La ministra de Defensa, Sandra Lazo, señaló que su cartera analiza cómo actuar ante el reclamo de cinco contralmirantes por una "carta difamatoria" de un retirado, un caso que fue informado este jueves por El Observador.
En rueda de prensa, Lazo consideró que lo “más preocupante” de la carta es el contenido, porque se denuncian presuntos delitos de corrupción. “La ministra no puede mirar para el costado con algunos contenidos más allá del nombre de esta persona y la visión que tengan quienes hacen la denuncia”, dijo.
A su vez, mencionó que la carta abierta habla de “denuncias muy severas”. “Estamos analizando qué hacemos, si miramos solamente a quien está diciendo estas cosas o tenemos el deber como ciudadanos cuando se habla de presuntos delitos de que eso sea analizado por la Justicia, y yo diría que la Justicia penal”, expresó.
La secretaria de Estado agregó que las decisiones “no se toman a las corridas” y que en “situaciones difíciles o complejas” lo mejor es “dar tranquilidad” por lo que “no hay un tiempo estipulado" para resolver.
La denuncia
Los cinco contralmirantes en funciones (Gustavo Luciani, Diego Vizcay, Miguel de Souza, Héctor Magliocca y José Ruiz) reclamaron “por el conducto del mando”, es decir ante el comandante y por transitiva la ministra y el presidente, a un oficial retirado de alta jerarquía por difamación y haber atentado contra la moral de las Fuerzas Armadas.
Los contralmirantes se basan en el artículo 143 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el cual señala que los militares tienen obligación de dar cuenta ante la presunción de delito.
“Cuando los hechos tienen apariencia delictiva, debe darse cuenta, dentro de las cuarenta y ocho horas, siempre a través del conducto del mando al Mando Superior de las Fuerzas Armadas, el que procederá a informar a la autoridad penal competente”, dice el artículo, que agrega en un segundo inciso que la violación de esa obligación constituye “falta grave”.
En los escritos, los contralmirantes señalan que una publicación en las Cartas al director de Búsqueda firmada por una persona con el seudónimo Almirante Canaris contiene difamaciones, menoscabo al honor y desprestigio de la fuerza porque "ataca" a los contralmirantes.
Al haber sido publicada bajo seudónimo, los militares no tenían información acerca de quién estaba detrás de la carta, por lo que antes de elevar el escrito recurrieron a la Justicia para que le exija al medio que informe quién era, según reconstruyó El Observador.
La Justicia falló a su favor y los contralmirantes supieron que quien se había asumido como responsable era el contralmirante retirado Otto Gossweiler.