Según supo El Observador, Alberti negó tajantemente ser la destinataria del dinero que varios sindicalistas recibieron en las maniobras por las que la trabajadora del fondo que pagaba los sueldos, Stella Rey, les giraba partidas que simulaban ser pagos a proveedores y otros rubros inventados. Si bien tres de ellos, que están condenados, la señalaron como la destinataria del dinero, no hay pruebas hasta el momento que confirmen esa versión.
Su comparecencia que comenzó a las 13 horas, se dividió en dos audiencias, ya que primero fue interrogada sobre los desvíos del Fosvoc y luego por las horas solidarias. Alberti respondió por primera vez a las preguntas del titular de la Fiscalía de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez Olivar y las adscriptas Gabriela Gómez y Silvia Monzón, así como a las consultas de los dos oficiales del equipo de investigación policial y del denunciante por el Fosvoc, Oscar López Goldaracena.
Alberti estuvo acompañada por su defensor, el abogado Miguel Mederos, quien dijo a El Observador que para su clienta fue muy importante poder dar las explicaciones en ambos casos.
El abogado destacó que Rey nunca nombró a Alberti como la destinataria del dinero y cuando le preguntaron por ella dijo que no la conocía. Apuntó también a que Alberti fue una de las denunciantes de las maniobras, lo que explica que algunos de los condenados la pretendan implicar.
La teoría del caso de la Fiscalía apunta a develar si, como dijeron esos trabajadores, el dinero desviado fue destinado a financiar campañas del Partido Comunista de donde Alberti era también secretaria de Finanzas, hasta que fue separada de esa función.
Sin embargo, Mederos destacó que del caudal enorme de pruebas que lleva recabando la fiscalía en el año y medio que transcurrió desde que se inició el caso, incluido un informe de la Secretaría Antilavado (Senaclaft), "no surge ningún elemento que vincule a Alberti" con las maniobras.
El abogado explicó que hay muchas cuentas de dinero y donaciones que recibía el Partido Comunista que se enviaban a la cuenta de Alberti porque el partido no tiene personalidad jurídica y no tiene cuentas bancarias a su nombre, de todos modos dijo que están individualizados los montos y se comprometió a entregar a Fiscalía los estados de cuenta con las explicaciones para demostrar que no tiene nada que ver con el Fosvoc.
Según supo El Observador, Alberti reconoció en la audiencia que las fiananzas del Partido Comunista se manejan de manera bastante precaria ya que las donaciones se manejan de forma interna y en efectivo.
Consultado al respecto, Mederos dijo que "no se puede decir que la desprolijidad o la desorganización sean delito".
En ese sentido, el informe de la Senaclaft concluyó que no es posible ni confirmar ni descartar indicios de lavado ya que a los ingresos en efectivo no se les puede seguir la trazabilidad.
La investigación de la fiscalía constató que se realizaron 193 transferencias irregulares cuyos destinatarios eran los tres sindicalistas condenados en junio de 2025: Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bartolio; pero también otros doce, algunos de ellos también condenados: Carlos Larrosa, Robert Martinez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Vidal, Andy Raimond, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira Cuello.
La otra maniobra consistía en pedir partidas especiales, sin reembolso, inventando un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio). Solo en 2024 se realizaron 40 solicitudes truchas sin exigir ninguna documentación que acreditara esa situación y se utilizaron datos falsos o de personas muertas.
López Goldaracena dijo a El Observador que espera que la fiscalía logre determinar las responsabilidades de todos los que hayan participado en las maniobras y se avance en ese sentido con el objetivo de recuperar el dinero, que es "mucho dinero", enfatizó.
Horas solidarias
La segunda parte del interrogatorio giró en torno a las horas solidarias que se le pagan a las familias de los trabajadores de la construcción que mueren en accidentes laborales.
En ese caso, el año pasado la familia de uno de los trabajadores fallecidos advirtió que se le pagó menos de lo que le correspondía, lo que motivó el inicio de la investigación. La familia que denunció sostuvo que recibió $2.923.132 y había faltado incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, que estiman serían unos $180.000 más.
El defensor de Alberti dijo que en ese caso algunas empresas liquidan al Sunca el aporte para las familias del trabajador que murió, que es una hora de trabajo que dona cada uno de los 15 mil afiliados, junto con el 1% que se les descuenta del sueldo para la cuota sindical. En esos casos no queda diferenciado y puede llevar meses que el Sunca lo distinga de las cuentas.
Alberti explicó que sí faltó dinero puede ser que aún no se haya diferenciado una partida de la otra.
En ese caso, Mederos explicó que sí existe trazabilidad y es posible hacer el seguimiento del dinero. "Los egresos son siempre para los familiares y está todo documentado. No hay egresos para Laura Alberti o para otro tercero", aseguró.
"Lo más llamativo es que Alberti no participa en el trabajo de liquidación sino que esa tarea la hacen un contador, una escribana y dos administrativos. Ella lo que hace es autorizar por una llave digital de la cuenta del BROU, es decir que aprueba el pago", dijo su abogado.
Asimismo, cuando la familia de la víctima del accidente laboral va al Sunca a cobrar la donación, se hace un acta notarial que según Mederos, la firma el directivo que esté en ese momento. En el caso del trabajador que se denució, el acta notarial fue firmadca por el presidente del Sunca, Richard Ferreira, y por Alberti.
El defensor dijo además, que en el caso que se investiga, la denuncia la hizo Juan Ortiz, uno de los ya imputados, que aportó una lista de fondos que no se virtieron a los trabajadores, dinero que las empresas depositaron pero como no estaba diferenciado, el Sunca no se dio cuenta y no lo transfirió. Mederos enfatizó que se trata de un tema administrativo y que si citan a declarar a quienes hacen la liquidación y analizan la trazabilidad de las cuentas, va a quedar claro.
