La defensa del exsenador del Frente Amplio Charles Carrera solicitó a la Justicia una audiencia para que Fiscalía informe sobre los avances de la investigación en su contra por el uso indebido del Hospital Policial.
Según informó La Diaria y confirmó a El Observador el abogado de Carrera, Juan Manuel González, la defensa del exsenador busca que la fiscal Silvia Porteiro explique cuál es la situación actual de la causa a tres meses después de que ella solicitara el desafuero del legislador ya que entienden que el caso está "en un limbo".
González indicó que la denuncia contra Carrera por la cesión de las instalaciones policiales a Víctor Hernández, un joven que fue herido de bala y quedó parapléjico en 2012 en un episodio confuso en el que se investiga la actuación de un policía, fue realizada "hace dos años y medio".
Durante ese lapso Carrera fue investigado y su reputación se vio afectada, explicó González. El frenteamplista renunció al Senado tras el pedido de desafuero y no se presentó como candidato al Parlamento en las pasadas elecciones. Durante el próximo periodo trabajará como coordinador de la bancada parlamentaria del MPP.
Su abogado cree que ya "se agotaron las posibilidades probatorias" en su contra, y que los hechos actuales demuestran que su cliente no incurrió en ningún delito.
En un comunicado que envió luego a los medios, el abogado expresó: "La investigación abierta y el desafuero solicitado le continúan generando daños irreparables a nuestro defendido".
La audiencia con la fiscal Porteiro se realizará el próximo lunes 23 de diciembre a las 09:30, detalló González.
El pedido de desafuero a Charles Carrera y la respuesta del senador
Porteiro pidió el desafuero de Carrera el 25 de setiembre por un "presunto delito de abuso de funciones" por la atención irregular de Hernández y el pago de tickets de alimentación entre enero de 2013 y noviembre de 2016, cuando el frenteamplista se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.
La fiscal estimó que las prestaciones otorgadas a Hernández totalizaron U$S 260.350 y que la situación en la que se encontraba el paciente en el Hospital Policial era “anómala, indebida e irregular” porque “no era funcionario policial, ni familiar de policía, ni ingresa en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”.
Según explicó Carrera, en aquel momento las autoridades analizaron que Hernández había sido víctima de "un mal procedimiento policial", por lo que lo internaron en el Hospital Policial como una decisión "institucional", reclamada por "instituciones de derechos humanos", el exministro del Interior Eduardo Bonomi y "la comunidad de La Paloma".
El exjerarca también indicó que en el Policial "existe la excepción y la autorización policial" para que los no oficiales o familiares de policías se atiendan allí, al punto que "226 civiles al año" concurren al centro de salud. El frenteamplista incluso afirmó que la solicitud de Hernández "tenía el número 24.000".
Por otra parte, el legislador marcó que en un juicio civil sobre este caso realizado en 2022, autoridades de Interior reconocieron que lo que se hizo con el paciente "era lo correcto", ya que "era una situación humanitaria".
Desde Fiscalía aclararon en aquel momento que la atención que recibió el propio Carrera en el Hospital Policial y familiares no fue objeto de investigación, que se analizará "a futuro".