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13 de febrero 2026 - 14:10hs

El senador nacionalista Javier García fue uno de los primeros en manifestarse y afirmó que responde a una motivación política cuyo “objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”.

García, exministro de Defensa durante la negociación por las patrulleras, sostuvo que el oficialismo actuó de forma similar en el caso del acuerdo portuario con Katoen Natie y advirtió que la medida dejará al país sin las embarcaciones, expondrá a Uruguay a una demanda internacional y afectará su credibilidad jurídica.

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En la misma línea, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó la decisión como una “enorme irresponsabilidad” y acusó al gobierno de actuar con “saña política”, al tiempo que expresó respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa en la administración anterior.

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Desde España, el dueño del astillero, Mario Cardama, afirmó que la empresa entiende que se actuó “de manera muy incorrecta” y anunció que evaluará los pasos a seguir, al señalar que “ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón”.

El senador blanco Sebastián da Silva consideró por su parte que "hay dos colectivos que festejan: los de abogados que se llenarán de plata con esta decisión y los de los narcos que se aseguran de un mar libre para sus negocios".

"También hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno. Ver a la Ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría debía de saber antes de mandar casi 30 millones de dólares al villano número uno del país y seguir tan campante en el cargo es para un ateneo médico que se llame "Los rostros de piedra inmutables "", agregó el legislador.

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La diputada frenteamplista Julieta Sierra tomó el guante y respondió en la publicación de Delgado, asegurando que "es política, porque todas las decisiones a fin de cuenta lo son".

En la misma publicación contraatacó y estableció una diferencia entre "cuando una decisión política tiene sustento jurídico por estar sumergidos en garantías TRUCHAS que eran las que permitía que el contrato estuviera vigente, a cuando son decisiones políticas que se toman después de tener advertencias de todo tipo de que íbamos rumbo a una estafa y la decisión se toma IGUAL".

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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió en su cuenta de X: "Nos comprometimos y juramos defender al Estado uruguayo y la soberanía nacional. Por eso decidimos cancelar el contrato con Cardama, iniciar acciones para recuperar el patrimonio uruguayo y buscar las responsabilidades institucionales e individuales".

Anunció, además, que desde el gobierno "vamos a trabajar para que nuestro país tenga las patrulleras oceánicas que necesita. Con un proceso transparente, con garantías reales. Para Uruguay lo mejor. Ese es nuestro horizonte, esa es nuestra responsabilidad", acotó.

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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aseguró que "Uruguay va a tener patrullas oceánicas. Las necesita. Y las vamos a tener con un constructor confiable, con reglas claras y con todas las garantías legales, técnicas y de seguridad".

"Vamos a seguir defendiendo el patrimonio de los uruguayos", apuntó.

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El diputado nacionalista Pablo Abdala, por su parte, consideró que el gobierno "ha cometido un acto de enorme irresponsabilidad".

"La conferencia de prensa de hoy demostró que actúa, desde el 22 de octubre, con premeditación y alevosía. Sin apartarse de su pérfido guion. Su único interés era, y sigue siendo, destruir lo hecho por el gobierno anterior", acusó.

En la misma línea, consideró que "nunca le importó sostener el contrato y construir las patrulleras. Expone al país a un daño del que tal vez no tenga mayor conciencia. Pero tampoco le importa".

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El senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, defendió que la decisión "llega después de meses de advertencias, observaciones técnicas y preguntas que nunca tuvieron respuestas claras. Porque, como dice el dicho: lo que empieza mal, termina peor".

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El senador nacionalista Martín Lema acusó que desde el gobierno "pusieron intereses políticos menores por encima de los intereses nacionales".

"¡Qué daño le hace al país un Gobierno sin agenda constructiva!", disparó.

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El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir celebró el "fin de un negociado infame; dos garantías invalidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro".

"Quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible", sostuvo.

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