Un documento interno del block quirúrgico del Hospital Italiano advertía en marzo de 2024 sobre presuntas irregularidades en el desempeño de la anestesista Inés Miralles y señalaba conductas que el equipo médico consideraba compatibles con un "probable abuso de sustancias".
La nota, divulgada por el periodista Ignacio Álvarez, tiene fecha del 25 de marzo de 2024 y estaba dirigida a la Dirección Técnica de Universal SPS. Fue firmada por el entonces jefe del block quirúrgico, Fausto Madrid.
Consumo de fentanilo y pérdida de confianza
En el documento se afirma que la conducta de la anestesista había generado una "pérdida de confianza" por parte del equipo que trabajaba en el block quirúrgico del Hospital Italiano.
Según el texto, desde que Miralles comenzó a desempeñarse en ese ámbito se habría detectado un consumo de fentanilo "por encima del promedio de los demás colegas anestesistas". El documento agrega que esa situación era observada pese a que, tras episodios ocurridos anteriormente en servicios de tomografía y endoscopía digestiva, existía una vigilancia más estricta sobre el manejo de drogas anestésicas.
La comunicación también menciona que se habían registrado "múltiples situaciones" de pacientes con dolor posoperatorio considerado excesivo, pese a que, de acuerdo con las planillas de registro, habían recibido cantidades suficientes de fentanilo durante las intervenciones quirúrgicas.
Ausencias del quirófano y manejo de medicamentos
Otro de los puntos señalados refiere a frecuentes ausencias de Miralles de la sala de operaciones para concurrir al baño. Según el documento, esa conducta había sido observada reiteradamente y considerada inadmisible por el equipo de trabajo.
Además, se indica que se dispuso que un ayudante de anestesia permaneciera de forma permanente en sala para controlar tanto al paciente como el cumplimiento de los protocolos anestésicos.
También se afirma que, pese a que las drogas debían ser preparadas exclusivamente por los ayudantes de anestesia, en varias oportunidades la médica se habría adelantado al procedimiento, cargando ella misma los medicamentos e incluso guardándolos en el bolsillo de su sobretúnica.
"Conductas extremadamente sospechosas"
"Entendemos que estas conductas serían extremadamente sospechosas de un probable consumo problemático de sustancias", sostiene el documento, que agrega que la situación se habría visto agravada por un episodio reportado por una enfermera ayudante de anestesia pocos días antes de la redacción de la nota.
El texto concluye que las situaciones descritas habían generado un deterioro del clima laboral y una pérdida de confianza entre los funcionarios del block quirúrgico.
"Todo lo relatado nos permite afirmar que se ha generado un mal ambiente de trabajo y la pérdida de confianza por parte del personal del BQ", señala el documento. Por ese motivo, el responsable del servicio recomendó que Miralles dejara de ser convocada para trabajar en el centro.
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Las declaraciones de Miralles
El contenido de la nota tomó estado público semanas después de que Miralles rompiera el silencio sobre la muerte de la pediatra Soledad Barrera, ocurrida en 2023 durante una cirugía de vesícula.
En una entrevista concedida a Informativo Carve (AM 850), la anestesista rechazó haber sido responsable del fallecimiento y también negó tener problemas de consumo de fentanilo.
"No tengo un problema", afirmó entonces, al tiempo que sostuvo que la Comisión Honoraria de Salud Pública había desestimado esa posibilidad y aseguró que se había puesto a disposición para realizar controles aleatorios.
La condena y la reducción de la sanción
Miralles fue condenada en diciembre de 2025 por homicidio culposo mediante un proceso abreviado y recibió una pena de 24 meses de prisión bajo régimen de arresto domiciliario nocturno.
Además, había sido inhabilitada por cinco años para ejercer la profesión, aunque posteriormente la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, resolvió reducir esa sanción.
La decisión provocó cuestionamientos dentro del ámbito médico y la renuncia de integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, mientras que la familia de Barrera promovió actuaciones ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico.
Según informó El Observador, la presentación solicita que el órgano determine en primer lugar si tiene competencia para intervenir y, en caso afirmativo, analice la conducta de ambas profesionales.
Respecto de Lustemberg, la denuncia cuestiona la decisión de reducir de cinco a tres años la inhabilitación profesional que había sido impuesta a Miralles por la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Los denunciantes sostienen que debe evaluarse si esa reducción estuvo respaldada por fundamentos éticos, técnicos y documentales suficientes. También plantean que se analicen las explicaciones brindadas por la ministra en el Parlamento y una eventual contradicción entre la rebaja de la sanción y otras decisiones adoptadas en el ámbito estatal.
Las irregularidades señaladas por la comisión
Las advertencias contenidas en el documento del Hospital Italiano coinciden parcialmente con observaciones realizadas posteriormente por la Comisión Honoraria de Salud Pública al analizar el caso Barrera.
En su resolución, la comisión concluyó que se trató de una "muerte evitable" y señaló que la anestesista incurrió en diversos apartamientos de la práctica médica adecuada.
Entre otros aspectos, cuestionó que Miralles abandonara temporalmente la vigilancia de la paciente durante la intervención quirúrgica para dirigirse al baño y sostuvo que esa ausencia constituyó una "injustificada conducta negligente".
El informe también indicó que no era posible establecer ni descartar que esa conducta hubiera tenido incidencia en la bradicardia y el posterior paro cardiorrespiratorio sufrido por la paciente.
Asimismo, la comisión dejó constancia de la existencia de incongruencias en los registros de fármacos controlados utilizados en el caso y de "rumores no confirmados" sobre un eventual consumo de estupefacientes durante el horario laboral, aunque aclaró que esos elementos formaban parte del contexto analizado y no fueron determinantes para la sanción aplicada.
Miralles fue posteriormente condenada por homicidio culposo mediante un proceso abreviado, en el que recibió una pena de 24 meses de prisión bajo régimen de arresto domiciliario nocturno y asumió responsabilidad penal por los hechos.
