismo estudio afirma que la joven le consultó tres veces a su prestador de salud "entre el 23 y el 25 de octubre" y que "en ninguna" de ellas "fue valorada por un médico psiquiatra".
Según la institución, el Ministerio de Salud Pública (MSP) "tiene la obligación de actuar de forma inmediata y efectiva ante situaciones como en el presente caso". Entre otras falencias señalan "la demora en la respuesta" y "podrían implicar un incumplimiento de las obligaciones asistenciales definidas por el MSP".
La cartera dirigida por Lustemberg "dispuso una investigación de oficio" por el caso. En cuanto a la Fiscalía, se le pidió "adoptar lineamientos de comunicación adecuados (presencial o telefónica con emocional apoyo psicosocial) ante el archivo de denuncias en caso de alto impacto emocional para las víctimas y familiares".
