Como un bumerán, las acusaciones sobre el accionar de Charles Carrera como director de Secretaría del Ministerio del Interior en el caso de un vecino baleado por la Policía en Rocha en 2012 volvieron a desencadenar un respaldo en bloque del Frente Amplio, esta vez con pedido de desafuero por parte de Fiscalía y a 32 días de las elecciones.
El senador del MPP y tercer candidato al Senado por la lista 609 informó este miércoles que renunciará a su banca para “no ampararse en los fueros” y “concurrir a la Justicia como cualquier hijo de vecino”; en el Secretariado Ejecutivo recogió expresiones de “solidaridad” y el espaldarazo para que continúe haciendo campaña, según reconstruyó El Observador.
En la Huella de Seregni, decenas de compañeros acompañaron su rueda de prensa y lo aplaudieron al terminar. El Frente Amplio dio por cerrado el tema este mismo miércoles y en el MPP aseguran que el caso no tiene ningún impacto electoral, aunque a sabiendas de que va a marcar buena parte del debate político en los próximos días.
El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, recordó el caso del exsenador blanco Gustavo Penadés al indicar que la izquierda nunca armaría “una trama para estafar a la Justicia” y afirmó que “no se cometió ningún delito”; el candidato Yamandú Orsi, en tanto, dijo que Carrera estuvo “perfecto” al renunciar y que “ahora hay que dejar actuar a la Justicia”.
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Leonardo Carreño
Desde el oficialismo, mientras tanto, ya adelantaron que los ribetes políticos van a marcar la recta final de la campaña: "Si Carrera no renuncia también a su postulación, obviamente deja el tema pendiente en el debate de campaña porque los ciudadanos están recibiendo con un nombre y una foto de alguien que acaba de aceptar que tiene que representarse ante la Justicia", alegó el nacionalista Jorge Gandini, uno de los protagonistas en la comisión investigadora en el Parlamento.
¿Qué pasa el próximo período?
A partir de ahora, la Cámara de Senadores deberá aceptar la renuncia de Carrera para habilitar a que la fiscal Silvia Porteiro convoque a una audiencia para solicitar la formalización del dirigente del MPP.
Rúben Correa Freitas, grado 5 en Derecho Constitucional, explicó a El Observador que a su juicio “si Carrera es formalizado” no queda impedido de poder asumir la banca en la próxima legislatura, elección cantada para una lista 609 que espera obtener por lo menos seis senadores. “El delito de abuso de funciones tiene un mínimo de tres meses de prisión a un máximo de tres años de penitenciaría. Si es formalizado por abuso de funciones, como el delito tiene un mínimo de prisión, automáticamente no queda suspendida la ciudadanía”, profundizó este catedrático de filiación colorada.
“El problema de Carrera se va a producir si en determinado momento hay condena”, concluyó. En ese caso sí, en base al artículo 80 de la Constitución, la suspensión de su ciudadanía lo inhabilitaría a asumir la banca.
No obstante, se espera que una eventual condena no ocurra en el corto plazo, en tanto primero debe desarrollarse un juicio. Carrera prometió que así como hoy anuncia su dimisión “en el futuro” actuará “de la misma manera”. En ese caso, tiene dos posibilidades: o renunciar a la banca que le correspondería asumir el próximo 15 de febrero –lo que dejaría sin proclamar a toda la tercera línea de la 609–, o que el Senado vote la suspensión de los fueros y reintegrarse a sus funciones en caso de quedar absuelto. En ese escenario, asumirían sus suplentes respectivos: Javier Gandolfo (La Patriada), Sebastián Valdomir y Graciela Barrera.
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“Todos somos inocentes hasta que hay condena de un juez”, enfatizó Carrera para justificar su persistencia en la militancia.
