El MPP impulsaba en la campaña pasada topear en cinco la cantidad de adscriptos que cada ministro pueda tener en su cartera, y Pablo Mieres predicaba como candidato del Partido Independiente reducir ese tipo de cargos como una señal política. Una década antes era el Partido Nacional, desde la oposición, el que le pedía al gobierno del Frente Amplio que eliminara esos colaboradores directos de jerarcas para reasignar recursos millonarios a otras áreas más prioritarias.
Pasan las administraciones y cambian los voceros, pero la figura del adscripto mantiene la misma vigencia que desde 2010, cuando Mujica quiso darle marco legal a una realidad de hecho a través del artículo 58 de la ley de Presupuesto: que los ministros puedan contratar a técnicos o dirigentes de confianza mientras dure su mandato.
Sin tope legal y al filo del año electoral, el 2023 cerró con 67 adscriptos repartidos entre los 14 ministerios: diez más que a fines del 2022, que ya había terminado con nueve cargos más que durante el primer año de gestión de Luis Lacalle Pou. De todos modos, sigue por debajo de los 86 con los que finalizó el gobierno Tabaré Vázquez, cifra que llegó a ser más alta cuando recién despuntaba la administración.
Sin ningún mandato público en ese sentido, la coalición empezó este período con la mitad de adscriptos que con los que había terminado el Frente Amplio. Sin embargo, esa plantilla ha venido creciendo año a año, sin perjuicio de los ministros que fueron abandonando sus carteras.
Tanto es así que en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por poner un ejemplo, permanecen dos de los colaboradores nombrados por Luis Alberto Heber en 2021 -uno es un edil de Canelones que cobra $ 198 mil y $ 217 mil el otro, que es un exsenador-, luego de que José Luis Falero los mantuviera en su órbita e incorporara además a dos nuevos hombres de su confianza.
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Fachada de la Torre Ejecutiva
Diego Battiste
Otros, como los dos adscriptos que hoy trabajan en Cancillería, cambiaron de cartera con la mudanza de Omar Paganini: uno es su chofer y otro su asesor de prensa desde que estaban en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).
Dice la ley que cada adscripto debe “acreditar idoneidad suficiente” para las “tareas a desempeñar”, y más que en los papeles esa especialidad recae en la firma del jerarca.
La casuística es variada: hay abogados haciendo asesoramientos legales, economistas trabajando junto a Azucena Arbeleche, una contadora de muchos años en la administración pública como asesora financiera de Nicolás Martinelli, un exalcalde de San José asesorando al ministro de Transporte, un estudiante universitario que tiene como única experiencia laboral haber sido secretario de José Luis Olaizola cuando era diputado y una exedila de Río Negro -que en formación indica ser “voluntaria” y “autodidacta en administración”- dirigiendo un centro de atención a víctimas de delitos en esa región.
Para todos esos casos -que surgen de los currículums adjuntados a la Rendición de Cuentas por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC)- la “idoneidad” quedó “acreditada” con la firma del ministro.
Lejos de ser el título universitario una acreditación fidedigna de la capacidad de una persona, de los datos también surge que un tercio de los adscriptos no hizo o no completó estudios en la universidad, al tiempo que hay 25 que se desempeñan en tareas de comunicación -pese a que todas las carteras ya tienen sus propias direcciones para ese fin- o en roles de secretaría.
Seis de cada diez son hombres, y una proporción similar son mayores de 40 años, aunque también los hay de diversas edades. Matías Lescano, que trabaja en la secretaría del Ministerio de Ambiente, es con sus 21 años el más joven de los adscriptos, y en el otro extremo se ubica el doctor Gustavo Gaye desde el Ministerio de Salud Pública con 72 años.
La remuneración
En diciembre de 2023, los adscriptos cobraron un promedio de $ 129 mil.
Los sueldos más bajos correspondieron a los $35 mil que ganaron un analista en márketing que trabaja en comunicaciones para el Ministerio de Trabajo (MTSS) y a la estudiante de abogacía que colabora con la secretaría de esa cartera. Los más altos fueron los $217.528 del exsenador José Carlos Cardoso en el MTOP y los $224.538 de Daniel Fernández como coordinador de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -aunque desde este año se desempeña en la Dirección de Apoyo al Liberado-.
Todos los sueldos de diciembre de 2023 sumados son unos $8,7 millones. En tanto algunos se bajan y otros son altas en el correr del año, el cálculo no es lineal, pero si el cierre de 2023 se repitiera todos los meses del año, esa foto implicaría una erogación anual de alrededor de US$ 2,6 millones.
De todos modos, la foto no es estática y aún en este último año de gobierno hay movimientos. Por ejemplo, el adscripto Eduardo Sanguinetti pasó de ser el asesor jurídico del ministro a asumir él mismo el sillón que Tabaré Viera dejó vacío para concentrarse en su precandidatura.
Contrario a las anteriores campañas, los principales programas presentados por partidos o candidatos hasta ahora no han puesto la lupa en los adscriptos, al tiempo que las resoluciones ministeriales para resolver contrataciones son escuetas a la hora de justificarlas o definir su rol.
El MTSS de Pablo Mieres cerró el 2023 como el que más adscriptos tiene, con nueve trabajando en su órbita. Lo siguen el Ministerio del Interior y el de Ambiente con ocho cada uno, con seis cada uno el MEF y el de Educación y Cultura, y cinco tanto el MSP como el MTOP.
