La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) dio lugar a la denuncia de los colectivos de familiares y usuarios del Centro Martínez Visca contra el Ministerio de Salud Pública ( MSP) ante la situación del lugar y el estado presupuestal del mismo. La situación del centro pone de "manifiesto" una posible "vulneración del deber del Estado" al garantizar "condiciones adecuadas y sostenibles para la atención integral en salud mental", argumenta la parte denunciante.
En mayo del 2023, el colectivo presentó una denuncia ante la Inddhh donde exponía su "preocupación" por un posible cierre del centro debido a la "insuficiencia presupuestal", según expone la resolución a la que tuvo acceso El Observador.
Producto de esto, en junio del mismo año, el Área de Defensoría del Pueblo de la Inddhh remitió a la cartera de Salud Pública una solicitud de información con respecto a lo denunciado.
Desde la secretaría de Estado se presentó un informe en el que se aseguró que no estaba previsto el cierre del Centro Martínez Visca y que se estaban llevando adelante medidas para "asegurar su sostenibilidad".
Tras esto, y en una nueva visita de las personas denunciantes al lugar, manifestaron que si bien el Estado había asumido "públicamente" el compromiso de mantener el funcionamiento del centro, no se había garantizado la financiación para los últimos meses de 2023, ni para los ejercicios 2024 y 2025.
Luego de dos años de esto, el colectivo presentó una "actualización" de su denuncia donde reiteró que los hechos previamente expuestos "continuaban vigentes". Además, expusieron que su preocupación no solamente se limitaba al financiamiento, sino que también comprendía la necesidad de "establecer una institucionalidad eficiente" que permitiera la implementación de un Sistema Nacional de Rehabilitación, que sea una "garantía" del derecho a la salud para las personas con trastornos mentales.
Producto de la "persistencia" de los hechos denunciados, la Inddhh resolvió remitir las acusaciones a la Unidad de Población en Situación de Discapacidad y al Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD).
Luego, solicitaron al MSP un pedido de información actualizada con respecto al estado de situación del centro con información sobre las medidas de financiamiento adoptadas o la inclusión de recursos que garantizaran la estabilidad del lugar. Sobre esto, la cartera sugirió derivar la consulta al centro.
Posteriormente, se confirmó una visita de las personas denunciantes al lugar y estos manifestaron que los aspectos requeridos al MSP "no fueron respondidos en la comunicación recibida".
En este marco, la Inddhh se reunió con la Coordinadora del Programa de Salud Mental de la cartera. Tras esto, informaron que se estaban realizando intercambios con "otras áreas" del ministerio para así poder dar una "respuesta" mediante un informe a los temas relacionados con el presupuesto y financiamiento del centro.
Finalmente, ante la "falta" de la recepción del informe, se reiteró desde la institución la solicitud de información, pero no obtuvieron respuesta.
Toda esto, entienden, pone de "manifiesto" una posible "vulneración del deber del Estado" al garantizar "condiciones adecuadas y sostenibles para la atención integral en salud mental".
"Si bien se reconocen las acciones puntuales implementadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para asegurar la continuidad operativa del Centro Martínez Visca, persiste la preocupación respecto a la carencia de una planificación estructural y presupuestal de mediano y largo plazo que garantice la calidad, estabilidad y expansión del servicio", sostienen en el documento al que accedió El Observador.
Bajo estas consideraciones, la Inddhh resolvió declarar que la "persistencia" de la situación planteada por el colectivo con respecto al centro constituye un "riesgo de vulneración del derecho al acceso a la salud mental, en particular a las personas que residen en el interior del país".
Así, recomiendan al MSP: promover medidas que fortalezcan la sostenibilidad del sistema de atención en salud mental, con énfasis en la participación social y en la complementariedad efectiva, avanzar en la conformación de un sistema articulado de servicios de salud mental que garantice el acceso equitativo y de calidad en todo el territorio nacional, fortalecer los mecanismos de articulación entre los distintos actores públicos y privados que brindan servicios de salud mental, Establecer canales institucionales de participación activa de organizaciones sociales, usuarios y usuarias, familiares y comunidades, en el proceso de reforma de la atención en salud mental y adoptar medidas presupuestales, normativas y administrativas que aseguren el cambio y la sostenibilidad de los servicios existentes.
Finalmente, solicitan al ministerio que informe, en un plazo de 30 días, sobre las acciones previstas en relación con las "recomendaciones" formuladas.
