El gobierno tiene decidido comprar una sola patrullera oceánica (OPV) construida desde cero y “complementar” a través de distintas adquisiciones la vigilancia marítima. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo a El Observador que la apuesta del Poder Ejecutivo es consolidar un “sistema” a partir de la incorporación de tecnología y otros patrulleros usados, y “no pensar en clave de solo una OPV”.
La jerarca detalló que han recibido numerosas ofertas para la construcción de los buques tras la rescisión con Cardama, pero que por razones de monto es casi imposible proyectar la compra de más de una embarcación de este tipo.
Se estima que solo una OPV saldría en el entorno de los US$ 100 millones, mientras que el costo total de los dos buques que el gobierno de Luis Lacalle Pou había encargado al astillero gallego era de unos US$ 92 millones.
Las autoridades suelen enfatizar esta comparación para poner en duda la viabilidad del contrato con Cardama. Cuando el pasado abril compareció ante la comisión parlamentaria que investigó dicho compra, el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, justificó la elección por el bajo precio ofrecido por este astillero en base a que era como “un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí”.
“La respuesta de Cardama a eso fue que los lobbies de las OPV están todos manejando un precio muy similar por los márgenes de ganancia y ‘yo estoy por fuera de ese lobby, y la única opción que tengo es ir bajando el margen de ganancia a los efectos de poder ingresar’”, explicó entonces el almirante.
Render de la OPV de Cardama para Uruguay
Ministerio de Defensa Nacional
El actual gobierno de Yamandú Orsi prevé elegir antes de fin de año entre tres opciones concretas que en los últimos meses llegaron al Ministerio de Defensa a partir de las distintas embajadas: Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), Cotecmar (Colombia) y Naval Group (Francia).
El Poder Ejecutivo ha considerado como interesantes las tres propuestas, al tiempo que la ministra Lazo ya visitó las instalaciones de las dos primeras en el continente. La semana pasada estuvo a bordo del tipo de OPV ofrecida por la colombiana Cotecmar y en julio ya había estado en el astillero SIMA en Perú, la representación de Hyundai en la región.
Orsi ha dicho que un factor decisivo será el modelo de financiamiento a largo plazo que ofrezcan los astilleros en pugna. “Ojo que tan importante como el costo es cómo lo pagás”, había dicho el presidente el pasado 19 de marzo en una conversación con periodistas. “(Con Cardama) estabas pagando al taca taca, por adelantado”.
Otro factor sobre la mesa será la fecha de entrega tentativa de la OPV nueva. Los astilleros ofrecen tiempos de construcción que varían entre 24 y 36 meses, pero también está en juego a partir de qué plazo tienen disponibilidad para empezar las obras.
El presidente ya afirmó que la compra será “de Estado a Estado”, mientras que el gobierno proyecta que será mediante compra directa por excepción, sin llamado abierto.
Estas gestiones fueron cuestionadas días atrás por el diputado blanco Gabriel Gianoli, quien pertenece al sector político del exministro Javier García. “Un nuevo capítulo del turismo de astilleros”, criticó ante la visita de Lazo a Cartagena de Indias. “Sin llamados, sin licitaciones, sin información a la oposición. A un año ya de la rescisión, el gobierno continúa sin soluciones para la Armada en su misión de custodia y seguridad de nuestro mar”.
Las patrulleras inglesas
Como informó El Observador, el Ministerio de Defensa tiene la voluntad de incorporar otros dos patrulleros de la clase River que pertenecen a la Marina Real inglesa.
La ministra Lazo dijo para esta nota que están en los estudios respecto a eventuales condiciones de traslados, equipamiento necesario y si las embarcaciones llegarían “en calidad de donación” por parte del Reino Unido.
Los buques en cuestión fueron puestos en servicio en 2003 –tienen 23 años de antigüedad– y la Marina Real pretende darles de baja en 2028, como parte del compromiso de los países de la OTAN de incrementar su inversión en equipamientos de defensa.
La propuesta original consistía en tres embarcaciones que hasta hoy continúan desplegadas en el Atlántico Norte para vigilar la presencia de submarinos rusos: el HMS Tyne, el HMS Mersey y el HMS Severn.
Si bien tienen medidas similares a otras patrullas oceánicas –eslora de casi 80 metros y 1.700 toneladas de desplazamiento–, el gobierno considera que “no son OPV” sino buques que serían destinados a la vigilancia de la zona económica exclusiva del país. La nueva OPV a ser encargada a un astillero, en tanto, sería para el patrullaje más allá de las 200 millas náuticas, mar abierto hacia las llamadas aguas azules.
Una de las claves es que las River inglesas no cuentan con hangar para embarcar helicóptero, lo que había sido un requisito excluyente de la Armada Nacional durante la anterior administración para la compra de patrullas oceánicas.
Aunque el gobierno no ha oficializado la decisión, en la Armada hay reparos hacia la incorporación de estas patrullas por considerarlas inadecuadas para las necesidades de la flota.
Memorando con Colombia
La ministra Lazo firmó la semana pasada un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa colombiano para “profundizar la cooperación” y “dar un marco más estable e institucional a la relación bilateral”.
El gobierno uruguayo tiene interés en una “cooperación más a largo plazo” aprovechando las capacidades del astillero Cotecmar en Cartagena de Indias, en pos de una “recuperación de capacidades” de construcción naval en Uruguay, tales como posibles construcciones menores a futuro.
Lazo sostuvo que tanto SIMA en Perú como Cotecmar son “ciudades enormes” que interesan al ministerio en su trabajo por revitalizar el Dique Nacional, y proyectó la realización de un seminario sobre “la posibilidad de reactivar a la industria naval” con una convocatoria al PIT-CNT, a las Fuerzas Armadas y al propio astillero.
Las conversaciones incluyeron también avances para establecer sendas agregadurías de defensa en Uruguay y en Colombia tras la asunción de las nuevas autoridades del gobierno de Abelardo de la Espriella.
