El edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, presentó una moción en la Junta Departamental de Montevideo solicitando dejar "sin efecto" la cesión del exparador Nelson por 20 años a Burger King (Adiser S.A.). Gómez reclama que se lleve adelante una licitación pública del terreno.
Según señala en el documento enviado a la junta, la cesión fue otorgada sin un nuevo proceso de licitación pública, a pesar de que el contrato original estaba vencido desde mayo de 2024 y sin la intervención de la Junta Departamental. Esto, entiende, es una "violación" de las normas establecidas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), la Ley Orgánica Municipal y la Constitución.
La concesión original había sido adjudicada en 2003 a la empresa Necomar S.A. por un plazo de diez años, con la posibilidad de prórrogas. A lo largo de los años, el contrato pasó de Necomar a Kerifos S.A. en 2016 y, finalmente, a Adiser S.A. en 2024.
El traspaso de la concesión de Kerifos S.A. (responsable del establecimiento PYG) a Burger King, fue aprobado mediante una resolución de la IM, firmada por el exintendente Mauricio Zunino y la ex secretaria general Olga Otegui.
Tras este movimiento y según informó El Observador meses atrás, la Intendencia de Montevideo prorrogó el contrato por 20 años de forma directa, sin realizar una licitación pública y sin la aprobación de la Junta Departamental.
Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas, quien en febrero emitió un informe que identificó irregularidades en el procedimiento.
En la moción, Gómez sostiene que al encontrarse el contrato vencido, no corresponde prorrogarlo, y que la nueva concesión es un contrato distinto que debe ser adjudicado a través de un proceso de licitación pública.
Además, señala que la omisión de la Junta Departamental vulnera "principios constitucionales" y pone en riesgo la "transparencia" en la gestión del patrimonio público.
La propuesta solicita la anulación de la cesión a Adiser S.A., que se realice un nuevo llamado a licitación pública y que se remita copia de la moción al Tribunal de Cuentas para su consideración, además de asegurar la publicación de la moción para promover la transparencia y el control democrático de los actos de gobierno.
