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25 de septiembre 2024 - 18:27hs

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Silvia Porteiro, pidió el desafuero del senador Charles Carrera en el marco de la investigación por el caso de Víctor Hernández, un civil que fue atendido en el Hospital Policial y recibió tickets de alimentación bajo orden del frenteamplista.

Charles Carrera renunció al Senado

Charles Carrera se retiró entre aplausos tras renunciar al Senado

El legislador convocó a una conferencia de prensa a las 18 horas, donde anunció que renunciaría al Senado para presentarse ante la Justicia.

"Mi deber como ciudadano es renunciar y presentarme ante la justicia, para dar todas las explicaciones, con la tranquilidad que siempre tuve", afirmó Carrera ante los medios presentes en la Huella de Seregni.

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Consultado sobre si también renunciaba a su puesto en la lista del MPP, el frenteamplista contestó: "Por ahora yo estoy renunciando al cargo que tengo hoy. Los frenteamplistas jamás nos vamos a amparar a los fueros cuando nos cite la justicia".

El legislador agregó que va a "seguir militando" en la campaña, y valoró que la cúpula del Frente Amplio lo respaldó durante todo el proceso: "Eso lo voy a agradecer toda mi vida. Eso me dio la fortaleza para soportar la salvajada que me hicieron".

Desde la Fiscalía General de la Nación señalaron que el pedido de la fiscal Porteiro será analizado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien comunicará al Parlamento, quien deberá evaluar "si hay elementos para la formación de causa".

Señalaron, además, que el pedido de desafuero es por un "presunto delito de abuso de funciones" por la atención irregular de Hernández y el pago de tickets de alimentación entre enero de 2013 y noviembre de 2016.

Y aclararon que, por el momento, la atención que recibió el propio Carrera en el Hospital Policial y familiares no fue objeto de investigación, que se analizará "a futuro".

En 2012 Carrera ordenó que Víctor Hernández –un hombre que quedó parapléjico por un balazo accidental presuntamente disparado por un policía– fuera atendido en el Policial pese a que no era policía ni familiar como establece la ley. La internación se extendió durante casi tres años.

Según Carrera, en aquel momento las autoridades analizaron que Hernández había sido víctima de "un mal procedimiento policial", por lo que lo internaron en el Hospital Policial como una decisión "institucional", reclamada por "instituciones de derechos humanos", el exministro del Interior Eduardo Bonomi y "la comunidad de La Paloma".

"Jamás se pensó engañar a la institución o dañar a la persona", agregó el desde hoy exsenador.

Según Carrera, en el Policial "existe la excepción y la autorización policial" para que los no oficiales o familiares de policías se atiendan allí, al punto que "226 civiles al año" concurren al centro de salud. El frenteamplista incluso afirmó que la solicitud de Hernández "tenía el número 24.000".

Por otra parte, el legislador marcó que en un juicio civil sobre este caso realizado en 2022, autoridades de Interior reconocieron que lo que se hizo con el paciente "era lo correcto", ya que "era una situación humanitaria".

Carrera puntualizó que le "llama la atención" como la denuncia en su contra por parte del Ministerio del Interior llegó cuando se comprobó que había sido espiado.

También afirmó que el exministro del Interior Luis Alberto Heber, quien estaba al mando de la cartera cuando se presentó al denuncia, tiene un "problema personal" con él por su denuncia contra el contrato entre el Estado y Katoen Natie para la extensión de la concesión del Puerto de Montevideo.

El uso del Hospital Policial de Carrera

Además del caso de Víctor Hernández, el Ministerio del Interior denunció a Carrera en 2023, pero a partir de presuntas irregularidades en la atención de la expareja del senador frenteamplista y de otras personas en el Hospital Policial entre 2010 y 2012 mientras Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría en esa cartera.

El senador declaró antes de la feria judicial menor que se extiende entre el 1 y el 15 de julio. Si bien tiene fueros concurrió voluntariamente a declarar por esta causa.

El entonces ministro Luis Alberto Heber decidió presentar la denuncia luego de realizada una investigación administrativa que concluyó que existieron hechos con apariencia delictiva y que podía existir abuso de funciones.

Además, la cartera había ordenado iniciar acciones civiles para ir contra el patrimonio del legislador por los gastos de atención de la víctima, que estimó en US$ 260 mil.

La investigación administrativa constató que la expareja de Carrera usó los servicios del hospital 42 veces. El Ministerio del Interior entiende que el servicio de Sanidad Policial solamente lo pueden utilizar los funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos.

De hecho, dos funcionarios del actual gobierno que lo utilizaron se vieron obligados a renunciar (Luis Calabria y Santiago González) por atenderse y sacar medicamentos.

Otra interpretación

También hay otra interpretación del tema en virtud de que la Ley 13.640, de 1967, determina que “atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo”.

Carrera había respondido a esa denuncia señalando que formaba “parte de una campaña de enchastre perpetrada con fines extorsivos”. “Mi enfrentamiento con Heber viene porque soy uno de los denunciantes de la entrega del Puerto a Katoen Natie, así como de otros notorios hechos de corrupción de este gobierno. No me van a callar la boca y no voy a ceder ante las extorsiones”, expresó el senador a La Diaria. Agregó que “se hicieron las cosas bien”.

En febrero de este año, el senador había pedido a Fiscalía el archivo de la investigación en su contra basándose en la defensa que hizo la propia cartera en el juicio reparatorio que inició Hernández al Estado.

Planteó que es “insólitamente contradictorio que se alegue buena fe y justicia, como elementos principales de la respuesta que dio el Ministerio del Interior a quien fuera víctima de un accionar irresponsable de un funcionario policial”.

El senador acusó al Ministerio de incurrir en “fraude procesal” por hacer “uso abusivo del poder por parte del actual Ministerio del Interior, denunciando a sabiendas, hechos y conductas que, además de no tener ninguna relevancia jurídico penal, fueron calificadas como garantistas y humanitarias”.

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