Cuando en agosto de 2022 el caso tomó notoriedad pública a raíz de un informe de Santo y Seña, Yamandú Orsi –entonces intendente de Canelones– ya lo había respaldado: "Cuando se trata de un tema humanitario y cuando Serpaj y Ielsur te plantean resolver una cuestión tan jodida, cuando te mueve eso y le encontrás la urgente salida, no dudes compañero, estás en la senda correcta", escribió entonces.
Dos años después, ya como candidato del Frente Amplio y con pedido de desafuero mediante, Orsi celebró el paso al costado, reafirmó su confianza en la Justicia y convalidó que su compañero continúe militando: “Si la Justicia no determina lo contrario... Todo lo que no está prohibido o establecido que no se puede hacer, la libertad es fundamental”.
Los entretelones del caso
El caso se remonta a 2012, cuando durante una fiesta en la casa del comisario de La Paloma alguien efectuó tiros y dejó inválido al vecino Víctor Hernández, quien había asomado a mirar. Tras estar internado en el Hospital de Clínicas, el entonces director general de Secretaría Charles Carrera, junto a la directora de Asuntos Internos, Stella González, intercedió luego del alta para que Hernández fuera trasladado al Hospital Policial –a pesar de que era civil– y cursara allí su recuperación.
También fue alojado como acompañante permanente su hermano. Los Hernández estuvieron allí desde 2013 hasta el 2017, con la víctima ingresada como “oficial sub ayudante” y percibiendo una suma mensual de $20 mil en tickets de alimentación. Distintas autoridades del momento declararon ante la comisión investigadora del Parlamento –que el Frente Amplio se negó a integrar– que todo se hizo por orden de Carrera.
La fiscal Porteiro aseguró en su pedido de desafuero que la internación de Hernández en el Policial fue “arbitraria e inmotivada, ya que no era funcionario policial, ni familiar de policía” y que no ingresaba “en las categorías lógicas de autorizaciones especiales”; indicó que por más “loables que sean” las razones “humanitarias” esgrimidas no son “justificativo para eludir el marco regulatorio” y planteó que en la entrega de tickets “hubo una finalidad de favorecimiento económico, con el consiguiente perjuicio para el Estado”.
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El abogado de Carrera, Juan Manuel González, dijo a El Observador que están “absolutamente convencidos” de que “no hay delito”. “La figura del abuso de funciones requiere lo que se llama una referencia subjetiva del tipo, es un dolo muy específico, una intención de perjudicar a la admininistración o a particulares. En este caso, está absolutamente claro que Charles Carrera no buscó perjudicar a la administración ni perjudicar a ningún particular, sino beneficiar a un particular que entendía lo necesitaba, con fines humanitarios, altruistas. Su valoración en ese momento fue muy correcta: cuanto menos desamparada estuviera esta persona (Víctor Hernández) más barato nos iba a salir el juicio (que le hiciera al Estado por los disparos efectuados por un policía)”.
“El derecho penal valora las conductas ex ante, en el momento que se realizan. El contexto indicaba que el responsable era el Ministerio del Interior y que iba a recaer una sentencia de condena muy grande”, adujo el abogado, quien aseguró que en su momento el accionar de Carrera pretendía que la condena para el Estado fuera “menor”. “Si el juicio de los Hernández se hubiera hecho bien, la pérdida hubiera sido menor. Pero como se hizo mal, en retrospectiva terminan diciendo que regaló plata del Estado”.
Según González, “no tiene ningún sentido analizar este caso con la perspectiva de un burócrata que va a cumplir a rajatabla todas las tratativas”.
“Lo que se hizo fue buscando optimizar los recursos de la administración. Si Carrera actuaba como un burócrata, tenía que decirle a Víctor Hernández que lo que indica la norma es que salga del Hospital de Clínicas y haga fisioterapia en Montevideo dos o tres veces por semana, y aunque no tenga dónde quedarse, que se quede en la calle. Si se ponía en esa posición, Hernández en seis meses hubiera estado infinitamente peor de lo que estuvo”, concluyó el abogado.
