La fiscal de Flagrancia Sabrina Flores definió que pedirá a la Justicia el levantamiento de secreto bancario sobre Jairo Larrarte, titular del Grupo Larrarte, y otras cuentas bancarias vinculadas a la empresa para rastrear la ruta del dinero invertido por quiénes hoy denunciaron haber sido estafados, dijeron a El Observador fuentes del caso que añadieron que la fiscal pretende reunir más elementos antes de formalizar la indagatoria.
Además, dispuso citar a varias personas, colaboradores de Larrarte en la empresa y quiénes han sido señalados por los denunciantes como los representantes del Grupo Larrarte que los reclutaban para firmar los acuerdos de inversión con una rentabilidad anual de 11,3%.
Si bien la fiscal Flores entiende que el caso debería pasar a una fiscalía especializada en Delitos Económicos, les comunicó a algunos de los abogados denunciantes que tomará estas medidas para avanzar en la investigación. La Fiscalía de Corte define por estas horas si el caso pasa a una fiscalía especializada. Por el momento en que se realizaron las denuncias recaería en la fiscalía a cargo de Alejandro Machado.
Las denuncias penales contra el Grupo Larrarte superan los US$ 5 millones
Las denuncias por estafa, que se siguen acumulando, ya superan los US$ 5 millones. Además de por los delitos de estafa, los inversores han ido sumando otros delitos como apropiación indebida, abigeato, falsificación de documento (luego de detectar que la empresa había adulterado guías de propiedad falsificando la firma de un inversor para pasar todo el ganado de esa persona a la guía de propiedad de la empresa) y asociación para delinquir (sostienen que varios colaboradores de Jairo Larrarte estaban al tanto de las maniobras y colaboraban con él).
Los denunciantes son representados básicamente por los abogados Juan Pablo Decia, Santiago Alonso y Nicolás Ghizzo y por Jorge Barrera.
El 25 de setiembre la Justicia dispuso el cierre de fronteras por 180 días para Jairo Larrarte en una audiencia en la que se le retuvo el documento y se lo obligó a fijar un domicilio,
Como informó El Observador, días antes de esa decisión la Justicia había congelado la actividad en los campos vinculados a la empresa para evitar movimientos de entrada o salida de ganado.
Los problemas con la empresa empezaron en julio de este año cuando ante rumores de que la empresa tenía problemas, los empresarios dejaron de contestar a los llamados de los clientes. Recién luego de que El Observador informara de las primeras denuncias, el Grupo Larrarte organizó dos reuniones virtuales, en las que expusieron los problemas económicos de la firma y no contestaron preguntas.
Las denuncias por estafa se presentaron luego de que un grupo de inversores que había firmado contratos por la posesión de ganado, averiguó con el Ministerio de Ganadería por ese ganado y se enteraron que no tenían animales a su nombre pese a lo que decían los contratos.
Según se establecía en uno de esos contratos el ganado estaba ubicado en el paraje la Calera, quinta sección del departamento de Rivera. Sin embargo, constataron que el ganado que creían tener no existía.
Un acreedor de la empresa pidió el "concurso necesario" a la Justicia concursal. Como indica la ley concursal para los casos en que pida el concurso alguna parte que no sea la empresa, la jueza María Costanza Farfalla le planteó varias observaciones. Levantada esas observaciones, la jueza resolvió el 7 de octubre darle traslado de la solicitud de declaración de concurso y su ampliación al Grupo Larrarte y a Jairo Larrarte y les dio un plazo de diez días para que respondan.
