La nueva ley de Lavado (Ley N°20.469) entró a regir en marzo de este año y modificó algunos aspectos de la ley original, la 19.574. A casi tres meses de su aplicación, desde la Asociación de Abogados Penalistas (AAP) invitaron al único fiscal especializado en Lavado, Enrique Rodríguez, a exponer sobre los cambios que trajo, en las jornadas académicas que realizaron el martes 8 y el miércoles 9.
Rodríguez afirmó que las modificaciones que se introdujeron "no vienen a mover el tablero". "Se ajustaron algunas clavijas pero no crean que ahora vamos a tener 200 condenas por año”, le dijo a los penalistas. Luego agregó: "Los hechos son los mismos, los problemas son los mismos y también las herramientas con las que se maneja la fiscalía”.
En ese sentido, recordó que si bien la ley que creó la fiscalía de Lavado habilitó la designación de un contador que asista en las investigaciones al equipo, al día de hoy ese cargo no se ha creado. Además, la contadora Carina Liguori que asesoraba a la fiscalía de Lavado en pase en comisión, y también era compartida por las otras tres fiscalías especializadas de Delitos Económicos, trabajará hasta julio, cuando volverá al Banco Central, su cargo de origen.
En otro orden, Rodríguez celebró la decisión del Parlamento de finalmente no eliminar su fiscalía, como pretendía el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. "No se nos participó de una sola reunión para pedir nuestra opinión", dijo en relación a la elaboración del proyecto, aunque agregó que sí fue al Parlamento porque él mismo lo pidió y ahí tuvo "buena receptividad".
También explicó que las cifras de condenas por lavado que se señala que en Uruguay son bajísimas, no son muy distintas a las de otros países de América e incluso de Europa, en relación a la población de cada país.
Un nuevo delito y umbrales de US$ 16.000 para investigar lavado
El relación al capítulo de la parte penal de la ley, el fiscal Rodríguez señaló que el 60% o 70% de las modificaciones se hicieron para adecuar la ley al proceso acusatorio y en ese sentido los cambios son juez por fiscal o Ministerio Público, o presumario por investigación preliminar para ajustarlo al proceso penal vigente desde 2017.
Como novedad explicó que el "único delito" que se creó es el de asistencia al lavado, ya que como estaba redactado el artículo 33 en la ley anterior Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), organismo internacional que evalúa a los países en la lucha contra el lavado, entendía que era en relación a las actividades precedentes, por lo tanto no era delito de lavado y eso hizo bajar las cifras de condenas en Uruguay. Así fue que se creó el artículo 33 bis que determina que las actividades delictivas son propiamente lavado de activos.
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En cuanto al artículo 34, que es el que establece los delitos precedentes, el fiscal advirtió que "ajustando las clavijas" se bajaron los umbrales de delitos como estafa, apropiación indebida y contrabando a 100.000 unidades indexadas que estimó son unos US$ 16.000. Antes el límite estaba en 200.000 UI.
Rodríguez le dijo a los penalistas que "seguramente van a tener más casos porque al bajarse los umbrales previstos en cuanto a la entidad económica real o estimada", esto "desencadena" que se tenga que iniciar una investigación paralela por lavado.
En el mismo sentido, se bajó el umbral de la defraudación tributaria a 400 mil UI, por lo que quien defrauda al Estado en US$ 60.000 será indagado por lavado.
También mencionó que se incluyeron tres delitos precedentes a la lista, que ahora está en 36 delitos precedentes del lavado: se trata de los ciberdelitos, el delito ambiental y el fraude a entidades financieras.
Ante las explicaciones del fiscal de Lavado sobre los umbrales, el penalista Paul Pereira Schurmann, cuestionó lo que puede implicar esa decisión ya que "hay miles de estafitas de US$ 16.000 que mueren de inanición en la fiscalía". Señaló que investigar esas "estafitas" le quitará "tiempo y esfuerzo" a la fiscalía y advirtió que "no se nota una política criminal sistemática".
Ante lo que Rodríguez respondió: "La política criminal no la fijo yo".
Medidas cautelares las pide la Junta de Drogas al juez sin pasar por fiscalía
Entre las novedades de la ley, el fiscal Rodríguez destacó que se habilita a que la Junta de Drogas, que administra los bienes incatuados en procedimientos de lavado y drogas, pueda "acudir directamente ante el juez sin pasar por la fiscalía y tramitar medidas cautelares". Según el CPP quienes pueden pedir medidas cautelares al juez son el fiscal o las víctimas.
Esa modificación, introducida en el artículo 43 de la ley, viene a zanjar un debate que se daba en cuánto a que algunos tribunales penales entendían que no correspondía tomar medidas cautelares antes de la formalización de la investigación.
El fiscal dijo que no comparte esa posición y se congratuló en que los dos jueces de Crimen Organizado con los que trabaja comparten su opinión, por lo que no han tenido mayores problemas.
De todos modos, ahora la ley dispone este cambio, frente al cual les planteó a los penalistas algunas preguntas: "¿Tenemos un nuevo querellante? ¿Y si el fiscal no está de acuerdo? ¿Qué haremos, apelaremos la resolución judicial que resuelva hacer lugar a lo que JND solicite?"
La ley también le asigna a la JND, indicó, la potestad de pedir la venta anticipada de bienes que se pueden deteriorar o perder valor y lo puede hacer “con noticia del Ministerio Público”.
Otra polémica la establece el artículo 54. En la ley anterior determinaba que si se producía el fallecimiento del procesado antes de la condena se podían decomisar los bienes. Ahora se sustituyó la palabra procesado por imputado pero no es lo mismo porque según el actual proceso el imputado es el indagado, lo que signficia que se le pueden decomisar bienes a las personas desde que "exista presunción o elemento que indique que pueda tener un origen ilícito".
Europa invadida de cocaína, los drones con explosivos y la mafia china
Al finalizar su exposición el fiscal Rodríguez contó que a fiines de mayo participó de un congreso antimafia en Palermo, Sicilia (Italia) concida como la capital antimafia, debido a la tarea que desarrollaron los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la mafia en 1992. Falcone fue el impulsor de las investigaciones por el lado patrimonial para pegarles donde les duele a las organizaciones criminales.
Rodríguez contó que allí se mencionaron varios aspectos de la actuación de las organizaciones criminales. Se señaló que mientras los grandes cargamentos detectados en los puertos de Europa han decaído considerablemente, el viejo continente "está invadido de cocaína". El problema está en que cambiaron las formas en que se "contaminan" los buques con la droga que se carga y descarga en el océano, lejos de los puertos. Esa sobreoferta genera que esa droga ya no sea de los ricos, empresarios o del jetset, sino que hoy la puede comprar un chiquilin, un almacenero o un quiosquero, afirmó Rodríguez.
Por otra parte, se refirió al poder que ha alcanzado la mafia china que está colaborando con la mafia italiana y la mafia albanesa y crearon una especie de subagencia que solamente se dedica al lavado de dinero, lo que significa que alcanzaron un nivel de especialización alto.
En el mismo sentido, contó que el Primer Comando de la Capital (PCC) hoy tiene presencia en 28 países y que integrantes de esa red criminal que surgió en las cárceles de Brasil, se infiltraron en Ucrania "bajo el disfraz de querer pelear en la guerra con Rusia" pero se especializaron en el manejo de drones con cargas explosivas, que fue lo que se vio en Rio de Janeiro en la intervención de las favelas, que dejaron cien muertos.
Frete a ese panorama, del que el fiscal de Lavado dijo que Uruguay no es ajeno, cerró su presentación con una frase de Falcone: a las organizaciones criminales no se la puede combatir desorganizadamente.
